Diez empresas cerealeras concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. De las diez, seis son extranjeras, y reúnen el 63% del volumen exportado. Las cuatro de origen local --tres de ellas, en una medida importante ya transnacionalizadas-- suman el 28%. Controlan un comercio que representa, en conjunto, el 45 por ciento de las divisas que ingresan al país por exportaciones, según las estadísticas del año 2019: unos 29 mil millones de dólares anuales, sobre ventas totales al exterior por 65.115 millones. 

Tal como lo describe Claudio Lozano, director del Banco Nación, en su trabajo "La importancia de Vicentin" (IPyPP, de esta semana), desde hace más de cuatro décadas, el Estado nacional perdió prácticamente todo control sobre estas operaciones, desde que dejó de existir la Junta Nacional de Granos, se privatizaron los puertos por los que se embarcan esos productos, desapareció la flota mercante estatal (ELMA) e incluso se cedió el control del transporte ferroviario de cargas. Como consecuencia de todo ello, el Estado también perdió el control sobre la oferta de divisas que genera la exportación en este rubro que, como fue dicho, concentra el 45% de las ventas al exterior. Que podrían ser más, si se ajustaran algunas irregularidades. 

 Vicentin es una de esas cuatro empresas locales, la más importante entre ellas. La sexta entre las diez primeras en volumen exportado. Lo que genera resistencia no es la expropiación, sino que el Estado intervenga, aunque más no fuera como testigo, en esa multimillonaria fuente de dólares. 

El bloque exportador de cereales ha tenido en la Argentina un nivel de intervención política inversamente proporcional a su exposición pública. Por eso el caso Vicentin les duele tanto, porque los expuso en las facetas que menos hubieran querido mostrar. Ya en el conflicto por las retenciones en 2008 tuvo un papel central pero no protagónico en la disputa más desestabilizante contra el gobierno kirchnerista. Las grandes exportadoras empujaron a las rutas a dirigentes rurales, a la Mesa de Enlace, tuvieron la televisión y los grandes medios nacionales a disposición para pelear contra un impuesto a su actividad, la exportación de granos, con precios extraordinarios de los que sacaban la mejor tajada. Pero no salían en pantalla, dirigían desde las sombras. Todos recuerdan las alocuciones del "melli" Alfredo De Angeli. Nadie puede saber ni siquiera el nombre de un solo CEO de una cerealera, y muy pocos mencionar cuáles eran estas cerealeras. El bloque exportador ganó el combate sin subir al ring.

Esta vez, quisieron repetir lo mismo. En su mirada, el final perfecto para Vicentin hubiera sido, después de la devastación que produjo hacia el fin de la etapa macrista (julio a diciembre de 2019), que liquidara sus pertenencias en el negocio a favor de un comprador que no saliera del núcleo de los "big ten" del sector. Quienes estaban anotados en la carrera, se dijo, eran Cargill, un grupo vinculado a Louis Dreyfus (LDC en el ranking argentino) y la suiza Glencore (opera en Argentina a través de Oleaginosa Moreno). Tres de las seis extranjeras del cuadro principal de exportadores de granos y derivados. 

El decreto de intervención con promesa de expropiación, presentado el 8 de junio, tenía como objetivo primario abortar esa operación a favor de una transnacional, también se dijo. Si así fuera, podría decirse que tuvo éxito. Ayer, ese mismo decreto dejó de existir. Si el propósito era más ambicioso, el de crear una empresa nacional exportadora testigo en el mercado de granos, que le diera transparencia operando con una lógica diferente a la de las grandes expoortadoras, el mismo aparece como postergado. Como mínimo.

Delitos

El holding Vicentin está acusado de triangulación en el comercio exterior en perjuicio del fisco (si es que declara exportaciones por debajo de los valores reales de la operación). Si así fuera, también estaría defraudando a los productores, a quienes le descuenta una retención que luego no depositaría en su totalidad en Aduanas si declarara menos volumen del que realmente carga en los puertos de su propiedad. 

También se le señala haber desnacionalizado activos al trasladar su propiedad a un holding mellizo formado en Uruguay por los mismos accionistas, Vicentin Family Group, sacándolos del alcance no sólo del fisco argentino sino de las demandas de los acreedores de Vicentin SAIC. 

Y hasta se la sospecha de declarar la compra de soja a Paraguay y reexportarla desde puertos argentinos, como una supuesta simulación de venta de soja argentina que sale de los puertos propios como de origen paraguayo. Como mercadería en tránsito, no estarían sujetas a gravémenes.

Tambíén se acusa a sus directivos de haber transferido bienes inmuebles a partir de febrero de este año en favor de hijos y otros parientes o allegados, como donación o a preso simbólico, para eludir eventuales embargos sobre sus bienes. Todo lo dicho no es producto de rumores: son hechos que figuran en distintas denuncias presentadas ante tribunales internacionales o locales, por bancos extranjeros o la propia Inspección de Justicia de Santa Fe, que ya fueron incorporadas al expediente principal de la convocatoria de acreedores. 

Las denuncias en tirbunales del distrito sur de Nueva York fueron promovidas por seis bancos extranjeros, que señalan textualmente "haber sido víctimas de la mayor estafa internacional por parte de Vicentin SAIC. Señalan que la firma les mintió sobre su situación patrimonial "a través de documentación contable falsa", y que "está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin". 

El procedimiento de Discovery solicitado en la justicia estadounidense tiene el objeto de detectar activos y operaciones en el exterior que podrían estar detrás de esas transferencias. Los bancos describen que Vicentin SAIC realizó un conjunto de conductas para defraudarlos. Consultado, un profesor en fraudes financieros de John Jay College de Nueva York (quien pidió reserva por cuestiones legales) acerca de si las conductas atribuidas a Vicentin podrían implicar delitos que caen bajo jurisdicción estadounidense, el especialista contestó que sí. 

Muchas de las maniobras aludidas conllevaron transferencias que se realizaron en dólares, en cuentas de bancos de Nueva York, violando la ley estadounidense, explicó el especialista. Los crímenes que podrían imputarse siguiendo la legislación de EEUU son:  Lavado de Dinero -Título 18, Secciones 1956 y 1957 del Código de los Estados Unidos -, Declaraciones Falsas, T. 18 USC, §1001, Acciones de quiebra fraudulenta como Preferencias Anulables, T. 18 USC § 547,  o Transferencias Fraudulentas, , T. 11 USC § 548), Fraude Electrónico, T. 18 USC § 1343, Fraude Postal (Mail Fraud, T. 18 USC § 1341), Fraude Bancario (Bank Fraud, T. 18 USC § 1344), Fraudes Contables y con Títulos valores ( Accounting and Securities Fraud T. 18 USC § 1348), Asociación ilícita ( Racketering T18 USC 1961 371) e incluso Conspiración contra instituciones públicas gubernamentales (Conspiracy, T.18 §371.).

Es decir, más allá de la protección que le otorgue el juez Fabian Lorenzini para incumplir las normas del proceso concursal, en materia penal la conducción de Vicentin está gravemente comprometida. Más en el exterior que acá. Y con Estados Unidos están vigentes los acuerdos de extradición, vale recordarlo.

Muerta la vía de la intervención y la expropiación, si hay voluntad política de transparentar el mercado de granos y evitar que siga concentrándose en manos extranjeras, al gobierno le quedaría la vía penal. Como se vio, le sobran elementos para actuar sobre delitos económicos de los que el Estado fue y sigue siendo víctima. Investigar en profundidad todas las irregularidades es, todavía, el camino que le puede abrir al gobierno la puerta para penetrar en el negocio y ocupar una posición que le permita construir una relación distinta con el complejo agrario y también, por qué no, en el terreno de la produción de alimentos.