"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin por 60 días". A través de la firma de un nuevo decreto y un hilo de Twitter, Alberto Fernández puso un punto final a su intento de rescatar de la quiebra a la empresa agroindustrial, estratégica para el desarrollo del país, anunciado el 8 de junio. 

A casi dos meses del anuncio festejado por unos y criticado por otros, el gobierno nacional dejó sin efecto la intervención de la aceitera y abandonó esa pelea para  concentrar su labor en la recuperación de los activos en riesgo y colaborar con la justicia para "esclarecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales de quienes han llevado al grupo empresario a esta situación o han colaborado en ello", como dispone el flamante decreto. "He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", refuerza Fernández en la red social.

Las causas

Uno de los principales motivos que llevaron al Presidente a tomar esta decisión fue la actitud obstruccionista de los accionistas y dueños de la empresa, permanentemente avalada por distintas decisiones judiciales: "El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019". De esta manera, el presidente resalta la responsabilidad del Juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que repuso al Directorio de Vicentin en la administración de la empresa al tiempo que desplazó a los interventores designados por el Estado para realizar un estado de situación de la compañía. 

La posibilidad de intervenirla "era fundamental antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", lamentó el mandatario. "En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", agregó.

En el decreto, además, se menciona como una de las causantes de la decisión la desconfianza por diferentes sectores de productores y trabajadores destinatarios de los aportes para la solución de la crisis de la empresa. "Esta acción del gobierno nacional demandaría un esfuerzo de recursos que no fue percibida como una acción virtuosa de rescate de la compañía", explica.

Gabriel Somaglia, el Secretario de Justicia de Santa Fé, reflexionó en declaraciones radiales que el presidente está formalizando a través de un acto administrativo sus dichos de algunos días atrás, que se tradujeron en aquel famoso título de diarios y portales: "Me equivoqué con Vicentin". 

En manos del juez

La decisión del ejecutivo acompaña a la del gobierno de Santa Fé de dar por concluidas las gestiones desarrolladas en el proceso de conciliación fijado por Lorenzini. El gobierno provincial había ofrecido como alternativa que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores, con la condición de que los directores de Vicentin se apartaran de sus cargos, y que las acciones de la empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Ante la firme posición de no ceder en ninguno de los puntos, dio por cerrada la negociación.

Ante este escenario, quedará a cargo del magistrado llevar adelante un proceso que podría derivar en la quiebra del grupo, en la medida que no haya aportes de nuevos capitales ni se llegue a un acuerdo con los 2.638 acreedores que reclaman más de 800 millones de dólares , entre los que se encuentran productores, acopiadores, corredores, bancos públicos y privados, empresas competidoras, de servicios varios y organismos del Estado. 

Gabriel Somaglia declaró que, en la última reunión de conciliación, los dueños de la empresa esbozaron contar con un plan de salvataje. Sin embargo, una importante fuente del gobierno de Santa Fé le declaró a Rosario/12:  "Vamos a ver si en el lapso de casi un año que les asignó el juez pueden sacar adelante esta situación". De ahora en más, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, agregó la misma la fuente, que pronosticó que "va a ser difícil que en el mundo de los negocios alguien haga un aporte de capital mientras estén los mismos nombres que llevaron la empresa a este desastre".