"La cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impartió órdenes a un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural". Con estas frases contundentes, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó a los directores de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos. La suma de los delitos establece penas de hasta 12 años de prisión. Al mismo tiempo, el juez les prohibió la salida del país, retuvo sus pasaportes y los embargó por dos millones de pesos. Eso sí, no ocurrió como en los cuatro años anteriores: no los fueron a buscar a sus casas a la medianoche o a la madrugada, no les pusieron chaleco antibalas ni casco ni convocaron a las cámaras de televisión, pese a que los delitos prevén penas como las señaladas, superiores a las previstas en las causas contra los ex funcionarios y empresarios detenidos en tiempos de Mauricio Macri.

Por televisión

En un medular escrito de 175 páginas, el juez procesó a las ex autoridades de la AFI, y a Martín Coste, ex jefe de Contrainteligencia, en una causa únicamente centrada en el espionaje realizado sobre el Instituto Patria . Por cuerda separada cursa el otro expediente de Lomas de Zamora referido al espionaje al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y a una larguísima lista de personalidades, desde figuras de Cambiemos, hasta opositores, dirigentes sociales, sindicales, el obispo Jorge Lugones por ser amigo del Papa Francisco, y hasta la hermana de Mauricio Macri, Florencia, por una interna familiar. Ambas causas son investigadas por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide.

Un dato llamativo del procesamiento es que Auge relata cómo se defendieron los imputados y resulta que todos aducen que se enteraron por la televisión de que se estaba espiando al Instituto Patria: de entrada nadie había dado la orden. Después resultó que las instrucciones las dio el jefe de Operaciones Especiales (un cargo que el magistrado afirma que no existía), Alan Ruíz, que prácticamente actuó por las suyas.

Las órdenes

En el procesamiento se menciona un elemento que hasta el momento se conocía poco: Arribas mantenía constante diálogo con el presidente Macri a través de un teléfono encriptado especialmente, marca Nexus, de Huawei, pero con un sistema que armó la propia AFI. Según sostuvo Coste, era imposible que un agente o director de la central de espías dispusiera una vigilancia sobre CFK sin el visto bueno del entonces mandatario.

En este terreno entran una serie de anomalías descriptas por los fiscales y retomadas por el juez. En buena parte de las operaciones de espionaje actuaron agentes que venían de la Policía de la Ciudad, o sea que no eran de carrera dentro de la AFI sino uniformados de la fuerza macrista; tenían una sede aislada, en la calle Pilar en Mataderos; Ruíz salteaba toda la cadena de mandos y hablaba directamente con la cúpula y consiguieron que se les autorizara la compra de una herramienta sofisticada, Earthwatch, que toma imágenes satelitales que permiten ver hasta a una persona.

Informes falsos

La denuncia que derivó en el procesamiento la hizo la actual interventora en la AFI, Cristina Caamaño, quien analizó la documentación que se encontró en la central de espías, parte de la cual se armó para engañar a los jueces.

El escándalo había empezado el 7 de agosto de 2018 cuando las autoridades del Instituto Patria descubrieron dos vehículos de la AFI vigilando y filmando lo que ocurría en la fundación encabezada por CFK. Para esa operación se utilizaron agentes de carrera y varias noches se dejaron los autos estacionados pero con cámaras que se activaban ante cada movimiento.

Descubierta la maniobra de espionaje, la cúpula de la AFI armó primero una versión falsa: que no investigaban al Patria sino que era una operación de inteligencia criminal que no tenía que ver con las oficinas del kirchnerismo. Sin embargo, pronto tuvieron que cambiar la versión y dijeron que los agentes participaban de una operación autorizada por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, ante el peligro de que hubiera hechos graves por la cumbre de presidentes del G-20, una reunión de la OMC y las Olimpíadas de la Juventud.

Se armaron informes dentro de la AFI para justificar ese argumento, incluyendo la versión de que un grupo anarquista ITS (Individualistas Tendientes a lo Salvaje) iba a actuar contra CFK y otros dirigentes: Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Graciela Ocaña y Waldo Wolff. El juez transcribe a los agentes, testigos en la causa, que declararon que no se hizo nada en aquel momento respecto de esos cinco, sólo se vigiló el Patria, es decir que se pusieron cinco nombres de apuro para tapar que se espiaba a la ex presidenta. A esto se agrega que la Dirección de Análisis de Terrorismo no fue ni siquiera consultada sobre el eventual peligro anarquista, ni se notificó a CFK ni a su custodia de la Policía Federal ni al juez Villena.

Vigilancia política

Buena parte de las falsedades fueron desnudadas por los propios agentes que participaron del espionaje. Dijeron, por ejemplo, que no debían vigilar si venía alguien con intenciones de poner una bomba o disparar desde un vehículo, sino que tenían que filmar o fotografíar a quién entraba y a quién salía del Patria, si ingresaban o sacaban documentación o bolsos. Coste incluso explicó que ese operativo no servía para prevenir un acto terrorista, porque no tenían ninguna posibilidad de intervenir.

La conclusión de Augé es que se trató de espionaje político puro y duro y que luego las autoridades de la AFI armaron una falsa amenaza para justificar la ilegalidad, con el agravante de que la mentira se volcó en documentos truchos porque hasta un agente recién ingresado sabía que la actividad de vigilar y seguir a un dirigente político está prohibida por ley.

"Al servicio del poder"

"Los servicios de inteligencia no son una policía política --escribió Augé-- ni son una institución autónoma ajena a los controles democráticos. Es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un Estado dentro de un Estado y que funcionan sin ajustarse a ningún control legal ni democrático, situándose al servicio del poder que quieren perpetuar. El control democrático de los servicios de inteligencia es una preocupación internacional".

Los delitos imputados

Con estos conceptos, el juez procesó a Arribas y la Señora 8 por los siguientes delitos:

* Espionaje ilegal, que prevé penas de tres a diez años a quien produzca inteligencia sobre ciudadanos en razón de sus ideas políticas.

* Abuso de poder: con penas de un mes a dos años al funcionario que da órdenes contrarias a las leyes.

* Falsedad de documento, de uno a seis años de prisión, al que inserte declaraciones falsas en un documento público, en este caso los informes de la AFI presentados ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y ante la Justicia.

El caso de Coste

En el caso de Martín Coste fue procesado porque advirtió todas estas maniobras y no hizo la denuncia. Al ex director de Contrainteligencia también le retuvieron el pasaporte y lo embargaron por 700 mil pesos.

Como ocurre en casi todas las causas que tienen imputados macristas, la defensa principal consiste en tratar de llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py, donde juegan de locales. Es a lo que apuestan las ex autoridades de la AFI. Se sabe que en el edificio de Retiro encuentran cobijo judicial-mediático-político aunque sea para empantanar las cosas por unos años.