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En España todo parece revuelto por un debate en torno a la aplicación de la ley de Memoria Histórica. Calles que homenajean a políticos franquistas, monumentos que exaltan al dictador y hasta el símbolo más fuerte de sus 36 años de gobierno, el Valle de los Caídos, son motivo de revisión. Ni la norma votada en 2007 pudo saldar la discusión. De un lado quedó con nitidez el Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy que no la respeta ni destina fondos del presupuesto para instrumentarla y en la vereda opuesta casi toda la oposición. Algunos fallos judiciales aumentaron la polémica, como acaba de suceder en Alicante, donde los conservadores apelaron a los tribunales para reponer el nombre de una plaza que se llamaba de la División Azul. Episodios semejantes se repiten de norte a sur, como ocurrió en Oviedo (Asturias), Lérida (Cataluña) o en Vitoria (País Vasco). Incluso el parlamento de Andalucía votó este mes su propia ley de Memoria, mucho más dura, que considera a los crímenes de Franco como “imprescriptibles” y “contra la humanidad”.
La escena no es nueva y se reitera en diferentes municipios a lo largo del país desde hace diez años. El partido de derecha en el gobierno vota en contra de todo lo que sea explorar las políticas de la dictadura entre 1939 y 1975. Rajoy es coherente. Ya lo decía en 2008: “Eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos”. El PP cumplió lo que sostenía su líder cuando era opositor del PSOE y gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Ni un voto, ni un euro y sí decenas de recursos en la Justicia para que perdure la toponimia del franquismo.
Sucedió en Alicante, donde una jueza falló a favor de una presentación del Partido Popular que consistía en que las plazas y calles recuperaran sus viejos nombres después de que se aplicara la ley de Memoria Histórica. Adujo que no se cumplieron ciertos requisitos legales. De modo que la placa de la plaza llamada División Azul –así se denominaba al cuerpo de voluntarios españoles que acompañó a los nazis en la invasión de la Unión Soviética– reemplazó a la de Plaza de la Igualdad. El cambio no duró mucho. Los vecinos de ese espacio público protestaron al grito de “esta placa la vamos a quitar”. Unas horas después, apareció pintada de blanco, casi ilegible. La jueza que había dictado la medida a pedido del PP obligó a cambiar los nombres de 46 calles y reponerles su impronta franquista.
El alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, declaró con ironía: “Vamos a invitar a Bonig (por la jefa del PP en la Comunidad Valenciana) y a Rajoy para que vengan a descubrir la placa de la División Azul”. Plaza de la Igualdad se había llamado durante apenas dos meses.
El conflicto político de Alicante por las marcas del pasado que todavía sufre la sociedad española, se replica en otras regiones del país. En Lérida, el ayuntamiento mandó retirar a una empresa privada apenas seis placas, entre las 340 que hay en la ciudad con reminiscencias franquistas. Comenzó módicamente. Aunque su alcalde, Angel Ros, instó a los vecinos a que tomen escaleras, un destornillador y saquen las placas de sus edificios si así lo desean.Parece contradictorio, porque esta semana empieza el juicio contra tres jóvenes izquierdistas que las arrancaban hace tres meses.
En Vitoria, capital de Alava –donde funcionan el gobierno y el parlamento vascos–, en febrero pasado fueron sacadas varias placas con los nombres de seguidores del generalísimo. Lo curioso es que así como las removieron de su sitio, después las abandonaron ante la sede del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Homenajeaban a José Lejarreta, alcalde de Vitoria en la década del 40, a los obispos Ballester y Bueno Monreal y a tres vascos más de ideas derechistas. En esta ciudad encontraron una solución a mitad de camino entre el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y hacerse los distraídos con ella. A las seis placas despegadas les agregaron otra cantidad igual donde se explica quiénes fueron aquellos personajes.
Estos hechos ocurridos entre febrero y marzo ya tenían varios antecedentes a lo largo de España. Muchos símbolos franquistas se removieron. La última estatua ecuestre de Franco que permanecíaen la plaza principal de Santander, fue sacada en 2008 (33 años después de su muerte). La alcaidía de Madrid ha hecho otro tanto con monolitos o placas alusivas desde que está en el gobierno la dirigente comunista Manuela Carmena. Pero la insistencia del PP en defender ese pasado al que se siente vinculado, es un hecho cotidiano en cualquier parte. En Oviedo, la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), ha sido demandada por el partido de Rajoy. La acusa de impulsar el cambio de nombres a las calles franquistas. El revisionismo histórico de los familiares de las víctimas de Franco incomoda al gobierno.
Hasta la sacralización del Valle de los Caídos, símbolo de toda la liturgia franquista, corre peligro para los derechistas españoles. El ex juez Baltasar Garzón viene lidiando hace tiempo con diferentes recursos ante el Tribunal Supremo –el equivalente a nuestra Corte– para que se saquen los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera de aquel lugar. También cuestiona a la fundación que gestiona el Valle de los Caídos por recibir centenares de miles de euros del gobierno. Todo lo contrario sucede con los fondos que el PP debería derivar para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.En aquel santuario de la Guerra Civil permanecen unas 12 mil víctimas sin identificar. La pesada dimensión de ese pasado es lo que está sujeto a constante revisión en España. Un ejercicio que ya lleva 78 años desde que empezó la dictadura que dio un golpe de Estado contra la República en 1936.
