A comienzos de año, cuando no había pandemia ni una lista de países y corporaciones en la lista de espera para renegociar deudas que hoy son impagables por la crisis global, se informó aquí que había una confluencia de intereses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. Desde entonces hubo intensas negociaciones y siete meses después se confirma.

Los tres protagonistas (el gobierno de Alberto Fernández, el FMI y los grandes fondos de inversión) tenían motivaciones diversas para cerrar el capítulo del desastre financiero que dejó el gobierno de Mauricio Macri.

En estos meses hubo conversaciones muy duras que dejaron a la vista de todos el inmenso lobby proacreedores que operó a luz pública en las corporaciones mediáticas y en las cámaras del establishment. Entre estas últimas, la principal fue AEA, que reúne a los titulares de las más grandes empresas del país y que tiene a Techint y Clarín como la conducción política de ese poder económico.

En ese contexto y por razones diferentes, los tres jugadores clave para la reestructuración de la deuda necesitaban concretar el trato:

* El gobierno de Alberto Fernández: claramente el actor más débil de la negociación por la fragilidad financiera heredada, los antecedentes de un default cercano con posterior renegociación y la extensa recesión económica, a la que se sumó desde marzo el impacto fulminante del coronavirus. El default virtual de Macri es una restricción potente de política económica, no solamente por la presión del mundo financiero, sino también porque es una herramienta de persistente erosión de la base política del gobierno por parte del poder económico.

* El Fondo Monetario Internacional: la directora gerente, Kristalina Georgieva , también tiene una herencia pesada con el crédito entregado a la Argentina de 57 mil millones de dólares, de los cuales se liberaron 44 mil millones, en la gestión Christine Lagarde. La tecnoburocracia de Washington está ansiosa para que Argentina cierre un acuerdo con los acreedores privados, para comenzar la refinanciación de su propio paquete financiero. Y de ese modo dejar atrás la (ir)responsabilidad de financiar, con el préstamo más grande de la historia del organismo, el fiasco político y económico de Macri.

* Los fondos acreedores: liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene mucha influencia en la administración Trump, también necesitan dar vuelta la página del pésimo negocio de financiar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino. Están apurados para concretar una redefinición de las condiciones de emisión de la deuda argentina para evitar pérdidas aún más abultadas a las padecidas con el macrismo, y poder entonces comenzar un nuevo ciclo de negocios. Esos fondos no tienen vocación de litigar como los buitres.

Aunque la cifra final puede generar desconcierto en algunos, porque pensarán que la "última oferta" finalmente no fue y que hubo un ajuste de algunos centavos en el cierre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, impuso el principal concepto de la negociación: la sustentabilidad de la deuda. Y logró un acuerdo que está en el límite máximo de ese principio.

El FMI incorporó esa guía conceptual, dejando en segundo plano determinar un horizonte fiscal exigente, lo que descolocó a los acreedores, en especial a BlackRock, que reclamaban primero un programa de ajuste del Fondo para luego avanzar con la refinanciación de la deuda.

La derecha mediática, el análisis vulgar, economistas especialistas en pronósticos fallidos y filibusteros de la city intentarán mostrar que los acreedores le doblaron el brazo a Guzmán. No es lo que piensan BlackRock ni el resto de los fondos  que se disciplinó a los dictados del más poderoso administrador de cartera del mercado financiero global. Por un papel de deuda de 100 dólares de valor nominal recibirán otro por apenas arriba de 54 dólares. Es un misterio que con ese canje se piense que los acreedores están contentos. La mayoría de los fondos compró los bonos al valor de emisión; sólo unos pocos acumularon esos papeles con sus cotizaciones derrapadas.

La firmeza en la negociación de Alberto Fernández, que eludió las presiones para desplazar a Guzmán como pedían a gritos voceros locales de los acreedores, definió un esquema de pagos que implicará un importante alivio para las finanzas.

La clave del gobierno fue saber cómo diseñar una estrategia para hacer valer el principal y casi único activo de un país endeudado y periférico: la soberanía financiera y la defensa de sus intereses. Para algunos les pueden parecer ideas abstractas y hasta ridículas en el mundo de las finanzas globales, pero tener claros esos conceptos se mide en miles de millones de dólares.

Precisar una cifra ayuda a una mejor comprensión de esa convicción política. En términos de sostenibilidad de la deuda, el acuerdo significará desembolsar casi 30.000 millones de dólares menos en comparación con la estructura actual de pagos de deuda pública emitida bajo ley extranjera. En otras palabras, los acreedores del exterior recibirán casi 30.000 millones de dólares menos.

Ese resultado fue conseguido por un gobierno asediado por la derecha mediática local y con el bloque de poder económico jugando en contra. A ese monto se le agregará el alivio de pagos por el canje de la deuda en dólares con legislación local, y luego la extensión de la deuda con el FMI.

La diferencia con la oferta original presentada el 21 de abril pasado a los acreedores del exterior es de unos 11.500 millones de dólares de más pagos de capital e intereses. Pero cualquiera que alguna vez haya participado de una negociación, hasta en la compra de un inmueble, sabe que este tipo de tratativas no se define ni en la primera ni en la segunda propuesta.

El gobierno empieza de este modo a ordenar el desquicio de las finanzas públicas heredadas. Además de despejar un factor de inestabilidad económica, el acuerdo con los acreedores es un incuestionable triunfo político de Fernández . Uno de los principales activos de los gobiernos kirchneristas fue el éxito de la negociación con los acreedores. Fernández podrá también mostrar ese atributo.