La Sala B de la Cámara Comercial rechazó un recurso extraordinario por la causa del Correo Argentino presentado por la familia del expresidente, Mauricio Macri, con el que buscaban llegar a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, y así dilatar el proceso de cramdown, es decir, el llamado público a licitación para la compra de una empresa que no logra regularizar sus deudas, la etapa de licitación privada previa a la declaración de quiebra. Esta decisión va en línea con lo dispuesto por la fiscal Gabriela Boquin dos semanas atrás.
Mientras Macri está de viaje junto a su familia en París, las juezas Maria Lilia Gómez Alonsos y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara Comercial, ratificaron el rechazo de Boquin. El pedido de los Macri apuntaba a que se inicie "la apertura del Registro de cramdown". El nuevo rechazo deja a la firma controlada por Socma, el grupo empresario del expresidente, al borde de la quiebra, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras.
El reclamo de la familia del expresidente surgió como respuesta a la disposición de la Sala B de la Cámara Comercial de iniciar el proceso de cramdown, para saber si existen interesados en la compra del Correo Argentino, dado que la compañía se encuentra endeudada. De no aparecer ningún interesado, la ley de quiebras indica que el siguiente paso es decretar la quiebra y en ese caso, los accionistas de Socma deberían responder por las deudas millonarias de la empresa que controla.
Este expediente, que la familia Macri buscaba dilatar una vez más, lleva ya 19 años. La deuda original es de 296 millones de pesos, en la fecha del 19 de septiembre de 2001. Esa cifra debe ser actualizada en función de los intereses que correspondan a lo largo de los años. Uno de los principales acreedores es el Estado. En 2017, cuando Macri era presidente, buscó llegar a un acuerdo desfavorable para las arcas públicas y en favor de su familia, con una condonación de más de 70 mil millones de pesos. Fue entonces cuando la fiscal Boquin intervino para frenar el procedimiento.
Hace dos semanas, la fiscal de la causa --que fue presionada en distintas ocasiones para abandonar la investigación-- afirmó en su dictamen que "Correo Argentino SA no puede sostener con un mínimo de seriedad la existencia de gravamen y afectación a su derecho de propiedad, de igualdad y de debido proceso cuando lo resuelto no ha sido más que la consecuencia legal de la falta de obtención de las mayorías requeridas por el art 45 de la Ley de Concursos y Quiebras". "La afectación de tales derechos constitucionales ha sido padecida, en todo caso, por los acreedores merced a una inusitada extensión del trámite del proceso, lo cual le ha permitido permanecer en ‘estado de concurso preventivo’ por casi diecinueve años”, agregó Boquin.
