“¿Qué le puedo decir? ¡Esto es todo una farsa!”, exclamó la fiscala Gabriela Boquin ante la Comisión Bicameral que controla al Ministerio Público Fiscal. Fue citada a raíz del sumario por supuestos malos tratos que le abrió la semana pasada el procurador interino, Eduardo Casal, cuando avanzaba el tratamiento de los pedidos de juicio político en su contra. Boquin fue quien frenó a comienzos de 2017 el acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino, de la familia Macri, cuando Mauricio Macri era presidente, y luego denunció múltiples maniobras de vaciamiento.

Esta es la primera vez que habla públicamente. Detalló irregularidades en las declaraciones de empleadas y empleados que la habían acusado. Dijo que uno de ellos fue coaccionado, pero ni Casal ni nadie en la Procuración hizo la denuncia penal. Que una mujer había querido irse de la fiscalía porque su marido concursaba para camarista y la presencia donde tramitaba el caso Correo no lo ayudaba. “Es falaz que se retiraron de mi dependencia por malos tratos. Es más, uno de los traslados lo pedí yo por falta de confianza. Porque descubrí que le entregaba documentación en pleno trámite de la causa del Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli, (vinculado con) el vaciamiento ya que habían facturas suyas retirando millones de pesos del Correo”.

Boquin contó ante las y los diputadas y senadoras/es de la Bicameral que desde que recibió el expediente sobre el concurso de acreedores del Correo, en 2016, empezó a ser hostigada de distintas formas. “Violentaron mi auto, en la puerta de mi casa, donde viven mis hijos menores, sacando y revisando papeles. Un ladrón que venga a buscar papeles es extraño. Se llevó un maletín. No se robó otra cosa. Tenía copias del expediente del Correo, que había entrado 15 días antes. No sé cómo sabían que estaba en el baúl. Tengo la filmación donde al ladrón se lo ve ponerse guantes. Hice la denuncia penal, le tocó a (José María) Campagnoli, pero nunca más me llamaron”, relató Boquin.

A partir de 2017, después que presentó el dictamen para frenar el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo, para perdonarle la deuda algo mayor a 4500 millones de pesos, ante cada nueva presentación que hacía –relató— “me sacaban la custodia, la pedía, y me la volvían a poner”. Las denuncias por supuestos malos tratos de dos personas que trabajaban en su fiscalía también coinciden con sus planteos en el expediente que complicaba a los Macri.

La audiencia, ante la comisión que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos) duró casi cuatro horas de alta intensidad, donde los representantes de la oposición intentaron bombardear a la fiscala con chicanas que ella respondía de a una. Uno de los cruces más fuertes fue con Cristian Ritondo, que trató de asociarla al oficialismo político al decir pedirle que confirme si había sido asesora del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, en su mandato anterior, durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Estoy orgullosa”, dijo ella. “Trabajamos el tema de las off shore y descubrimos que detrás de Cromañón (el boliche) había una”, completó.

Luego tomó una frase del propio Ritondo: “Usted dijo que yo soy una persecutora de la familia Macri. Usted sabrá por qué habla de la familia Macri, porque yo lo llamo Correo. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen estuvo el del fiscal (Gerardo) Pollicita, igual, idéntico, en el fuero federal penal. Entonces él es un persecutor de la familia Macri, lo mismo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La cámara es persecutora de la familia Macri (…) de acuerdo a su idea todo el Poder Judicial que intervino es persecutor de la familia Macri. Su idea del Poder Judicial es un poco dudosa”.

Boquin explicó los pormenores de la denuncia en su contra y ante la provocación del diputado radical Emiliano Yacobitti, que le decía si Casal no era también víctima de persecución por los pedidos de remoción en su contra, respondió: “Lo que le puedo decir es que yo (subrayó), me siento perseguida. Si no le alcanza, no sé”. “No es cierto que numerosas personas pidieron traslados” a otras dependencias, aclaró. Y detalló que ella misma le pidió a Casal que sacara de su fiscalía a una mujer porque había perdido la confianza al descubrir que estaba en comunicación con Tonelli –diputado de Juntos por el Cambio y consejero de la Magistratura– “le iba mostrando los pasos del expediente” del Correo, donde él aparecía vinculado a una de las maniobras de vaciamiento con retiros de más de 4 millones de pesos. Pero además escondía material sobre él a la propia Boquin, señaló.

“Le comuniqué esto al procurador Casal personalmente y tengo el mail donde le solicité la reunión, diciéndole que necesitaba que la transfiriera”, dijo. Precisó que, además, su cargo original era en la Procuración, con lo cual no debía ser complicado. Primero, Juan Pablo Ugarte, mano derecha de Casal, le respondía que no la trasladarían. Ante su insistencia lo hicieron: “tardaron nueve meses”, recordó.

La fiscala dejó entrever que las primeras denunciantes fueron condicionadas o presionadas de algún modo para comprometerla. La primera, Verónica Fernández, se presentó en la Procuración a poco de asumir Casal. Tenía una discapacidad, por lo que Boquin dijo que incluso ella le había generado un régimen especial de trabajo. “Yo no la jubilé ni le pedí una junta médica, la engañaron”, aclaró, ya que es lo que la mujer le atribuye. También decía que había un “destrato generalizado en la fiscalía”, pero la fiscala dijo que le parecía extraño porque no había ido a la oficina por más de un año.

“La Procuración a mí me ocultó un expediente sobre ella”, añadió. Para completar el cuadro, explicó que la empleada que pidió sacar porque pasaba datos a Tonelli, aparecía copiada en forma oculta en e-mails vinculados con la situación de Fernández. Boquín dijo que presentó las pruebas de todo esto ante el Consejo Evaluador de la procuración y ofreció testigos, pero a nada le hicieron lugar.

Otra denunciante fue María Caliza, a quien la fiscala contó que conoce hace 20 años, que está casada con el juez comercial Sebastián Sánchez Cannabó, quien concursaba para camarista, en la sala que intervenía también en el caso del Correo. “Cuando se inicia el tema me manda un whatsapp preocupada porque el portal ‘La política online’ me trataba de kirchnerista y que ella (Calzia) trabajaba conmigo y había sido secretaria de Nissen. Me manifiesta su preocupación porque su marido estaba en carrera”, contó ante la comisión.

Después de que comenzó una suerte de campaña difamatoria en su contra con “hostigamiento y presiones”, que “iban por todas las radios a difamarme”, “el presidente (Macri) dio una conferencia de prensa y a la CNN le dijo que yo hacía cuentas estrafalarias”, recapituló Boquin. “Me vino a ver directamente el marido de Calzia para decirme que necesitaba un traslado” porque le iba a complicar la “posibilidad de acceder a las ternas de los concursos para ser camarista”. Cuando se fue, le mandó agradecimientos, que la fiscala leyó. Tiempo después, la Procuración la quiso devolver a la fiscalía, pero Calzia se oponía. Ahí fue que apareció una denuncia de ella que comprometía a Boquin por supuestos malos tratos y mobbing.

Luego habló de los testigos, “elegidos en forma arbitraria” en el expediente administrativo y no declararon bajo juramento de verdad. Aludió a uno en particular y de uno en particular, Gonzalo Rodríguez, con quien incluso escribió libros. El pedía ser trasladado a Mar del Plata porque allí estaba su pareja embarazada. El mismo, contó ella, dijo que lo habían presionado (Casal y Ugarte) para darle esa posibilidad, pese a que Boquin daba su conformidad. Debía acusarla a ella. “Estoy entre dos fuegos”, contó que le expresó.

Rodríguez lo relató –dijo Boquín— ante el delegado de la Unión de Empleados de la Justicia, Juan Cruz Alvarez, pero no se animó a denunciar la situación y, en cambio, terminó acusándola a ella “de que lo maltrataba y no lo dejaba crecer”. “Denuncié en mi contestación que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por las autoridades y ofrecí testigos. Hay prueba evidente. Pero nadie tomó un testimonio al respecto, ni hizo un sumario”. Casal, que estaba complicado, tampoco denunció.

“Cuando planteé estas irregularidades Casal me dijo que no era importante, que se podría subsanar con el sumario. Ahora que lo abrió dice que hay que investigar mis rasgos de personalidad para ver si soy una jefa severa o una maltratadora . Discúlpenme, esto si me pasa por ser mujer. Quiero saber a cuántos hombres le hicieron esto (…) Tengo el tono que tengo, es una voz gritona, de pitio, pero no soy maltratadora (…) Parece que me volví loca, claro el estereotipo. La loca que trata mal a los empleados y tira expedientes al aire”, se descargó Boquin.

La diputada Graciela Ocaña le dijo que a ella también le había pasado, pero no era una forma de solidarizarse. “Me llamaron cucaracha, gorda, son gajes del oficio”, ironizó. Boquin le replicó que había en ese punto un problema: “Es algo que no tenemos que naturalizar”. Boquin contó que entre otras formas de hostigarla le reclamban desde la Procuración hasta un pen-drive de 2010 y dejaron de publicar actos de su fiscalía en la página de la procuración. “Lo mismo hicieron con Gabriel de Vedia”, desplazado de la investigación de delitos de la seguridad social. La senadora radical Silvia Elías de Pérez también se sumó al análisis de la perspectiva de género aunque sugirió que debía soportar presiones como fiscal. Sobre ella y Ocaña Boquin dijo: “Me hubiera gustado muchísimo que tuvieran la misma idea de proteger al género y a la mujer cuando Tonelli decía en los diarios y radios que yo era cualquier cosa o Juan Mocoroa que no reunía condiciones”, les devolvió. La senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos), le mostró apoyo y dijo que todo su problema era tener el caso del Correo.

Boquin se despidió con un párrafo que le dedicó a Ritondo: “No tengo ninguna afiliacion política, cuando fui asesora de la IGJ fue por mis méritos. Trabajé 23 años y dejé un estudio donde me iba bien, para dejar de representar al sector privado. Que tengo una ideología, sí claro. Contra el fraude, en favor de los vulnerables y para tener una Argentina más sana y donde podamos vivir igualitariamente. Si eso se considera partidismo, lo dejo a consideración de ustedes”.