El Concejo Deliberante de Joaquín V. González aprobó un proyecto de declaración en el que solicitan al Ejecutivo provincial y a la Cámara de Diputados que se expropien tierras y se amplíe el cupo en el plan Mi Lote ante la demanda habitacional que hay en la ciudad.
En estos días alrededor de mil familias tomaron tierras públicas y privadas. La gente se asentó incluso en las 5 hectáreas que entrarán en el sorteo del plan provincial, pero luego de una mediación a la que asistió el secretario de Tierra y Hábitat, Esteban Carral, los vecinos optaron por retirarse de esa propiedad del gobierno e inscribirse al concurso. El funcionario dijo que 185 personas ya se inscribieron e insistió en que no podrán participar del sorteo quienes tomen terrenos, quienes igualmente continúan en los terrenos privados.
Los concejales expusieron que en 2018 se aprobó otro proyecto de declaración en el recinto haciendo referencia al déficit habitacional y solicitando que la Provincia intervenga para dar soluciones. Evidenciaron que los reclamos de vecinos al respecto son recurrentes.
El Cuerpo compuesto por 9 concejales solicitó por unanimidad al Gobierno de Salta que "arbitre las medidas necesarias a los fines de que se amplíe la disponibilidad de terrenos para el Plan Provincial Mi lote".
"El lunes tuvimos una reunión a las 19.30. El presidente del Concejo, Rubén Palmero (Partido de la Victoria), convocó por el tema de la demanda de tierras por parte de los vecinos. Fuimos todos los concejales. Nos teníamos que asesorar para ver qué podíamos hacer al respecto", contó a Salta/12 la concejala Ana Silvia Sarmiento, del Movimiento Libres del Sur.
Luego de analizar la situación, Sarmiento indicó que tenían como opción solicitarle al Ejecutivo municipal que compre tierras pero consideraron que "no tiene los recursos". "Por eso se decidió pedir al gobierno de la provincia que disponga de más lugares en el plan Mi Lote. Y solicitar a la Cámara de Diputados, esperamos que legisladores por Anta tomen el pedido, para la expropiación de más tierras", sostuvo.
La concejala señaló que alrededor de mil familias tomaron terrenos, 5 hectáreas habían sido donadas al gobierno provincial por la familia Arias, propietaria de muchas tierras en la ciudad. Desde 2017 la gente espera que el gobierno municipal y provincial realicen el loteo y los sorteos. "Los vecinos habían tomado toda esa zona y los costados del barrio 50 Viviendas, que son tierras privadas de la misma familia, los asentamientos abarcaban casi hasta el basural", describió Sarmiento.
Además la edil detalló que la familia Arias en el loteo San José, luego de un asentamiento en 2018, habían acordado vender tierras a los vecinos, algunos de ellos pagaron pero luego las dejaron y les tomaron otros terrenos al advertir que la zona es inhabitable. Alrededor de 250 familias sostienen esa toma desde el año pasado. A su vez, en estos días, el loteo San José fue tomado por otros vecinos.
La familia Arias ya denunció la usurpación. Se inició un proceso de mediación en la Fiscalía de Joaquín V. González. El secretario de Tierra y Hábitat participó de la audiencia del lunes "por las 5 hectáreas del gobierno de la provincia" que entrarán en el plan de urbanización Mi Lote. "Cuando llegué ya estaban despejadas", sostuvo Carral. El funcionario dijo que solo intervino por las tierras públicas y no por la toma en terrenos privados.
"La gente tiene que inscribirse y participará del sorteo de lotes. La inscripción es la única forma de medir la demanda habitacional. Hasta ahora alrededor de 185 familias se inscribieron de la localidad de Joaquín Víctor González", sostuvo Carral. El funcionario manifestó que las tomas de tierras no aportan datos de esa demanda habitacional porque de esa forma no saben "si la gente cumple con los requisitos". "Los invito a que sigan inscribiéndose. No podrán participar de los sorteos quienes tomen terrenos", insistió.
"La gente sabe que los 150 lotes que podrían entregar en las 5 hectáreas serán insuficientes", dijo la concejala Sarmiento. Carral por su parte explicó que la Provincia contempla la compra de terrenos en las etapas siguientes, luego de que entreguen las que tienen disponibles.
"Habrá que ver cómo prosigue esto. Tenemos miedo de que haya orden de desalojo, que la Policía actúe y la problemática pase a mayores", expresó Sarmiento, ante el temor a la represión.
La concejala señaló que la mayoría de la gente "no tiene recursos, no cumple los requisitos del IPV cuando les piden recibo de sueldo o declaración de ingresos. La mayoría está parada por la pandemia. No están trabajando normalmente. Algunos de los vecinos de la toma trabajaban en la empresa UCSA, que ha parado la obra de reconversión de vías en el Ferrocarril Belgrano y los ha despedido".
