Con duros cuestionamientos, el abogado Carlos Ensinck apeló la desestimación fiscal de su denuncia contra los arzobispados de Rosario y Santa Fe, por la implementación de un protocolo para recibir informes de abusos sexuales de clérigos, que acumuló críticas. El letrado consideró que se trata de una "usurpación de funciones" e insistió que esos hechos "deben denunciarse en la Justicia". Con presentaciones ante las Fiscalías Regionales de cada circunscripción, les respondió a las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación que consideraron que lo denunciado no configura delito. "La resolución es, a todas luces, desajustada a derecho. Se funda en normativa interna de la Iglesia Católica y no está motivada en la legislación argentina y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Los fiscales juraron hacer cumplir la Constitución y el Estado de Derecho, pero en este caso se está haciendo cumplir una normativa interna del Estado Vaticano", expresó el abogado.

La apelación llega a casi un mes de la denuncia contra los arzobispos de Rosario y Santa Fe, que luego fue ampliada por "hechos nuevos": la publicación de un vademécum sobre el procedimiento; y el mensaje de la Secretaría de Niñez provincial, en un hilo de Twitter, tras una reunión en el arzobispado de Rosario por el tema. Tras ello, el ministro de Gobierno provincial, Esteban Borgonovo y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, fueron firmes en avalar las denuncias en el ámbito judicial. “El único y excluyente camino para la denuncia e investigación de los abusos sexuales infantiles es el de la Justicia, en nuestra provincia a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, así lo determina la ley”, expresó Borgonovo en un comunicado público. Ensinck también sumó que las encargadas de la recepción de informes en el arzobispado de la capital "no están capacitadas", dijo por una nota de Bárbara Favant en Diario Uno de Santa Fe. 

En disconformidad con las desestimaciones de las fiscales Juliana González y Jorgelina Moser Ferro, Ensinck apeló ante las Fiscalías Regionales de Rosario -que está provisoriamente a cargo de Natalia Benvenuto, ante el escándalo de coimas que llevó a la renuncia de Patricio Serjal- y Santa Fe. En ambas, reclamó que "se revoque la decisión, se impartan instrucciones, se designe un nuevo fiscal y se resuelva conforme a derecho". También pidió que "se intime al Arzobispo a que informe qué denuncias recibieron y que se abstenga de tomar denuncias por sus comisiones internas hasta tanto se resuelva el caso".

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, que hizo la denuncia "a título personal", cuestionó que las facultades de la Iglesia "no autorizan la creación de una comisión interna". Y agregó que su competencia "está limitada para fines específicos por el concordato firmado el 10-10-1966, cuando no había Estado de Derecho"; por lo que entiende que tales fines "no son la toma de denuncias de abuso sexual y encubrimiento". También cuestionó: "¿Cómo comunica el Arzobispado la recepción de un delito? No hay ninguna garantía constitucional ni convencional de que eso ocurra".

Además, apuntó a que si bien se dice en casos donde haya involucrados niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables se "deberá cumplir con la legislación estatal en cuanto al deber de comunicar a las autoridades civiles", preguntó: "¿A las penales, no?". También quiso saber qué sucederá en casos de personas mayores de 18 años y en eventuales informes por el delito de encubrimiento. "Que el Arzobispo se constituya como receptor de denuncias genera un intermediario sin garantías, que decidirá qué delitos se van a denunciar ante el Estado y cuáles no. A qué denuncias les va a dar curso y va a hacer llegar a la fiscalía, y a cuáles no", reprochó.

La presentación sumó que el Concejo de Rosario, diputades y funcionarios provinciales, además de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, señalaron que la Justicia es el canal institucional correspondiente.