Desde Caracas

Faltan cuatro meses para las elecciones legislativas en Venezuela. Finalmente, como se anticipaba, un sector de la oposición no participará. La decisión fue anunciada el domingo a través de un comunicado suscrito por 27 organizaciones opositoras, donde afirman que lo que sucederá el 6 de diciembre no será una contienda electoral sino un fraude.

En el comunicado aparecen las firmas del denominado G4, es decir Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, junto con otras organizaciones articuladas alrededor de la estrategia abstencionista. Esa opción de boicot electoral no es nueva en la historia reciente venezolana, ocurrió en época de Hugo Chávez y volvió a repetirse en el 2017 y 2018.

Sin embargo, no se trata de una estrategia compartida por el conjunto de la oposición. Si eso ya había quedado de manifiesto en las contiendas anteriores, ahora lo es con mucha más fuerza ya que un sector mayoritario de fuerzas de oposición participará de las elecciones del 6 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya indicó que para estas elecciones se han inscrito 105 partidos.

La apuesta por la abstención tampoco es compartida dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior. Un caso paradigmático es el de Primero Justicia, públicamente fracturado en tres posturas. Por un lado, quienes son parte de la apuesta alrededor de la figura del “gobierno interino”, como, por ejemplo, Julio Borges. Por otro lado, quienes se oponen a esa línea y ahora, tarjeta del partido en mano, anuncian que serán parte el 6 de diciembre. 

Y, por otra parte, Capriles Radonski, que sostiene una tercera posición. “¿Vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde? Los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan y el plan fracasó, ¿va a seguir pegándose con el fracaso?, se acabó. (…) Tenemos que salir de la gran contradicción gobierno vs fantasía. ¿Gobernar en internet? ¡Por favor!”, afirmó el excandidato presidencial pocos días atrás, desmarcándose tanto de Guaidó -“el fracaso”- como del gobierno.

Esto mismo se repite dentro de Acción Democrática donde por un lado un sector, encabezado por Henry Ramos Allup, firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude, mientras que otro, dirigido por Bernabé Gutiérrez, ya se encuentra en campaña desde hace varias semanas. Ambos se dicen representantes del partido, pero el segundo es parte de la junta directiva que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A la opción de participar se sumó además la gobernadora del estado Táchira, miembro del partido, Laidy Gómez.

Si el mapa de fuerzas es complejo, la división política, en cambio no lo es. El comunicado de abstención ocurre pocos días después de que Washington vuelva a sentar posición respecto a las elecciones. Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, volvió a ratificar la posición estadounidense.

“Las condiciones para unas elecciones libres y justas son de hecho mucho peores de cómo estaban en el 2018 (…) las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”, declaró ante la prensa.

Así, detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra el parteaguas principal: mantenerse detrás de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, que cuenta con apoyo bipartidista interno, o tener una política propia desacoplada de Washington. Es entonces mucho más que un debate sobre abstención.

El alineamiento a Estados Unidos significa tres aspectos centrales. Por un lado, sostener la ficción del gobierno paralelo, inexistente dentro del país, pero reconocido por el arco de gobiernos que siguen la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Por otro lado, y vinculado con lo primero, apoyar la política cada vez más exacerbada de bloqueo económico y robo de activos venezolanos en el extranjero. Por último, y como central, mantener la apuesta a una salida vía derrocamiento de Nicolás Maduro.

Ese alineamiento significa para los partidos opositores apoyar un bloqueo que golpea sobre el conjunto de la economía, la sociedad y cuenta con poca legitimidad. Implica también una renuncia al ejercicio político, a la participación electoral. La pregunta, ante la cual no tienen respuesta es: ¿cuál es el plan? Bajo ese silencio se esconden las tramas de operaciones encubiertas, intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el colapso económico nacional como estrategia de acceso al poder.

Este escenario se desarrolla mientras el país enfrenta el aumento de la pandemia de covid-19. Existen actualmente 20.206 casos de contagio y 174 fallecidos, un número menor en comparación con el cuadro de los países vecinos. Sin embargo, el número preocupa debido a la velocidad con la cual se multiplican los contagios, y por las dificultades económicas que enfrenta el país, que, además, venía presentando retrocesos en el ámbito sanitario, en particular en los hospitales públicos.

Ante la aparición de la pandemia el gobierno reforzó tanto la dotación de insumos médicos a través de convenios con gobiernos aliados, como China, Rusia y Cuba, así como la red desarrollada durante años en los barrios populares, a través, por ejemplo, de los Centros de Diagnóstico Integral. El viernes, por ejemplo, fue inaugurado un centro especial de lucha contra la covid-19 en el conocido Poliedro de Caracas, con 1.200 camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo, quirófano y laboratorio móvil. El acceso, cuidado y tratamiento será gratuito para los pacientes.

Con el mapa ya definido ante el 6 de diciembre, la pandemia en pleno desarrollo, queda ahora por ver si Washington, en medio de tormentas internas, dará luz verde a una acción para, nuevamente, intentar un derrocamiento.