La ministra de Justicia, Marcela Losardo, abrió el debate en el Senado por la Reforma Judicial. La funcionaria defendió el proyecto del Gobierno para la “Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias”  ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta

En ese marco, Losardo afirmó que la propuesta “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de justicia que funcione”.

Desde Juntos por el Cambio, cuestionaron la “oportunidad” y los “gastos presupuestarios”, y hasta deslizaron chicanas sobre la supuesta “impunidad” de ex funcionarios y la modificación de la Corte Suprema (que no incluye el proyecto) para mostrar su acérrima oposición a la reforma. “El costo, lo tenemos en cuenta, pero quiero dejar en claro que la justicia no es un gasto, es una inversión", contestó Losardo y agregó: "Hay expedientes que duran 5,10, 25 años sin resolver como el de la AMIA. El costo es la no resolución de los delitos de narcotráfico, de trata de personas, el lavado de dinero, no me hablen de costos insignificantes del presupuesto. Hablemos de costo de las víctimas de trata, su dolor, el dinero sucio, donde está la plata de las offshore. Alguien evaluó el costo de los delitos internacionales”.

“Este proyecto de ley tuvo en consideración todas las necesidades que se presentaron en todos los ámbitos, pensando soluciones concretas para mejorar el sistema de administración de justicia”, sostuvo Losardo luego de repasar en su exposición todos los puntos y capítulos de lo que definió como una “reforma judicial democrática”.

Los tres ejes del proyecto apuntan al “fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.

La ministra explicó que, con la nueva estructura, quedarían 23 jueces penales federales de la CABA, de la fusión de los 12 juzgados penales federales con 11 en lo penal económico. Se duplicarán entonces los tribunales, que llegarán a ser 46, en un nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará radicada en la Ciudad de Buenos Aires. Al tiempo que aseguró que los cambios no afectarán el principio del "juez natural" y garantizó que las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los magistrados que actualmente las tramitan.

Además, Losardo indicó que hasta que se realicen los concursos, se prevé un “régimen de subrogancias para jueces federales en lo criminal". Para cubrir los cargos se confeccionarán "listas de aquellos que quieran ser subrogantes de estos 23 nuevos juzgados". Los subrogantes podrán desempeñar ese rol durante sólo un año, con una excepción de seis meses más, y, mientras tanto, "se deben realizar los concursos con los procesos que corresponden", advirtió. Un proceso que incluye la selección en el Consejo de la Magistratura y la debida aprobación del Senado para los  jueces que se hagan cargo de los juzgados vacantes.

“Quédese tranquila, no hay servilleta de nadie”, respondió la ministra a la chicana de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, que definió la reforma como un proyecto “a medida de la política y el partido gobernante”, y le pidió que “no escriba los nombres de los jueces en una servilleta”, alineada en la postura opositora de intentar emparentar la reforma con la que fuera impulsada durante la etapa menemista.

“En esa época no existía el Consejo de la Magistratura –continuó Losardo--. Por suerte hay instituciones que funcionan y si hay que mejorarlas las vamos a mejorar. Con los subrogantes para cubrir las vacantes no estamos trasladando jueces, ni poniéndolos a dedo, ni queremos permitirlo”. “¿Cual es el juez a dedo?, preguntó ante los cuestionamientos de la oposición. “Nosotros vamos por el camino de las instituciones”, insistió la ministra tras recordar “el nombramiento de los jueces de Corte por decreto” que hizo Mauricio Macri.

“Me aqueja, me sorprende, que se hable de oportunidad política”, se quejó la ministra y recordó que el presidente Alberto Fernández está cumpliendo con una promesa de campaña, de un proyecto que se iba a presentar a los dos meses de asumir y que retrasó “la pandemia que afecta al país y al mundo”. “Este es el momento para fortalecer la democracia y de salir de situaciones en que operan los poderes fácticos”, señaló.

La ministra también salió al cruce de las criticas al Consejo Consultivo que creó Alberto Fernández.  "El Presidente, con humildad, convoca a catedráticos con un criterio de plural, federal y de género para tratar diversos temas", dijo Losardo pero aclaró que eso no es parte de la reforma que ella presentó ante las comisiones del Senado.