Un día después de negarse a contestar un pedido de informes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, con la excusa de no tener personal debido a las medidas de aislamiento por el coronavirus, el procurador interino Eduardo Casal no tuvo inconveniente para iniciar un sumario contra la fiscal Gabriela Boquin, quien frenó durante el gobierno de Mauricio Macri el acuerdo para licuar la deuda millonaria del Correo Argentino, empresa de la familia del expresidente. El ataque a Boquin, de hecho, comenzó después que denunció aquella maniobra y ahora, tras dos años, es transformado en una investigación más grave por supuesto maltrato laboral, cuando además la comisión especializada recibió 12 pedidos de juicio político contra Casal con posibilidades de avanzar. En el Congreso leen la iniciativa como una clara "contraofensiva". 

La Bicameral que se ocupa de controlar al Ministerio Público Fiscal le había pedido a Casal información sobre todos los expedientes disciplinarios en trámite, sobre designaciones excepcionales (como subrogancias, suplencias y traslados de fiscales) y sobre la ejecución presupuestaria desde que está al frente del organismo del que dependen las fiscalías, además de algunos datos puntuales sobre designaciones controvertidas en Tucumán. Casal está cargo de la Procuración en forma interina desde que Alejandra Gils Carbó pidió licencia, en noviembre de 2017. La vieja ley que regía el funcionamiento del organismo, y que se usó en este caso, decía que debe asumir de manera interina el fiscal ante la Corte Suprema con mayor antigüedad. Cuando la exprocuradora renunció, no se produjo ningún acto administrativo nuevo y el procurador interino simplemente quedó en ese lugar. El martes último, cuando se le vencía el plazo de diez días, Casal envió una nota a la Bicameral en la que dice que por las medidas de aislamiento y distanciamiento social hay poca gente trabajando y "la diversidad y amplitud de la información requerida exige la asistencia de persona de distintas áreas de este organismos...". 

Un día después, y cuando ya Alberto Fernández había lanzado el proyecto de Reforma Judicial, Casal llamó a Boquin a la noche y le anunció el sumario. "Quedate tranquila, te vas a poder defender", dijo mordaz. Ya durante la etapa en que las denuncias tramitaron en un expediente administrativo la fiscal había pedido toda clase de medidas y testigos que fueron ignorados. Las dos denuncias que motivaron la investigación fueron presentadas en 2017 por empleadas suyas, poco después de que Boquin denunciara primero la existencia de un acuerdo para condonarle la deuda de más de 4500 millones de pesos al Correo y luego maniobras de vaciamiento y desvíos de fondos también millonarios que comenzaron a salpicar a Macri y a funcionarios de su gobierno. Todo está bajo investigación en el fuero comercial donde tramita el concurso de acreedores hace 18 años, pero también en el fuero federal, en el juzgado de Ariel Lijo. 

Una de las denuncias había sido radicada en la Procuración por una exempleada que tiene una discapacidad, que denunció maltratos y mobbing y que Boquin ordenó una junta médica que, sin embargo, había sido dispuesta por un secretario mano derecha de Casal, y éste fue quien dispuso que se jubilara. La otra presentación fue de otra exempleada, que también advirtió sobre maltratos, es la esposa del juez Sebastián Sánchez Cannavó, que concursa para ocupar un cargo en la sala de la Cámara Comercial que tramita la causa del Correo. 

Boquin entregó documentos y mails que contradicen sospechas de malos tratos. Un testimonio que se tuvo en cuenta para acusarla es el de otro exempleado, con quien Boquin incluso escribió libros, que pedía un traslado a Mar del Plata, donde vivía su pareja que estaba embarazada. El hombre en su momento fue a hablar a la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) e informó que en la Procuración le advertían que para darle ese permiso tenía que denunciar a Boquin. Finalmente la denunció, también por maltrato. El gremio se ofreció a declarar en el expediente, pero nadie fue convocado. La fiscal, que hizo una defensa de 110 páginas, ofreció la declaración, también, de todo el personal de su fiscalía, que tampoco se concretó. 

Al abrir el sumario, Casal dispuso cotejar si los hechos denunciados ocurrieron como fueron descriptos y si hubo otros. Al fiscal instructor --que será Fabián Celiz-- le encomienda que analice "rasgos de personalidad" de Boquin "en su rol de jefa" para saber si denotan un "carácter severo" o bien su "inconducta o maltrato hacia el personal". También impulsó esta semana el avance de sumarios contra otros dos fiscales que, casualmente Juntos por el Cambio suele identificar con el kirchnerismo: Enrique Senestrari, de Córdoba, y Adrián García Lois, de Tierra del Fuego. 

"Lo que hace Casal, al sumariar a Boquin, denota una conducta claramente mafiosa e impropia de un funcionario con su responsabilidad. La vamos a analizar en la Bicameral. Demuestra, además, que así como protegió al fiscal Carlos Stornelli para obstruir el funcionamiento de la Justicia, ahora obstruye y esconde información al Congreso para impedir su función de control. Estamos frente a un procurador interino, irregular, que incurre en una peligrosa gravedad institucional que sobrepasa los límites imaginables", dijo a Página/12 el senador Martín Doñate (Frente de Todos), que preside la Bicameral.

La Asociación de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) denunció que el sumario es una medida de "disciplinamiento" y para "violentar" la independencia de la fiscal. El Colectivo de Mujeres del Derecho y la Asociación Americana de Juristas-Rama Argentina aludieron a la ofensiva del Procurador como "una clara represalia por su actuación independiente y proba en la causa del Correo" y como un "acto de "violencia de género". En igual línea se pronunció la CTA con adhesión de varios gremios, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y la comisión interna de la UEJN del fuero comercial.