El fiscal Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, se manifestó a favor de que el Ministerio Público Fiscal absorba las funciones investigativas y de litigio de ese organismo del Poder Ejecutivo, que a su entender “se superponen con las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”. “Es un proceso natural y virtuoso, que racionalizaría recursos del Estado que hoy están claramente duplicados”, respondió ante la consulta de Página/12 sobre uno de los temas que el presidente Alberto Fernández encomendó estudiar al Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“La Oficina nació con objeciones respecto a su inserción en el Poder Ejecutivo, porque todo el mundo puso el foco en la cuestión de sus funciones investigativas. Y la verdad es que, efectivamente, las funciones investigativas y de litigio se superponen con las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa, por entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, recuerda Crous. “Sólo que por aquellos años esta institución estaba muy degradada, porque desde la salida del fiscal (Ricardo) Molinas, su perfil había quedado muy desdibujado”, agrega.

La novedad, en el marco de la reforma judicial anunciada el miércoles , es que el presidente encomendó al Consejo Consultivo que integra un prestigioso grupo de juristas estudiar, entre otros temas, “la posibilidad y conveniencia, o no, de incorporar” a la estructura del Ministerio encargado de la acusación pública “a la actual Oficina Anticorrupción”.

“No hay dudas que las funciones de investigación y litigio son impropias del Poder Ejecutivo”, responde Crous. “Esas funciones se superponen claramente con las del Ministerio Público Fiscal, por lo cual la absorción de esas facultades por parte del Ministerio Público es un proceso natural y virtuoso, que racionalizaría recursos del Estado que hoy están claramente duplicados”, destaca.

Con ese criterio la OA desistió en mayo de su rol de querellante en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, que tiene como imputados a CFK y sus hijos, y en el que ya actúan como parte acusadora por parte del Estado la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 5. Crous fundamentó aquella decisión en una normativa de 2016 de su antecesora Laura Alonso, que estableció que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación”. "La OA nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la UIF", explicó a la prensa, y agregó que los criterios utilizados por Alonso no se ajustaron al rol que debe desempeñar la OA, que sólo debe querellar “en los casos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional”.

Al margen del rol de investigar y litigar, Crous destaca que la OA “tiene una función específica dentro del Poder Ejecutivo que es la de desarrollar políticas públicas de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que es donde estamos poniendo el acento en esta gestión y que no fue atendida del mismo modo (léase durante el gobierno anterior) que la función que debería absorber el Ministerio Público”.

--¿Esas políticas a su entender deberían quedar en la órbita del Ejecutivo?

--Es un tema que no veo tan claro aunque entiendo que las políticas públicas no son objeto del Ministerio Público ni del Poder Judicial, de hecho cuando uno u otro se meten con políticas públicas están invadiendo un terreno que no les es propio. Será tarea del consejo consultivo determinar cuál debe ser el encuadre orgánico, qué le sugieren al Presidente. Para cambiar la morfología de la Oficina Anticorrupción alcanzaría un decreto, en cambio para incorporarlo al Ministerio Público es necesaria una ley del Congreso.

--¿Imagina oposición al traspaso al Ministerio Público?

--No, todo el mundo reclama mayor autonomía, nadie puede tener una buena razón para oponerse a que el órgano de investigación y litigio sea absolutamente autónomo, y no hay ningún órgano con mayor autonomía que el Ministerio Público, que surge de la Constitución.

--¿Y en caso de pasar al Ministerio Público, cuál sería la función específica de la Oficina Anticorrupción?

--Entiendo que tendría que ser absorbida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, es decir sus tareas de investigación y litigio específicamente.

--¿Y la gestión de la declaraciones juradas?

--Es un tema delicado y a discutir. Las del legislativo y el judicial las controlan los respectivos poderes, no hay controles cruzados. Exigir que las del Ejecutivo la controle un órgano externo implicaría un control superior al de los otros poderes del Estado.