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Parte del espionaje ilegal funcionaba así. Al llamado rey de la efedrina, Mario Segovia, le armaron una causa porque supuestamente quería mandar un libro-bomba. Con esa excusa ordenaron intervenir los cuatro teléfonos del Pabellón I del Módulo 1 del penal de Ezeiza, además de instalar micrófonos en las áreas comunes y en la celda de Segovia. Cuando llevaron a Ezeiza a Amado Boudou, lo mandaron al pabellón C del módulo 6. A los pocos días, enviaron hacía ahí a Segovia, con todos los artefactos de espionaje. No sólo eso: usaron argumentos delirantes para espiar también a los visitantes, a quienes se les copiaba el contenido de sus celulares cuando los dejaban antes de entrar al penal. Cuando Boudou fue excarcelado, lo seguían y fotografiaban en actos. Nuevamente encarcelado en Ezeiza, fue otra vez al pabellón C. Sin embargo había también ex funcionarios en el D. Como Segovia jugaba al ajedrez con un narco de Los Monos, Juan Granelli, ordenaron escuchas en el D. Con esa metodología tenían pinchados nueve teléfonos públicos y todos los espacios comunes de tres pabellones. En toda la causa contra Segovia no fue incorporada ni una frase del narco ni una sola escucha. Y las transcripciones, todas de ex funcionarios o empresarios, se hicieron en la Agencia Federal de Inteligencia, pero no en Contrainteligencia o Terrorismo (por el libro-bomba), sino en el área de Jurídicas. El espionaje político se usó para armar causas judiciales y pasárselas a los programas amigos.
Los datos surgen de una investigación presentada el viernes ante el juzgado de Juan Pablo Auge por el abogado Alejandro Rúa, que defiende a Boudou, a Roberto Baratta y a otros imputados que estuvieron en el penal de Ezeiza. Rúa pide ser querellante en el expediente por espionaje ilegal y trabajó en base a los datos de la causa y las declaraciones que hicieron los agentes y directores de la AFI, tanto en el juzgado de Lomas como en la Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia.
La mano (derecha) de Bullrich en el espionaje
Para espiar a los ex funcionarios y empresarios se empezó por armar una causa contra Segovia. La denuncia la hizo Pablo Nocetti, mano derecha de Patricia Bullrich, y protagonista del caso del asesinato de Santiago Maldonado. Se involucró a Segovia en el supuesto armado de un libro-bomba en Paraguay. De esa manera, Contrainteligencia de la AFI, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema, y el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, libraron una orden de "seguimiento a través de video-vigilancia, la utilización de elementos ocultos de filmación, la intrusión técnica del mismo en la celda así como en ámbitos de usos comunes". De esa manera, por orden del jefe de Inteligencia penitenciaria, Cristian Suriano, se intervinieron los tres teléfonos públicos de su pabellón, se detectó que tenía un celular y una tablet, y también las intervinieron.
En la famosa detención del ex vicepresidente, fotografiado en pijama, lo llevaron al pabellón C del módulo 6 de Ezeiza, el 3 de noviembre de 2017. Pocos días después, el 10 de noviembre, trasladaron a Segovia al mismo pabellón, junto con todos los aparatos de espionaje en las celdas, los lugares comunes y los teléfonos públicos. Allí funcionaba el programa conocido como IRIC, de "reducción de la corruptibilidad", donde estaban los ex funcionarios y empresarios. En el argot penitenciario les decían "los mediáticos".
Trasladando a Segovia, entre la AFI, la Dajudeco y el SPF tenían pinchados ya siete teléfonos públicos y todos los lugares de reunión de los detenidos con sus abogados. Y a la causa judicial del libro-bomba enviaban la siguiente frase: "No surgen de las tareas realizadas elementos concordantes con la carátula de la causa". Pero, además, empezaron a transcribir diálogos del vicepresidente basándose en que Segovia -el objetivo de la investigación- dijo en una conversación: "Ayer estuve con Boudou, se caga de risa, entrena".
Tres pabellones y nueve teléfonos públicos
En enero de 2018, Boudou fue excarcelado por la Cámara Federal y, tras el fallo de la causa Ciccone, volvió a Ezeiza en agosto, en tiempos en que Claudio Bonadio ordenó la detención de numerosos empresarios --Fabián De Sousa, Cristóbal López- y ex funcionarios --Roberto Baratta, Carlos Kirchner--, todos en el pabellón C del módulo 6. También hubo detenidos en el pabellón D, como Lázaro Báez, Rafael Llorens, Jorge Chueco y otros.
En ese momento, se argumentó que Segovia jugaba al ajedrez y estaba mucho tiempo con un integrante de Los Monos, Juan Granelli. De esa manera se justificó la intervención de los dos pabellones, el C y el D. A esa altura el SPF tenía "cableado" los pabellones A, C y D, nueve teléfonos públicos, todos los lugares comunes y numerosas celdas.
En septiembre de 2018, el SPF y la AFI informan al juez que "no hay conversaciones de interés, pero resulta conveniente mantener la vigilancia". A la causa no se agregó una sola frase de todo el espionaje, pero cuando apareció el expediente de Dolores, con el falso abogado Marcelo D'Alessio como protagonista, utilizaron las escuchas ilegales para sostener que todo fue producto de un complot de los detenidos en Ezeiza: lo que se conoció como Operación puf puf, que no revelaba ninguna conspiración. La jugarreta evidenció que, por ejemplo, grababan y transcribían llamadas entre Baratta y su hijito, entre Báez y su abogada, entre Schiavi y su amigo Eduardo Valdéz.
En su escrito, Rúa hace un resumen de las investigaciones realizadas en Lomas de Zamora y de las declaraciones de los agentes de inteligencia y directores de la AFI ante la Bicameral. Entre otras cosas queda acreditado que "en una unidad del SPF situada en la calle Varela había pantallas para monitorear los pabellones C y D del módulo 6 donde estaban los presos kirchneristas". En la acusación formulada en Lomas dice también que "entre los celadores hay quienes reportan información, infiltrados entre los detenidos y presos que aportan datos a cambio de beneficios".
Además de los micrófonos, seguimientos
En diciembre de 2018, Boudou volvió a recuperar la libertad y entró en acción el grupo Super Mario Bros, liderado por el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. Del teléfono de uno de los agentes, Leandro Araque, se recuperaron mensajes dando cuenta que el ex vicepresidente ya salía y realizando un seguimiento casi permanente. Boudou es registrado, por ejemplo, en un acto en San Martín, por el lanzamiento de la candidatura de Hernán Lechter y las fotos fueron tomadas por una integrante de Super Mario, Mercedes Funes. La instrucción a todos los agentes consta en un mensaje enviado por Jorge Sáez y Martin Terra, los que impartían las órdenes: "sigamos monitoreando esto, por favor".
La Cámara de Casación ordenó una nueva detención de Boudou en febrero de 2019. Lo que surge de la causa de Lomas es que en ese momento los penitenciarios, siguiendo instrucciones de la AFI y de Inteligencia del SPF, debían seguir un protocolo de información respecto de todos los ex funcionarios y empresarios presos. Entre otras cosas, había que consignar con quién se juntaban dentro de las cárceles, si había quiebres en sus parejas o en sus familias, si había discrepancias en sus empresas, cuáles eran sus vínculos políticos, con quién compartían abogados. Se trató de un protocolo de espionaje político puro y duro.
No fue únicamente llenar papeles, también hubo seguimientos a familiares, abogados y socios, a lo que se agregó la maniobra grotesca de clonar los celulares de las personas que iban de visita y dejaban sus aparatos en la custodia al entrar a la cárcel. "Vamos a armar un equipo técnico, lo vamos a poner a Joni con el gordo, para hacerle forensia a todos los celulares que pasan por ahí", es el texto de un mensaje. Hacerle forensia a un celular es aplicarle un software forense para extraer todos los datos, desde los contactos hasta los mensajes de whatsapp.
Con todos esos datos, Rúa le pidió al juez Augé ser tenido como querellante, en representación de Boudou, Baratta y otros. El objetivo del letrado es, además, constatar la existencia de espionaje ilegal en otros penales, como el de Marcos Paz. Lo que expresa en forma nítida cuáles fueron los objetivos fue el crecimiento descomunal del área de Jurídicas de la AFI, que empezó a incluir hasta grupos operativos. En la causa original, la de Segovia, no se reflejó ni una letra de la montaña de escuchas e imágenes, pero Jurídicas y la conducción de la AFI y el SPF usaron la excusa del rey de la efedrina y otros narcos para quedarse con las transcripciones de las escuchas, sin una orden judicial auténtica, y para usar el material contra los opositores. Todo se volcó en causas judiciales armadas y en los programas de los periodistas amigos.
