Esta misma semana Gustavo Ponce Asahad deberá sentarse en un lugar poco usual para un fiscal: el banquillo de los acusados. Y desde ese lugar deberá responder las afirmaciones de un hombre ligado a las apuestas y el juego clandestino que tras una pesquisa por extorsiones terminó acusándolo a él y al fiscal regional Patricio Serjal de cobrarle entre cuatro y cinco mil dólares por mes para "pararle" investigaciones en su contra o mantenerlo al tanto de su avance, en el peor de los casos. Se trata de Leonardo Peiti, quien ya desgranó ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery una serie de encuentros en lugares públicos con el fiscal Ponce para entregarle un sobre con el dinero norteamericano, o en su defecto su paridad en pesos: el Círculo Sirio Libanés y la panadería Safyta, ambos en Dorrego al 1200, y hasta la vereda de la propia casa de Ponce allanada el viernes ubicada sobre Oroño al 1200. 

Según quedó expuesto en sus dos declaraciones, Peiti estaba preocupado por una investigación que el fiscal de Melincué, Matías Merlo tenía en su contra, y aún más preocupado porque en medio de la pesquisa estaba un mediático jefe de la Policía de Investigaciones, de quien desconfiaba mucho, por lo que optó por pagar a Ponce y Serjal un monto mensual para evitar problemas ulteriores. En rigor, con el tiempo Peiti se dio cuenta que los allanamientos hacia los lugares de juego enfocados por el fiscal del sur no se concretaron por estar mal hechas las pesquisas, y no por la intervención de la dupla fiscal rosarina.  

En esa línea también confesó que se encontró personalmente con Serjal en un hotel en Buenos Aires, y en la misma panadería árabe de Dorrego al 1200, y hasta confió haberle dado dinero en efectivo para que "Pato viaje a Italia". Pato es Patricio Serjal. 

Leonardo Peiti es un "empresario" con compañías de apuestas legales en el exterior, como en Paraguay, y con negocios turbios, como el juego clandestino, que históricamente fue tolerado porque conforma una de las cajas negras policiales.

La cadena de coimas que cobraban, según el fiscal general Jorge Baclini, empieza a ser detectada por Edery y Schiappa Pietra en la investigación por el ataque al casino City Center, el 4 de enero pasado, cuando muere de un disparo el ex gerente del Banco Nación Enrique Encino. Unos días antes de ese ataque a balazos, Maximiliano Cachete Díaz pretendía realizar un atentado dentro del casino. Su plan era hacer explotar un auto en la playa de estacionamiento que está en el subsuelo del complejo.

Según la investigación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Peiti ya pagaba sobornos a la policía para que dejara funcionar sus casinos clandestinos, a través del ex jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución, Alejandro Torrisi. Se detectó en la causa que este uniformado retirado visitó en varias oportunidades la jefatura de Policía de Rosario para definir los alcances del acuerdo.

Pero aparecieron actores nuevos, además de la policía, como destinatarios de las coimas: Los Monos y los fiscales. A Guille Cantero, de acuerdo a la causa, le abonaba con salas de juego ilegales. Según declaró Peiti, le pagaba coimas a los funcionarios del MPA desde diciembre de 2018, con quienes mantuvo alrededor de 30 encuentros en distintos lugares de Rosario y de Capital Federal. 

Las sospechas sobre el fiscal regional no son nuevas: ayer el diputado provincial Carlos Del Frade aseveró que otros legisladores provinciales "encubrieron" al jefe de fiscales de Rosario para que no fuera suspendido en la Legislatura, tras la investigación que se inició el año pasado por sospechas de corrupción. Ligó dichos actos con "favores" devueltos desde distintos dirigentes políticos al funcionario judicial por "el retiro de causas" en su contra. 

Del Frade fue el diputado designado como acusador de Serjal en la Legislatura por una investigación en la que el fiscal regional quedó bajo la mira por adquirir dos autos en una concesionaria cuyo dueño fue beneficiado previamente con el archivo de una causa en su contra. Y adelantó que el próximo martes presentará "diez pruebas contundentes que acreditan que Serjal cometió al menos una violación muy concreta a los códigos éticos" en la investigación que lleva adelante como acusador. Dicha presentación se hará ante la Comisión de Acuerdos.

"Corresponde una suspensión mínima de seis meses. Pero abro también la posibilidad de una vía penal. Voy a hacer una presentación si no se da la suspensión", aseveró Del Frade, quien remarcó: "El trámite de Serjal en Legislatura demoró nueve meses. Me bicicletearon con la constitución de la Comisión de Acuerdos. No libraron ninguno de los 28 oficios que pedí".

El diputado puntualizó que, en el marco de su acusación, pidió "pruebas, movimientos de cuentas bancarias, alquiler, recibos de sueldo, cuestiones fundamentales para ver de dónde sacó la plata para comprar los autos. Son cuestiones básicas. Esos oficios los tendría que haber mandado la comisión y nunca los mandó. Yo pedí todo en diciembre".

Del Frade consideró que "hay un acuerdo entre legisladores de distintos partidos por los favores que les hizo Serjal con retiro de causas. Por eso tiene protección. Me hicieron la vida imposible. Ni en la presentación que hice pude terminar de hacer la acusación. Siempre me corrieron el arco", concluyó.