Por tercera vez en un mes, la Cámara de Diputados rechazó el tratamiento sobre tablas de la derogación de la Ley 8191, la cual deriva del cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia 255, que otorgó a la Policía atribuciones extraordinarias para juzgar infracciones a las medidas dispuestas por la pandemia.

Originalmente se esperaba, ya que se la había incluido en el Acta de Labor parlamentaria de la sesión de ayer, que se trate la iniciativa que llegaba con media sanción del Senado para crear cinco juzgados contravencionales, y en la que en uno de los artículos derogaba implícitamente la Ley 8191 al contraponerse a la nueva normativa.

Sin embargo, el proyecto no avanzó en las comisiones que debían dar los dictámenes para habilitar su tratamiento en el recinto. Entre las versiones sobre los motivos para congelar el proyecto se indicó la imposibilidad económica de montar las cinco estructuras que demandarían los nuevos juzgados.

También advirtieron que hay propuestas de algunos legisladores de avanzar en una reforma integral del Código de Contravenciones, por lo que se espera que se elaboren alternativas al proyecto que llegó desde el Senado.

Entonces, ante esta nueva dilación de la derogación de la Ley, el diputado olmedista Carlos Zapata, propuso que se trate sobre tablas una iniciativa que apunta exclusivamente a dejar sin efecto la 8191, y que las faltas a lo dispuesto por el Comité Operativo de Emergencia por la pandemia, sean incluidas dentro del Código Contravencional.

Zapata señaló que la existencia de esa nueva norma es “una grave afrenta al orden democrático y a la República” y señaló que no entendía “como una persona defensora de la democracia puede haber dictado semejante decreto”.

“No es concebible que esté en un solo poder la facultad de dictar la ley, aplicarla, detener al individuo y juzgarlo, eso está siendo cuestionado por organismos de derechos humanos de todo el país”, señaló.

Inicialmente el DNU 255 fue señalado de inconstitucional por diferentes actores de la política y la sociedad, debido a que consideraban que el gobernador dictaba una legislación con esa medida, algo reservado justamente al Poder Legislativo.

Pero después el foco se puso en el accionar de la Policía ante la cantidad de denuncias por apremios y abusos que se vienen dando con el justificativo legal de lo expresado en el DNU. Además, dicho decreto, y ahora la Ley, deja todo el proceso sancionatorio en manos de la Policía, ya que no solamente se encarga de detener al infractor sino que la jefa de la fuerza actúa de jueza.

Toda esta situación fue cuestionada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se presentó en la Justicia provincial con un habeas corpus, y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también se expidió por su derogación.

Justamente el radical Héctor Chibán señaló que en Salta se vive un estado de sitio encubierto y citó como ejemplo un episodio de este fin de semana en el que la Policía irrumpió en una casa particular para desarmar en una reunión familiar.

El objetivo de la oposición chocó contra la postura del oficialismo que impuso su número para rechazar la propuesta, si bien fue un cerrado 23 a 21, para habilitar el tratamiento sobre tablas se necesitan los dos tercios de los votos.

Una de las referentes del saencismo, Socorro Villamayor, calificó al DNU de medida acertada que se dictó en una situación de emergencia para garantizar la paz social, y señaló que el mal accionar de la Policía no es por lo que dice el decreto sino que es un problema que viene de antes.

Esa afirmación fue apoyada por el diputado del PO, Claudio Del Plá, pero añadió: “es indudable que los problemas con la Policía vienen de antes, pero darle superpoderes a una fuerza con esos antecedentes no podía terminar de otra forma”.

Ádemás advirtió que “este fin de semana se dio el sexto caso de una persona que pierde un ojo porque la Policía le disparó a la cara. Con la derogación lo que haríamos es desmontar un punto de apoyo legal que se le dio a la Policía para que haga eso”.

Tras no poder imponer en su momento el tratamiento del DNU en el recinto, una vez que se convirtió en Ley luego de vencerse el plazo de 90 días previsto por la Constitución, la oposición intentó en tres oportunidades derogarla. 

La primera vez, a propuesta de tratamiento sobre tablas de Chibán, y la segunda, a solicitud de la diputada del FdT, Jorgelina Juárez. En todas las oportunidades fue rechazado su tratamiento.