El presidente Mauricio Macri dijo en conferencia de prensa tras varios días de silencio por el escándalo ante el acuerdo con el Estado por la deuda de su familia con el Correo que todo "volvía a foja cero". Desde entonces empezaron a batir el parche del "conflicto de intereses" como disculpa al "abusivo" beneficio para el Grupo Macri que le permitía ahorrarse de movida 4000 millones de pesos. La imposibilidad de cumplir esa promesa quedó hoy en evidencia por la propia presentación del Correo Argentino S.A. que consideró "razonable" el pedido del Estado nacional de suspender por 120 días la audiencia convocada para resolver un acuerdo de pago entre las partes, en el marco del concurso de acreedores de la empresa" y aclaró que "no debe descuidarse que el Estado ha prestado conformidad expresa a la última propuesta de acuerdo".
Los abogados de la empresa presentaron hoy un escrito ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, en el que manifestaron que la compañía entendió el pedido de suspensión de la audiencia por 120 días, pero solicitaron no dejar de lado todo lo actuado hasta la fecha.
La suspensión de la audiencia había sido solicitada por el Estado Nacional para que la Auditoría General de la Nación realice un informe sobre concurso del Correo Argentino S.A., que le fue encargado luego de que el Gobierno fuera criticado por aceptar una propuesta de la empresa.
"Entendemos la necesidad del pedido de suspensión formulado por el Estado Nacional, pero no debe descuidarse que el Estado Nacional ha prestado conformidad expresa a la última propuesta de Acuerdo", sostuvo el Correo a través de un escrito de su presidente Jaime Cibils Robirosa,
"Afrontaremos este período de suspensión, pero sin dejar de lado todo lo actuado hasta aquí, que resulta inobjetable desde el punto de vista legal. El único objetivo que persigue esta parte es poder lograr soluciones integrales y definitivas a este conflicto que lleva varios años", agregó la empresa concursada.
La semana pasada una de las sindicaturas del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A. expresó su conformidad con el pedido del Estado nacional de suspensión por 120 días de la audiencia, por lo que ahora la Cámara deberá correrle vista a la fiscal Gabriela Boquin, quien había cuestionado el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Estado.
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, que interviene en el expediente, autorizó a la Auditoría General de la Nación (AGN) a compulsar las 24.000 fojas que acumula el concurso desde su inicio, hace casi 16 años, apuntaron.
Con las respuestas –o el silencio- de las otras sindicaturas, la compañía y la fiscal Gabriela Boquín, las camaristas María Gómez Alonso de Díaz, Matilde Ballerini y Ana Piaggi estarán en condiciones de resolver el pedido del Estado Nacional.
La audiencia que había sido convocada para el 16 de marzo pasado solo duró unos pocos minutos, los necesarios para labrar el acta que dio cuenta del pedido de suspensión por 120 días formulado por el abogado Juan Bernabé Aráoz, en representación del Estado.
El plazo reclamado coincide con el que se estimó para que la AGN completara un informe sobre la intervención del Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, y el análisis de los créditos del Estado con Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.
La audiencia había sido ordenada a pedido del presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, luego de que el Estado presentara hace un mes un escrito para dejar sin efecto un preacuerdo que había sido alcanzado en el marco del concurso preventivo de la compañía y a cuya homologación se opuso Boquín.
Tras los escritos del Estado nacional y el Correo Argentino, la Oficina Anticorrupción (OA) efectuó el mismo pedido que luego hizo la AGN: poder compulsar el expediente, y obtuvo la misma respuesta, ya que fue autorizada a hacerlo.
El gobierno nacional, mediante el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se retractó del acuerdo luego que Boquin sostuviera que lo pactado era "abusivo" y perjudicial para las arcas del Estado.
En sus dictámenes previos a la fijación de la audiencia, Boquín consideró que si se homologara la propuesta que el Gobierno le había aceptado al Correo Argentino, la firma estaría obteniendo "una condonación de la deuda".
