Las policías Sara Cuéllar y Fanny Echalar fueron pasadas a disponibilidad luego de haber denunciado por acoso laboral, sexual y mal rendimiento de bonos contribución al ex segundo jefe del 911 en Orán, Arnaldo Vera Luna. Las mujeres aducen que se trata de una persecución laboral y señalan el hecho de que mientras ellas son hostigadas con quitarles el trabajo, Vera Luna fue nombrado jefe en Apolinario Saravia. La Jefatura de Policía aclaró que la medida responde a una necesidad organizativa y que ambas mujeres están incluidas en un grupo de 387 policías comprendidos en grupos de riesgo para la Covid-19 que fueron puestos a disposición del área de Recursos Humanos.
Las policías explicaron que el pase a disponibilidad de Recursos Humanos es un paso previo a la baja o al retiro. Ambas se encontraban con licencia ante la pandemia por tener a familiares de grupo de riesgo. Echalar cuida de su hija adolescente con problemas de salud y de su madre, que tiene cáncer.
Las policías plantearon que se sienten solas ante esta situación y no quieren perder su trabajo. La notificación es del jefe del Centro de Coordinación Operativa de Orán, quien les informó que "en consideración a las disposiciones publicadas en Resolución Nº 01/20 del Comité Operativo de Emergencia" a partir del 4 de agosto quedan a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos.
"Al efectuarse la extensión del permiso de ausencia desde el 4 de agosto al 10 de agosto, al momento de su reintegro al servicio indefectiblemente deberá hacerlo en la citada dirección, remitiendo la documentación y/o constancia de notificación ", sostiene el escrito enviado a las mujeres policías.
La Jefatura de Policía informó a través de su área de Prensa, que la decisión de que ambas mujeres queden a disposición de Recursos Humanos no tiene que ver con la denuncia que realizaron contra Vera Luna. "En realidad, ellas no están trabajando desde que se inició la cuarentena, conforme al anuncio del Presidente", el decreto 255 de la provincia y la resolución 01 del COE Provincial, que disponen que "todas las personas que estaban en franja de riesgo pasaban a cesar su actividad laboral hasta tanto se solucione esta situación de pandemia", se informó.
La Jefatura precisó que 387 policías fueron puestos a disposición de Recursos Humanos. Explicó que esto se hizo a los fines organizativos, porque esas personas figuraban administrativamente como compliendo funciones en las dependencias policiales, cuando en realidad no lo hacían, porque no van a trabajar. "En cuanto a lo que es la distribución de recursos, siempre está previsto que la persona que deja de trabajar por tres meses, ya pasa a disponibilidad de Recursos Humanos, porque ya no es miembro activo de la dependencia a la que pertenece, entonces es un número mentiroso (si sigue figurando ahí)", se indicó. La Jefatura especificó que Cuéllar y Echalar "fueron notificadas y se les hizo saber que es por una cuestión transitoria hasta tanto se reintegren a trabajar".
En cuanto a la afirmación de que están demoradas en la posibilidad de ascenso, la Jefatura sostuvo que "en líneas generales, porque hayan hecho una denuncia no van a ser excluídas, no es un motivo de exclusión de ascenso". Añadió que ambas están recibiendo "acompañamiento del Centro Integral de Género de la Policía de la Provincia, (que acompaña) a ella y a todas personas que pidan la asistencia" de este organismo, que actúa de "forma i nmediata, totalmente reservada y totalmente independiente de la Jefatura mayor policial". Este Centro existe hace tres años, según se indicó, su funcionamiento fue potenciado a partir de enero de este año, con la asunción de Norma Morales al frente de la Jefatura. Su oficina está descentralizada, por fuera de la sede de la Jefatura. "En el caso de Cuéllar y Echalar están con intervención del Centro Integral de Género, su situación administrativa es totalmente normal, al igual que el resto de las personas que están con permiso especial por Covid-19 y no hay ningún tipo de vinculación si es que ellas fueron notificadas de que quedan relegadas del ascenso" y si no han sido consideradas, es por otra razón, "no tiene que ver con la denuncia que han realizado", sostuvo la Jefatura.
Cuéllar y Echalar denunciaron una mala rendición de cuentas de la venta de rifas por parte de Vera Luna y también que atravesaron por situaciones de acoso laboral y sexual por parte de este oficial de la Policía.
En las denuncias por acoso sexual y laboral interviene la jueza de Violencia Familiar y de Género, Adriana Maidana Vega. En la otra denuncia por malversación de fondos actúa la fiscala de Delitos Económicos, Mónica Viazzi.
El abogado que representa a las policías, Pablo Cardozo Cisneros, manifestó que deberían estar contenidas por la institución, "no tienen que sufrir cambios en la situación laboral".
Cuéllar dijo en su momento que denunció a Vera Luna porque "no podía soportar más el acoso". Contó que en una ocasión se puso detrás de ella y le hizo "movimientos pélvicos". "Me dijo sos de mi talle. Otra vez, me tocó la cintura y me dio un beso, yo le dije que no me salude así", expresó la mujer.
Echalar denunció similares situaciones de acoso. La mujer sostuvo que no quiere perder su puesto de trabajo pero, en vez de tener apoyo por parte de la institución, vienen afrontando traslados, se les imposibilitó ascender y ahora corren el riesgo de que las excluyan de la fuerza.
