“Hay que pasar agosto” dice el refrán pre redes sociales y que se puede considerar como la prehistoria que marcó el camino a los memes de calendario como los de Julio Iglesias que fueron furor el mes pasado. “Hay que pasar el 2020”, reformuló ese dicho el coronavirus, refiriéndose a un infausto año, que por las consecuencias que dejará tampoco se lo puede calificar como perdido, sino como sufrido.
El 1 de agosto la celebración a la Pachamama marcó en los creyentes, como todos los años, el inicio de un nuevo ciclo. Por otro lado la pandemia impone su propio ritmo y en Salta dejó en suspenso cualquier avance a mayores flexibilizaciones hasta el próximo domingo en que se decidirá cómo sigue el cronograma de restricciones y habilitaciones que dispone el Comité Operativo de Emergencia.
El control que existe sobre la situación epidemiológica, no se condice con las estadísticas y los testeos. El sábado pasado se advertía de un preocupante contagio masivo en el Hospital Papa Francisco, que se desactivó un par de días después al detectarse que lo único masivo eran los errores en los testeos.
Igualmente la incertidumbre generó una oleada de reclamos, de nuevo, acerca de las condiciones de seguridad con las que trabaja el personal de la salud. La naturalidad con la que tomó el gobierno y la propia opinión pública el falso contagio de 17 trabajadores del hospital es una muestra que ya nada sorprende en esta pandemia.
La novedad de la semana se dio el viernes, cuando anunciaron un nuevo criterio, sugerido por Nación, para dar de alta a casos positivos asintomáticos, que si se mantienen catorce días en esa condición, no necesitan un nuevo análisis de PCR para que se los declare oficialmente curados. Inmediatamente la cantidad de recuperados pasó de 60 a 112.
Mientras tanto, la provincia sigue sin circulación viral y la crisis parece haber sido superada en los tres departamentos que tuvieron que retroceder a Fase 1, Orán, san Martín y Güemes, porque desde ayer se engancharon nuevamente al distanciamiento social que impera en toda la provincia.
Deuda que tanto mal me hiciste
Tampoco sorprendió a los legisladores, o si lo hizo la sobrellevaron sin mayores inconvenientes, la noticia del inminente default al que se enfrenta la provincia si el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, no consigue regatear los 380 millones de dólares que debe Salta y que deberá empezar a pagar entre 2021 y 2024.
Solamente un par de reuniones virtuales le alcanzó al funcionario para convencer a diputados y senadores de que no quedaban más opciones que renegociar la deuda y que para ello necesitaba una batería de autorizaciones de la Legislatura.
En menos de una semana ambas cámaras dieron luz verde a esa serie de herramientas para que Dib Ashur consiga el favor de los acreedores. Según reza el texto de la ley aprobada, el ministro "podrá llevar a cabo los actos, mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados”. Así redactada deja abierto un abanico de opciones que va desde bonos, títulos, documentos, pagarés y hasta el uso de armas de fuego.
Considerando que la última posibilidad estaría descartada (aunque en estos tiempos de pandemia todo es posible), lo que pica en punta es una nueva emisión de títulos que reemplace a los próximos a vencer.
De ser así, es probable que hayamos podido presenciar esta semana el famoso acto realizado por referentes del oficialismo de “escupir para arriba”, práctica que en una actividad tan circular como la política ya debería estar desterrada, pero en la que permanentemente se obstinan en caer los protagonistas de dicha ciencia.
Durante el debate en la Legislatura, desde los bloques saencistas cargaron contra la herencia recibida de la gestión anterior con respecto a los dos créditos en dólares, especialmente el del año 2016 para conformar el Plan Bicentenario y cuyo vencimiento, de 350 millones de dólares es el que verdaderamente se convirtió en impagable.
“Mala costumbre de la gestión anterior de pedir empréstitos para que se hagan cargo las futuras generaciones”, dijo la diputada Socorro Villamayor, “estamos pagando la fiesta del ex gobernador Urtubey”, bramó su colega Silvia Varg.
En una negociación con los tenedores de títulos extranjeros será prácticamente improbable que se logre una rebaja de los 380 millones de dólares. También será difícil que en estos tiempos de mercados mundiales turbulentos y un país al borde del default se consiga una tasa de interés muy por debajo de ese 9,1% anual que paga ahora Salta.
Por lo que los esfuerzos se concentrarán en concretar la opción más potable que representa modificar los plazos de vencimientos tratando de estirar lo máximo posible las fechas de pago.
Y ahí es altamente probable que, si se logra una respuesta favorable, dichos plazos excedan el actual gobierno, dejando al próximo gobernador la responsabilidad de cancelar el préstamo.
Otro punto a tener en cuenta es que en el 2022 se cancela el crédito por el Fondo de Reparación Histórica del Norte, dejando nuevamente disponibles los ingresos por regalías hidrocarburíferas, que tanto los gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey utilizaron como garantía para obtener dólares.
Gustavo Sáenz tendrá entonces en 2023 una pelota picando en el borde del área chica y sin arquero para conseguir fondos frescos en dólares, que, como viene el panorama, llegarán como una bendición digna de incluir en futuras reediciones de la Biblia.
Difícilmente el actual gobernador no caiga en la tentación y en el marco de un pomposo plan de obras se embarque en un empréstito de por lo menos diez años, tal la usanza que se viene dando desde el 2000.
A esa altura el coordinador Pablo Outes seguramente habrá revisado su concepto de considerar pillería a la acción de dejar deuda impaga al final de un mandato, tal como lo expresó hace un par de semanas en un medio.
Y si fallan ambas instancias, todavía queda una tercera opción, cuyo copyright se adjudica el vicegobernador Antonio Marocco: un crédito tomado a cambio de las regalías, pero en vez de las hidrocarburíferas, se usarán las de la minería, la gallina de los huevos de oro de la primera mitad del siglo XXI para la provincia, con el litio como mineral estrella.
Triple chance entonces de un crédito a largo plazo que costeará el que siga dentro de tres o siete años.
Igualmente una idea de la magnitud de la difícil situación que sobrelleva la provincia, la da el hecho de que en la misma sesión en que se aprobó renegociar la deuda, se autorizó al Ejecutivo a tomar más deuda. En este caso, con el gobierno nacional mediante el Fondo Fiduciario por unos 2100 millones de pesos que son un parche para los más de $7 mil millones que se perdieron de coparticipación en el año, y cuyo rojo sigue sumando.
Por ese lado estaría la respuesta de por qué todavía el COE mantiene cerrados los casinos en Salta, ya que Dib Ashur hoy solo tiene una noche iluminada de ruleta como la única chance de incrementar los fondos sin tocar el timbre de la Casa Rosada. Éramos tan pobres… pero no es cuestión de andar tentando a la fortuna con los pocos ahorros que quedan.
Tomala vos, dámela a mí
Aunque Salta se mire de reojo con Jujuy, con cachetazos entre gobernadores vía twitter incluidos, el problema limítrofe real lo tiene con Catamarca, y fue puesto en el tapete esta semana por la necesidad de establecer un marco comercial que permita la explotación y desarrollo minero.
Una comisión interprovincial será la encargada de intentar poner fin a este desacuerdo histórico de posesión de la Puna, y que hace más de una década casi lo resuelven a tiros policías de ambos lados.
El conflicto tiene origen en 1943 cuando se disuelve la Gobernación de Los Andes y se trazan casi a ojo los nuevos límites de las provincias que se quedan con ese desmembrado territorio nacional.
La falta de interés en la zona por su escasa actividad comercial, mantuvo subterránea la disputa por más de 60 años, pero con la llegada del nuevo siglo el auge del litio apresura la necesidad de una resolución.
Tres veces recurrió Catamarca a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en todas las respuestas fue la misma: la Constitución dice que es atribución del Congreso fijar los límites. La realidad indica que para que eso suceda el Congreso esperará el consenso entre ambas provincias, porque diputados y senadores del resto del país y ajenos al conflicto, poco interés tienen en mediar en una pelea limítrofe de dos provincias norteñas.
Por lo pronto los miembros de la comisión intentarán acordar aspectos básicos tales como los permisos de concesión, regalías y tributos a pagar por las mineras. Si logran esos acuerdos mínimos, pero importantísimos, los límites podrán esperar sin mayores complicaciones. En definitiva lo importante es que la Pacha no se enoje, siga ofreciendo sus riquezas naturales y respondiendo a los kusilla, kusilla (un pedido de prosperidad), que hoy se multiplican por doquier.
