Después de 19 años, y tras idas y vueltas, la Justicia procesó a los policías que atacaron a las Madres de Plaza de Mayo y las corrieron con caballos durante la represión de 2001, ordenada por el gobierno de la Alianza. Se trata de cinco efectivos de la Federal que habían sido indagados en la primera etapa de la investigación y recibieron la falta de mérito a pesar de las pruebas que los mostraban avanzando con caballos sobre las mujeres de pañuelo blanco en la mañana de aquel 20 de diciembre de represión. El juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo interinamente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11, tuvo en cuenta los videos, las fotos y los testimonios de aquellas personas que describieron lo sucedido esa mañana y que fueron producidos durante el juicio en el que fueron condenados ex funcionarios del Gobierno de Fernando De la Rúa, además de un peritaje que sobre el material audiovisual realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General.

Aquella mañana calurosa de diciembre, José Luis González, Fernando Héctor Villegas, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas integraban el Departamento Policía Montada del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y estaban dedicados de lleno a frenar las manifestaciones que en la ciudad de Buenos Aires marcaban el fin del Gobierno de la Alianza. Arriba de sus caballos, cerca de las 12 del mediodía, arremetieron contra un grupo de personas que permanecía en la Plaza de Mayo. Entre ellas, las Madres Hebe de Bonafini, Marta Petrone de Badillo, Carmen Ramiro de Guede, Celia Pisani de Prosperi, Elsa Fanti de Manzotti y Evel Aztarde de Petrini. Las imágenes recorrieron los noticieros y, al día siguiente, estuvieron en todos los diarios. Les daba órdenes Ernesto Weber, a cargo de la Policía Montada.

Todos fueron procesados por Martínez de Giorgi, quien los consideró coautores y, en el caso de weber autor mediato, del delito de vejaciones, que prevé penas de uno a cinco años de cárcel. Se les fijó un embargo que va de 100 mil a 150 mil pesos. No se les otorgó prisión preventiva. La medida había sido solicitada por el fiscal Franco Picardi en marzo del año pasado , quien para reconocer a los efectivos que participaron de la represión que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo y otros manifestantes durante la mañana de aquel 20 de diciembre contó con la asistencia en la causa de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

En su procesamiento, el magistrado consideró que los efectivos “en cumplimiento de sus funciones y sin motivación alguna, ejercieron una violencia innecesaria, desmedida e ilegítima sobre las personas que se congregaron el día 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, en horas de la mañana, y que se vieron afectadas por dichos actos”. Antes de dictar esta resolución, Martínez de Giorgi había dado algunos pasos en la causa. En mayo pasado revocó los sobreseimientos con los que el fallecido juez Claudio Bonadio los había corrido de la atención de la Justicia a finales de 2019 y ordenó avanzar con “máxima celeridad” en la línea planteada por la Fiscalía.

La importancia del juicio

De acuerdo al fallo que emitió en los últimos días, los policías demostraron con su accionar “un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas”, entre las que se encontraba un grupo de Madres de Plaza de Mayo que se habían acercado a la Plaza al ver cómo las manifestaciones crecían y el clima se ponía denso. Querían “proteger” al pueblo. No se equivocaron: la jornada culminó con cinco muertos en las inmediaciones de la Casa Rosada y más de 30 en todo el país.

El marco de este procesamiento fue la sentencia dictado por el Tribunal Oral Federal número 6, que en mayo de 2016 condenó con penas breves a los jefes políticos de la represión de diciembre de 2001 . Y así lo reconoció Martínez de Giorgi en su fallo. Aquel tribunal confirmó que el operativo policial desarrollado aquel 20 se originó a partir de las directivas que dio Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad de Fernando De la Rúa para evitar cualquier tipo de protesta social y desalojar la Plaza de Mayo. Ese fallo quedó firme recién en junio pasado, cuatro años después . La Cámara de Casación, no obstante, ordenó revisar los montos de las penas.  

Tal como había hecho la Fiscalía en sus escritos, el juez Martínez De Giorgi tomó algunos fragmentos de aquel fallo condenatorio de los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín en el que sostuvieron que “la policía montada procedió a avanzar literalmente por encima de un grupo de Madres de Plaza de Mayo” y que los manifestantes estaban tranquilos y la situación controlada, mientras que el accionar de la Policía había desencadenado los eventos de violencia.

La evidencia

Planteado el marco, de aquel proceso se tomaron testimonios y material fílmico y fotográfico que peritó, para esta etapa, la DATIP. Ese trabajo permitió, finalmente, individualizar a los imputados .

“La identificación de José Luis González, Fernando Héctor Villegas, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas en cada uno de los eventos en que habrían participado, realizada por dicha Dirección en su estudio pericial, se llevó a cabo a través de un reconocimiento morfológico de rostros, mediante el cual se observó cada una de las imágenes y los posibles rostros a ser cotejados, realizando una ampliación de las mismas a fin de observar la mayor cantidad de detalles”, indicó el juez.

Por un lado, Martínez de Giorgi tuvo en cuenta los testimonios de aquellas personas que describieron lo sucedido esa mañana, que hablaron del uso de bastones largos por parte de efectivos policiales, de balas de goma. También incorporó testimonios de personal que integró el Cuerpo de Policía Montada y que, sin haber participado de estos hechos, cuestionó su accionar aquella mañana en la que había “poca gente” en la Plaza, informó el sitio de noticia de la Procuración general de la Nación.