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“Los gobiernos nacionales conviven con fuerzas que ejercen cuanto menos el mismo impacto que ellos en las vidas de sus ciudadanos pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su control. Y, sin embargo, no tienen la opción política de claudicar frente a esas fuerzas que escapan a su control, ni siquiera en el caso que lo desearan”.
Eric Hobsbawm. “Guerra y paz en el siglo XXI”.
Juan Domingo Perón predicaba que un presidente manejaba el cincuenta por ciento de la realidad. Su sabiduría fincaba en elegir bien esa mitad y ejecutarla. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner razonaron parecido aunque siendo menos optimistas en las proporciones. El presidente Alberto Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el porcentaje aunque es sencillo intuir qué piensa mediando una herencia asfixiante, un cerco geopolítico, una deuda externa récord. Y pandemia como frutilla venenosa del postre.
Quien conduce un país emergente en la nueva tormenta del mundo hace lo que quiere dentro de lo que puede… en el mejor de los casos. De cualquier forma, es interesante preguntarse cómo le gusta(ría) gobernar a AF, acusado de ser infec-dictador a la vez que títere por sus adversarios.
Vale rememorar los dos discursos ante la Asamblea Legislativa, primeros anuncios pre corona virus. Las propuestas de ley, no las generalidades. También lo que hizo cuando la covid-19 cambió para siempre la historia, le confirió un enorme poder temporario a cambio de hacerse cargo de un desafío tremendo y trágico.
* Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego, les “da cámara”. Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Las condiciones de riesgo “piden” que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias. El mérito del presidente, en este caso, es procurar conseguirlo.
* A Fernández le “cabe” consultar con especialistas, escucharlos, realzar sus consejos, tomarlos en cuenta, difundir sus nombres, agradecerles en público. Los infectólogos a la cabeza.
* En el mismo sentido, con rango de institución permanente, el Consejo Económico Social aspiraba a remozar el sistema democrático con un cuerpo consultivo de participación plural.
El Consejo de Juristas (“el Consejo”) para la Reforma judicial es otra propuesta para visibilizar debates, tratarlos con tiempo y con altura, fomentar las polémicas. Subleva que se menoscabe la iniciativa atribuyéndole urgencia, objetivo único (“salvar a Cristina”). Y que figuras relevantes del mundo intelectual y académico prefieran alertar sobre los peligros antes que proponer mejoras al Poder Judicial, que es una calamidad.
Los dos Consejos proveen ejemplos acerca de límites para la voluntad presidencial. Al de juristas lo sabotean la oposición política y mediática, el contrapoder de los adversarios.
Las demoras para implementar el Consejo Económico Social delatan demoras de gestión, dificultades para hacer realidad las intenciones. Deudas del gobierno por su propio funcionamiento antes que obstáculos generados desde la vereda de enfrente.
La Reforma Judicial “corta” anunciada esta semana se concretó a ocho meses de su anuncio al asumir. Hay un cúmulo de motivos concurrentes (la pandemia siempre está). Pero sería complaciente soslayar que el gobierno tardó mucho, algo que le recriminan sus antagonistas pero también muchos de quienes lo apoyan sin ser obsecuentes ni seguidistas.
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Mucho más que Comodoro Py: La Reforma Judicial (“la Reforma” en adelante) va en pos de varios objetivos, todos compartibles. Sería mala síntesis cifrarlo solo en licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. La reingeniería de los fueros federales se expande, para empezar, por toda la Argentina.
La creación de juzgados en las provincias cumple dos funciones imprescindibles. Terminar con el unicato, fuente de concentración de poder en pocas manos. Y fomentar acción más eficaz contra determinados delitos en todo el territorio nacional. Alberto Fernández aspira a que la estructura reforzada combata (de una buena vez) al “crimen organizado” (textual).
El discurso dominante “anti corrupción” centraliza la mira y la persecución en delitos cometidos por funcionarios como autores principales o cómplices necesarios. Las coimas (“cohecho” en jerga técnica) son el arquetipo. Crímenes graves, por cierto, en los que la responsabilidad del funcionario es mayor que la del coautor. Pero no agotan el inventario de delitos federales impunes y muy graves. También se consuman a diario y con enorme inmunidad el contrabando, la evasión fiscal, el lavado de dinero, la trata de personas. No es imprescindible que las asociaciones ilícitas que los perpetran cuenten con ayuda dolosa de personal del Estado. Pocos peces gordos que lideran esas bandas llegan a los banquillos judiciales, casi ninguno es condenado. Bicolor el sistema penal : se ensaña con “negros”, deja en paz a delincuentes de guante blanco.
Los fueros federales Penal Económico (alias Penal cómico) y Contencioso Administrativo están colonizados por grandes estudios que comparten con numerosos jueces o camaristas ideologías, lazos familiares, cátedras y vaya uno a saber qué más.
Fusionarlos ataca a dicha trama de contubernios. Ahorraría por añadidura cantidades de conflictos de competencia urdidos por litigantes aviesos y avalados por jueces porosos. La conflictividad procesal fundada en cuestiones jurídicas esotéricas cumple la función de demorar los trámites, a menudo en sus inicios. Enredarlos, pavimentar el camino hacia la prescripción o el cajoneo.
La creación de numerosos juzgados federales, matemática pura, baja el porcentual de poder de los supervivientes del nefasto sistema actual pergeñado por el ex ministro Carlos Corach hace cerca de treinta años.
La actualización no conllevará cambios de competencia de los expedientes ya iniciados. Todos seguirán en el tribunal que los sustancia aunque los fabuladores de derecha afirmen lo contrario. “Los pleitos contra Cristina” no cambian de manos…
La Reforma tiene que coronar la implantación del sistema acusatorio ya fijado por ley pero pendiente en la Ciudad Autónoma (CABA). Poner fin a las facultades exorbitantes de jueces que además llevan adelante la acusación. Jueces-fiscales al mismo tiempo es igual a inquisidores. Si Sus Señorías se especializan en lo suyo mientras los fiscales se hacen cargo de investigar-acusar se sanea el proceso. El proyecto de ley determina un plazo máximo de dos años para que el procedimiento acusatorio tenga plena aplicación en la CABA.
Los objetivos son loables, reclamados desde décadas atrás. En la Casa Rosada, empezando por el Presidente, cunde el optimismo: se llevarán a cabo, en tiempo y forma.
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Los riesgos y lo que falta: Tal vez, intuye este cronista, esa lectura subestima los riesgos de potenciales adversarios de la movida. Judicializar decisiones políticas es un deporte expandido en estas pampas, los campeones mundiales revistan en el Poder Judicial. Un amparo no se le niega a nadie, menos a un colega juez ofendido y de derecha. La historia reciente abunda en ejemplos de cautelares exorbitantes que paralizan por años decisiones políticas. Afirmar que ocurrirán constituiría exceso de pesimismo. Asegurar que son imposibles caería en el extremo opuesto.
Otra crítica admisible finca en lo que falta. La ley y el temario entregado al Consejo de Juristas se especializan en los grandes tribunales y en la materia penal. Queda pendiente ocuparse más del acceso ciudadano en condiciones dignas e igualitarias a los tribunales comunes, laborales, de familia, de defensa de la competencia. La cercanía territorial y empática ranquean en primer nivel. La atención veloz, los trámites abreviados, la gratuidad de patrocinio letrado para las personas de bajos recursos, suman derechos no concretados. No hablamos de un terreno desértico ni falto de precedentes valiosos. Sí de insuficiencias crecientes que la malaria ahondará.
Los tribunales del Trabajo y los previsionales siguen siendo las Cenicientas del poder judicial, apenas tangencialmente contemplados en las iniciativas comentadas.
Resumen ejecutivo: la movida es valiosa, cuesta comprender por qué se atrasó tanto. Afronta la perspectiva de empantanarse por resistencia de los perjudicados. Nace inconclusa en una faceta esencial: los derechos de litigantes rasos, desconocidos, gente común.
Si avanzara el juicio por jurados en sede nacional o porteña comenzaría la participación ciudadana en el más aristocrático de los poderes, conservador, vitalicio, ajeno al veredicto popular. Casi tan anti republicano como ineficiente y arrogante… es mucho decir.
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Sesenta en seis: Las sesenta medidas económicas para la pospandemia, comentan en la Casa Rosada, se darán a conocer a fin de esta semana o en la siguiente. Aparte de medidas coyunturales, se proyecta un plan de desarrollo: inversiones, fomento de economías regionales, obras públicas. El espacio nacional se divide en seis regiones: Centro, Patagonia, Cuyo, NOA, NEA y el AMBA (puesto de resalto por el impacto del coronavirus). Los ministros Eduardo de Pedro y Matías Kulfas los conversan con los gobernadores. Se discuten, se enmiendan, se mejoran. La idea presidencial es una presentación conjunta que subraye la concepción federal. Un anhelo novedoso, impuesto por la peste: que la reactivación y las bases del modelo de desarrollo lleguen desde las provincias a la zona metropolitana.
La lectura de la crisis y, de nuevo, el ánimo pactista caracterizan a Fernández. En el costado del “DEBE” se insinúa la costumbre de anticipar medidas sin realizarlas, de caer asiduamente en la redundancia de preanunciar anuncios.
Otra falla, discutida intramuros del gabinete: la gestión morosa en planes de vivienda, no tan ambiciosos pero con baja ejecución. Gravitan restricciones por motivos de cuidado, los protocolos restringen cantidades de trabajadores. Quizás se agreguen carencias propias, comentadas en voz baja o no tanto.
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Los rumbos, los otros, el poder: En el principio el verbo fue “poner”: plata en bolsillo de los más humildes. Durante la peste, preservar las fuentes de trabajo y los derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización, ahora reglas para el teletrabajo. Coherentes con la historia del peronismo, afrontando resistencias corporativas.
De todos modos, al Gobierno le cuesta construir poder democrático para llevar adelante medidas y proyectos. Subrayamos “poder democrático”, hay que ser enfático en tiempos de discusiones ponzoñosas. Vicentin es el ejemplo acabado, para nada el único. Expropiar una empresa para rescatarla es una medida económica, no un mandato humanitario, que se debe encarar más allá del resultado. Impulsar lo inviable daña la reputación del gobierno, dispersa fuerzas, fortifica a los contrincantes. Un error por donde se lo mire. Quien propugna una expropiación debe contar con los votos necesarios en Diputados. Quien aspira a concitar consensos debe construirlos en el Agora, los medios, dialogando con los interesados.
La lentitud para legislar el tributo a los grandes capitales, la impotencia (hasta ahora) para sancionar a grandes evasores o al menos denunciarlos con pelos y señales muestran a un gobierno diametralmente diferente al que pinta la derecha. Limitado en el conflicto.
“Condenado” a auxilios y subsidios para casi todos por razones válidas, al oficialismo le falta todavía vigor para enfrentar a los poderes fácticos.
Alberto Fernández llegó en un momento difícil, agravado con crueldad por la peste. Su labor esencial en todos los frentes es la reducción de daños. El apoyo de la población a la dura cuarentena, el mantenimiento de la paz social, la vocación de apuntalar el piso de derechos sociales mejoran el acervo presidencial.
En el inventario de sus virtudes y las de su equipo raya alto laburar 24x7, a todo trapo, sin desmayos y sin hacer alharaca. Cumplen su deber, vale. También dan un ejemplo contrapuesto a la conducta frívola. egocéntrica y despectiva del ex presidente Mauricio Macri, un holgazán en París.
A tres años del asesinato de Santiago Maldonado “la justicia” retacea la designación de un magistrado imparcial para investigar su muerte y eventual desaparición. En el doloroso aniversario también corresponde preguntar dónde está Facundo.
