“Al día de la fecha se registran 128 casos positivos entre los empleados de la compañía de Jujuy, dentro de un universo de alrededor de 6000 trabajadores. De ellos, la tercera parte -47 trabajadores-, ya fueron dados de alta y están recuperados”.
La información surge del comunicado oficial de la empresa Ledesma SAAI, que produce jugo, azúcar, papel y fruta en el ingenio del mismo nombre, ubicado en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, departamento Ledesma. El escrito es del viernes 31 de julio pasado, cuando fue la audiencia de conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL).
En un comunicado emitido el lunes la empresa indicó que “dada la difícil situación que vive la comunidad hemos organizado para el día viernes 7 de agosto, en cada uno de los turnos, un homenaje en memoria de nuestros trabajadores fallecidos durante la pandemia”. En ese comunicado se reconocía el fallecimiento de tres trabajadores durante el fin de semana, que se sumaron a un fallecimiento anterior, según se confirmó desde la firma.
“Son 8 los compañeros que ya fallecieron”, dijo por su parte a Salta/12 el secretario general SOEAIL, Rafael Vargas. Mostró escritos que se habían enviado a la empresa con anterioridad para consensuar protocolos. Se solicitaba desde mayo la convocatoria a conciliación. Tras la comunicación de que se iba a hacer un paro de siete días, a mitad de julio se llamó a la conciliación con la empresa.
Vargas también enseñó la carta documento enviada a la ART Provincia con el fin de que reconozca a la Covid-19 como enfermedad profesional y contenga a los trabajadores y realice las necesarias prestaciones. La última presentación es una denuncia penal ante la Justicia Federal jujeña el 27 de julio pasado. Pero la falta de respuestas y el fallecimiento de los trabajadores durante el fin de semana llevó al Sindicato a convocar a un paro de 24 horas que se cumplió este martes exigiendo respuestas urgentes ante la situación.
El Sindicato pide que se baje la circulación de trabajadores. Los empleados del Ingenio Ledesma son 7 mil entre los distintos sectores. “Ellos aducen que pararon dos trapiches, la empresa tiene tres. El que no conoce puede pensar que es mucho. Pero quedó trabajando el más grande”, explicó Vargas. Agregó que la patronal muestra como un gran esfuerzo haber parado con ello el 30% de la producción. “Pero el tema es que a la gente que trabajaba en los trapiches las sacan de ahí y la ponen en otro lugar”, sostuvo el sindicalista.
Vargas observó la doble vara con la que actúa el gobernador Gerardo Morales al no hacer nada pese a las denuncias del gremio. Según la información que se brindaba el 24 de julio, la posición del mandatario jujeño fue muy distinta frente a la empresa minera Exar, que extrae carbonato de litio en la Puna: la señaló como responsable de provocar una “cadena de contagios” de coronavirus entre sus trabajadores.
Propagación de la enfermedad
En un escrito que se presentó ante la Justicia Federal jujeña, el SOEAIL denunció a los directivos y responsables de Medicina Laboral de Ledesma por violación de los artículos 202 y 203 del Código Penal. El primero indica que será “reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. El 203, en tanto, establece que “cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cien mil ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de seis (6) meses a cinco (5) años”.
En la denuncia señalaron que se incumplió con la disposición del gobierno nacional de bajar al 50% el número de empleados para favorecer el distanciamiento social. El Sindicato adujo que pese a que hubo trabajadores que presentaron síntomas compatibles con la Covid-19 los intimaron a continuar trabajando, y que hay personas de más de 60 años y otros trabajadores cuyas condiciones de salud los incluyen en los grupos de riesgo que no fueron exceptuados de trabajar. A ello sumaron la falta de elementos de bioseguridad y de limpieza suficiente, más en una provincia donde ya hay circulación viral.
Entre los ejemplos citados en la denuncia del SOEAIL, se indica que “en Agua Dulce – El Talar, un compañero trabajador de la sección Ingeniería de Campo que maneja la retroexcavadora, a su esposa le dio COVID 19 positivo, y el trabajador estuvo con síntomas de la enfermedad que nos ataca, y ellos lo sabían a través del encargado, pero lo hicieron pernoctar en la soltería de El Talar y compartiendo los ambientes comunes con otros empleados”. A ello sumó que “en los trailers de traslado, no ponen alcohol, a pesar de que tienen una destilería y los compañeros viajan hacinados, sin guardar la distancia de bioseguridad”.
El gremio denunció al responsable de Medicina Laboral (que, afirmó, responde a Ledesma), por haberle negado a “los trabajadores las licencias que por derecho le correspondían, porque, recibiendo órdenes del directorio, debía mandar a trabajar a la mayor de trabajadores”. Añadió que “la exposición de los trabajadores también se produce porque la empresa Ledesma SAAI aún desde los momentos más críticos de la pandemia no ha reducido sus actividades con empresas tercerizadas, que cumplen tareas que no comprometen la producción de azúcar y ni del alcohol, productos ‘esenciales’”. Ante esta situación agregó que en el complejo agroindustrial circulan trabajadores de otras provincias “de manera innecesaria en un período determinado por el COE provincial como Fase 1 estricta, sin circulación de personas”. Y la empresa niega información relevante sobre la existencia del contagio entre los trabajadores con el objetivo de evitar licencias por cuarentena o aislamiento.
La respuesta de Ledesma
“Los representantes de Ledesma hicieron saber su sorpresa y preocupación por la denuncia penal presentada por el SOEAIL contra la empresa”, indicó la firma en un comunicado. Adujo que en la audiencia de conciliación del 29 de julio habían tenido “una positiva reunión con el Sindicato para avanzar en el establecimiento de una forma de trabajo conjunta y un procedimiento de control mixto de los protocolos sanitarios”. La advertencia empresarial era que a partir de esa situación se debía “poner a consideración de sus abogados cualquier acuerdo que se firmara”.
Ledesma también afirmó que “decidió otorgar a 47 trabajadores del campamento Paulina, mayores de 60 años, una licencia extraordinaria con goce de sueldo hasta la finalización de la zafra 2020. La empresa facilitará el viaje a su lugar de origen, luego de un período breve de aislamiento y la realización de un test PCR”.
El desencuentro está, entre otros muchos puntos, en la necesidad de testeos que la empresa no realiza y, según lo indicado por Vargas, tampoco quiere hacerlo. El sindicalista entendió que Ledesma busca que sea el Estado o la obra social (que es del Sindicato), quienes solventen los tests, cuyo valor calculó en $6.500 cada uno. La situación sanitaria se complica. Hay pobladores que afirman que no están atendiendo a las personas con síntomas. Vargas contó que ayer dos trabajadores internados en la ciudad de Libertador precisaban estar en terapia intensiva. Pero hasta anoche se había conseguido un solo lugar.
