La decisión del gobierno de prohibir en todo el país las reuniones sociales hasta el próximo 16 de agosto, mientras rige la nueva fase de la cuarentena para mitigar la propagación del coronavirus, generó polémica. Este martes, un día después de que entrara en vigencia la medida, que fue criticada por dirigentes y abogados alineados con la oposición, distintos funcionarios salieron a respaldar la decisión presidencial. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió que los encuentros sociales y familiares son en este momento la principal causa de transmisiones del virus, y que “el motivo de los brotes que están sucediendo en los lugares donde no había casos y ahora hay, es fundamentalmente por este tipo de reuniones”. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, sostuvo que la norma "es un llamado a la conciencia de la gente para evitar un relajamiento".

Si bien el AMBA concentra el 95 por ciento de los casos de cornavirus, todas las provincias registraron nuevos contagios de covid-19 en la última semana, incluso distritos que parecían tener bajo control la pandemia. Ante este escenario, el decreto 641/20 dispuso en su artículo 9 prohibir en todo el territorio nacional "los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".

La resolución afecta particularmente a distritos que estaban en fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). No así a aquellos que, como el área metropolitana, permanecen en etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), ya que, como recordó Vizzotti este martes, en estas áreas desde el 20 de marzo "nunca estuvieron autorizadas las reuniones sociales".

Con relación a las reuniones, la funcionaria dijo que “no quiere decir que alguien quiera generar un brote, sino que por subestimar los síntomas o no percibir los riesgos, se pueden generar esas situaciones en este momento, y esos son los ámbitos en los cuales es más difícil cumplir con las recomendaciones”. Y advirtió que "pensar que no nos va a pasar es un error y una lección aprendida que estamos viendo no solo en Argentina sino en el mundo. Y es por eso que nuestra responsabilidad es informar que esa es la situación de más riesgo para tener brotes y poner en riesgo todo el esfuerzo" que se hizo hasta ahora.

Pero la medida que busca frenar los contagios de coronavirus fue criticada por referentes de la oposición. El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo sostuvo vía Twitter: "Llevamos 4 meses de cuarentena y la solución del gobierno es aumentar prohibiciones y amenazar con sanciones, en algunos casos rozando lo inconstitucional. Cuidemos la salud pero también la economía, y más que nunca, la libertad individual". En la misma línea, el exsecretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, dijo que "más allá de si es o no es constitucional, que aparentemente por lo que dicen prestigiosos constitucionalistas no lo es, seguir con el discurso del miedo, de la punición no tiene demasiado sentido".

Con distintas variantes pero en la misma tónica se expresaron la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Pero quien llevó más lejos el rechazo a la medida fue el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, quien decidió que la provincia no acatará el DNU y mantendrá las reuniones.

Las respuestas desde el gobierno llegaron desde varios frentes. Gollan, quien reconoció que existe "cansancio" y "fatiga" en la sociedad, remarcó que "hay una cuestión que tiene que ver con la consciencia y otra con las normativas para fortalecer la posición de que la gente no se junte. No sé si el decreto será de cumplimiento efectivo o no, lo que sé es que se trata de preservar la vida de la gente".

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dijo a un medio radial que "no están prohibidas las reuniones en todo el país. Están prohibidas las reuniones sociales, familiares, en lugares cerrados que no manejan el protocolo", porque los expertos en epidemiología sostienen que las reuniones "son la mayor fuente de contagio que hay actualmente, que expande rápidamente el virus. Es una medida prudente, que corresponde con la situación de contagio actual... temporaria y proporcionada al objetivo dentro del marco de las normas constitucionales".

También terció en la polémica el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, quien aseguró que no prohibir las reuniones sociales y familiares como dispuso el Gobierno de Corrientes es "un error", ya que "quedó demostrado y está pasando a lo largo y a lo ancho del país que el ingreso (del virus) es a través de reuniones sociales".

En una entrevista con Radio 2 de Rosario, el funcionario dijo que "alguien viaja a Buenos Aires, regresa, tiene una reunión social y se contagian 10 o 15 personas, y así empieza la difusión de la enfermedad. El problema que tiene es que en parte es silenciosa, con portadores asintomáticos porque dos días antes de tener síntomas se puede contagiar, entonces alguien que tiene muchos contactos se vuelve un gran contagiador", explicó. Y agregó que "el origen de la medida es resguardar el funcionamiento del sistema de salud" para que no se sature.

En tanto el antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson calificó las críticas a la cuarentena como "mitomanías que intentan poner en la cabeza de los argentinos para minimizar la pandemia".