“Es responsabilidad del gobierno de la provincia. Les dije que se debía convocar a una mesa entre las partes y no lo hicieron”. Ese fue el análisis que hizo el diputado por el departamento Rivadavia, Ramón Villa, tras los hechos acontecidos en la medianoche de anteayer, cuando se desalojó a manifestantes que tomaban la Municipalidad de Santa Victoria Este. 

Antes del desalojo el intendente Rojelio Nerón sostenía que por la crisis se necesitaba la actuación de un tercero “imparcial” para buscar una salida. Abel Mendoza, uno de los referentes wichí al frente de la protesta, aseguró ayer que el lunes se volverá a tomar el predio municipal y que esperan destituir a Nerón y posesionar en la intendencia al presidente del Concejo Deliberante, Rafael Andrada. 

El secretario del Interior de la provincia, Mario Cuenca, en tanto, afirmó que lo acontecido “no es una crisis institucional”, sino una “gran interna entre caciques de las comunidades”.

La única claridad en los hechos es que evidentemente existe una interna entre los referentes de las comunidades que en un principio acompañaron a Nerón, el primer mandatario comunal originario de la zona (pese a que la mayoría de la población es indígena), y en ese contexto hay un corte total en el diálogo. En ese corte se avizoran diferencias entre las comunidades que llevaron a Nerón al frente de la comuna victoreña.

A favor y en contra de la destitución

Un reclamo de raíz de algunos integrantes de comunidades indígenas opositores es que Nerón incumplió con los acuerdos preestablecidos para cubrir los cargos políticos, además del enojo que fue in crescendo ante el alejamiento de Marcos Lucas, quien fue secretario de Políticas Sociales por tres meses. 

La respuesta del intendente fue que Lucas incurrió en algunas irregularidades en la entrega de fondos provinciales del programa AIPAS (Abordaje Integral de Políticas Alimentarias Salta), a los que llaman “tickets”, que generó que algunos beneficiarios no los cobren. El jefe comunal agregó que, como cualquier otro intendente, es su potestad elegir a quien cubra los cargos en su gabinete. 

Nerón precisó que el corte de diálogo también tiene que ver con que la única intención de quienes tomaron la Municipalidad es destituirlo. “Que recurran a la Justicia para ver quién tiene razón. Que sea la Justicia el intermediario para ver qué es lo que quieren, porque si voy (a un diálogo), sólo van a decir que me vaya”, dijo a Salta/12.

Mendoza, por su parte, insistió: “Queremos la destitución”. Por el fin de semana afirmó que los manifestantes decidieron retirarse y volver el lunes, cuando “vamos a ser miles” en el Concejo. Explicitó que la intención es que en una sesión se destituya al intendente Nerón, e ir a la Municipalidad para posesionar al presidente del Concejo Deliberante, Andrada.

“Desde que asumió Nerón el 10 de diciembre pasaron 20 días y quisieron derrocarlo. Esto es impulsado por Lucinda Moreno con Dante (Rafael) Andrada, que salió como concejal por el equipo de (l ex intendente de SVE, Moisés) Balderrama”, dijo por su parte Roberto González, referente de la comunidad Kilómetro 1, en Misión La Paz. 

Agregó que existen además intereses de algunos referentes originarios que también estuvieron con Balderrama y están en el impulso de la protesta por haber perdido beneficios. “Vamos a defenderlo a nuestro paisano a toda costa. No vamos a dejar que caiga la Municipalidad”, dijo ante la posibilidad de que se insista con la destitución de Nerón.

En este mismo sentido, otros referentes comunitarios manifestaron su apoyo al intendente y su posición en contra de las manifestaciones que terminaron en la toma de la Municipalidad victoreña.

En un acta, a la que tuvo acceso Salta/12, se indica: “Nosotros no apoyamos las manifestaciones realizadas por un sector de las comunidades originarias, que de ninguna manera es la totalidad de las comunidades originarias del Municipio de SVE”.

Afirmaron además que quienes se están manifestando “están siendo instigados por un grupo de criollos, encabezado por la familia Moreno y el señor Dante Andrada, presidente del Concejo Deliberante”.

Señalaron asimismo que, “aparte, para nosotros como originarios, no corresponde que nuestros representantes ante las instituciones originarias (IPPIS, INAI), ni tampoco integrantes de las comunidades con tareas comunitarias como maestros bilingües, agentes sanitarios y enfermeros se involucren en manifestaciones de esta índole”.

En un cuarto punto añadieron que son "respetuosos de los procesos democráticos, por lo cual sostenemos que Rojelio Nerón debe continuar al frente del Municipio, cargo para el cual fue elegido mediante el voto del pueblo”.

Al final indicaron que “estos manifestantes están perjudicando a toda la población dado que al no funcionar la Municipalidad, no se pueden realizar trámites de ningún tipo, y lo que es más grave, no puede funcionar el sistema de abastecimiento de agua para comunidades, por lo cual hay familias sin agua por culpa de esta manifestación”.

Los reclamos

Los manifestantes responsabilizan a Nerón por una serie de cuestiones: la falta del pago del IFE a todos los que lo necesitan; el no reparto de los módulos alimentarios focalizados; la quita de los tickets AIPAS a algunos beneficiarios, y la falta (histórica) de agua, además de la presunta falta de respuestas a los informes que solicitaron desde el Concejo Deliberante. En este punto, Mendoza afirmó que se debe indicar el destino dado a los millones de pesos girados por la provincia a la Municipalidad.

Sin embargo, el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ignacio González, ratificó a Salta/12 que se retiró el pago del AIPAS a beneficiarios que ya contaban con otros subsidios mayores. Esto se realizó al hacer un entrecruzamiento de datos en la ANSeS, donde aparecen los distintos beneficios que recibe cada quien. 

Dijo que esto se hizo con el fin de priorizar que los llamados tickets, que son de $300 mensuales por beneficiario, lleguen a aquellas personas con más necesidades, entre las que se cuentan: familias con niños con estado de desnutrición, adultos mayores que no reciben pensión, personas con tuberculosis y personas con discapacidad.

“Hay un replanteamiento del programa AIPAS que financiaba 70% Provincia y 30 por ciento Nación. Pero Nación no renovó el contrato” tras la instrumentación de las Tarjetas Alimentar, sostuvo. Ante ello, la Provincia financió el 100% del programa que distribuye $17 millones en toda la provincia. 

Respecto a la entrega de módulos alimentarios, el funcionario afirmó que desde febrero hasta ahora se distribuyeron 20.100 módulos focalizados a Santa Victoria Este, cuya entrega está a cargo de “un equipo de la provincia”. En cambio, el reparto de los 1500 módulos de emergencia que se enviaron desde hace tres meses (500 por mes) a SVE sí quedó en manos de la Municipalidad. 

Según lo manifestado por Mendoza, los módulos focalizados no llegan a su comunidad, Santa Victoria 2, hace dos meses y medio. González afirmó que sí fueron entregados.

Sin salida política

Cuenca entendió que no hay motivos para pedir la intervención del municipio, pues afirmó que Nerón está cumpliendo con los pagos de sueldos y hasta compró un camión con los fondos. 

Villa, por su parte, indicó que es preciso que la Provincia establezca una mesa de diálogo para viabilizar las relaciones cortadas y encontrar una solución política. “Les dije que llamen a los legisladores, al Concejo Deliberante, a la Intendencia y a los opositores a una mesa con la provincia para que cada quien exponga la situación y explique”, dijo el diputado. 

Responsabilizó al gobierno provincial por haber omitido una acción en ese sentido, inacción que se tradujo en un desalojo a los manifestantes por parte de la Policía en la medianoche del jueves último.