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Desde Chile
Sin respetar toque de queda y con inquietante impunidad, un centenar de civiles de Curacautín, región de la Araucanía, se sumaron a carabineros en el desalojo de comuneros mapuche que tenían tomada pacíficamente desde el lunes la municipalidad, gritando “¡El que no salta es mapuche!” y “¡fuera indios!”, tras volcar sus vehículos, lanzar piedras y destruir la entrada del recinto, sin considerar la presencia de niños en el lugar.
La toma de las instalaciones fue en solidaridad con los presos políticos mapuche y en particular con la huelga seca del machi Celestino Córdoba, único condenado por el incendio y muerte de la familia Luchsinger-Mackay ocurrido en 2013 y cuya pena, dictada al año siguiente (bajo el primer gobierno de Piñera) fue de 18 años sin beneficios. El jueves pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco —capital de la región— rechazó por unanimidad un recurso de amparo que solicitaba su salida de la cárcel de la ciudad para cumplir la condena bajo arresto domiciliario total en su “rewe”, altar sagrado y renovador de la espiritualidad, según la cosmología mapuche, hasta el fin de la pandemia.
El ministro pinochetista
El hecho marcaría una jornada de violencia extendida a las municipalidades vecinas de Ercilla y Traiguén que registraron incendios, aunque sin víctimas fatales y donde las respectivas comunidades mapuche también se solidarizaban con la causa. También siguen tomados los municipios de Collipulli y Victoria.
Esto sucede apenas un día después de la primera visita oficial a Temuco de Víctor Pérez, el nuevo ministro del interior. Representante de la llamada “derecha dura”, un eufemismo usado por los medios chilenos para no decir “pinochetista” (fue alcalde designado por el dictador de la ciudad de Los Angeles entre 1981 y 1987) y con fuertes conexiones con empresarios de la zona, está a cargo de la seguridad y las fuerzas de orden.
En sus primeras declaraciones además de invitar a los alcaldes “a que tomen la decisión que les corresponde, por ley, que es pedir el desalojo”, insistió en una idea utilizada por Piñera en toda ocasión —protestas, incendios del metro, cacerolazos— de la existencia de un “enemigo poderoso” pero que esta vez también respira en la Araucanía: “Existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Eso es lo que vamos a combatir".
También aseguró que “En Chile no hay detenidos políticos. Presos políticos, entendemos, que por sus ideas están detenidos. Aquí las personas que están privadas de libertad lo están por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno”.
De hecho, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, una de las agrupaciones más importantes de la comunidad mapuche, Aucán Huilcamán señaló a radio Cooperativa: “Los actos de odiosidad racial y violencia cometida por los chilenos (…) tienen la estricta responsabilidad el ministro del interior. En su llegada a La Araucanía, con sus declaraciones, vino a incentivar no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino la violencia y odiosidades raciales”.
Una causa que llevó a un millón a la calle
Todo esto sucede en el marco de las reivindicaciones territoriales de este pueblo frente a las grandes empresas forestales y agrícolas que, con el apoyo del Estado, no sólo los han reducido territorialmente, sino que han provocado daños ambientales graves. Un conflicto étnico que incluye violencia policial, procesos judiciales irregulares e incendios de los que la policía, empresarios sureños y políticos de derecha —incluyendo a Pérez— acostumbran a culpar implícitamente a los mapuche, aunque sin mencionarlos directamente.
Una de las razones es, quizá, el enorme apoyo ciudadano que suscita la causa como se pudo constatar en el estallido social de octubre —que logró sacar a más de un millón de personas a la calle sólo en Santiago— donde la bandera mapuche y las pancartas con el rostro de Camilo Catrillanca, asesinado en noviembre de 2018 por un sargento del “Comando jungla”, grupo de fuerzas especiales del gobierno de Piñera para intervenir la Araucanía y que fue desarticulado, en medio de fuertes cuestionamientos.
El gobierno, a través del subsecretario del interior, Francisco Galli, condenó la violencia la mañana de domingo, aunque tampoco precisando si era la de los civiles contra los comuneros en toma y con un tono melodramático que buscaba ocultar, este nuevo estilo de enfrentar el conflicto en el sur de Chile del gobierno de Piñera y su nuevo ministro: “Carabineros salvó vidas, protegió los derechos de las personas, incluso las que fueron detenidas. Salvaron vidas de ciudadanos que vieron en peligro su integridad física, producto de violentos atentados”.
De hecho, cuando fue consultado sobre los gritos racistas, esquivó la pregunta: “el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo y una cosa distintas son estos hechos de violencia”.
