El gobierno nacional insiste en su estrategia de deslegitimar a los organismos de Derechos Humanos. Con el argumento típico de “el pancho y la coca”, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, sumó su granito de arena a la causa que cuenta al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al ex ministro de cultura porteño Darío Lopérfido y al propio presidente Mauricio Macri entre sus principales aportantes. Ayer, González Fraga denunció en declaraciones radiales que desconocidos ofrecían “500 pesos, vino, coca cola y choripanes” a quien fuera a la marcha por el Día de la Memoria y aseguró que “hay una fortuna dedicada a un movilización, porque tienen ganas de interrumpir este proceso, porque tienen miedo de ir presos o de desaparecer políticamente”. Desde los organismos de derechos humanos relacionaron los dichos del economista radical con “la avanzada negacionista” y los consideraron “una provocación a los familiares de las víctimas y a quienes ideológicamente consideran necesario que recordar en la calle” lo que ocurrió durante la dictadura. Carlos Pisoni, de Hijos, desafió a González Fraga a realizar una denuncia judicial “si tiene pruebas” de que se pagó dinero a los manifestantes. “Piensan que pueden cambiar la historia, pero no van a lograrlo”, consideró la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas. 

“Es una provocación más que se suma a las que surgieron desde diciembre de 2015. Primero fue el Presidente, hablando de ‘guerra sucia’, un término utilizado por los responsables del terrorismo de Estado; luego varios funcionarios que pusieron y ponen en duda el número de desaparecidos aportando al negacionismo y por último la provocación de los diputados hablando del curro de los derechos humanos –en relación a la pancarta con la que se fotografiaron el pasado viernes– y poniendo en tela de juicio el trabajo de los organismos”, enumeró Pisoni sobre las declaraciones que González Fraga realizó ayer a Radio Mitre sobre la movilización por el Día Nacional de la Memoria. “Dijeron que era una marcha partidaria. Estos dichos son una provocación a los familiares de las víctima pero también una falta de respeto a las 400 mil personas que, según calculamos los organismos de derechos humanos, se manifestaron en Plaza de Mayo, y a las 300 mil que hubo en todas las plazas del país”. 

Para Cortiñas, el objetivo de las declaraciones “fascistas” de González Fraga y del resto de los oficialistas que “denigran la lucha por los derechos humanos” es el de “deformar y hacer desaparecer la historia”. “No lo van a lograr”, advirtió. En ese sentido, apuntó que “les molesta el pueblo en la calle reclamando cuando ya no aguanta más tanto ajuste y mentiras”, pero que “no saben hacer otra cosa más que desprestigiar, no tienen nada que ofrecer, entonces destrozan lo hecho con mucho sacrificio”. En consonancia, el hijo de desaparecidos y militante de esa agrupación evaluó que las declaraciones sobre la asistencia paga a manifestaciones son maneras de “estigmatizar a la militancia y a quienes piensan distinto de este gobierno”. Por último, desafió al presidente del Banco Nación a hacer una denuncia judicial “si tiene pruebas de lo que dijo”. 

Consultado durante una entrevista de Radio Mitre acerca de las recientes movilizaciones que poblaron de hombres, mujeres y niños las calles de la ciudad de Buenos Aires y de los principales puntos del país, en especial el 24 de marzo, González Fraga opinó que “hay una pequeña parte de la sociedad que busca agrandar la grieta y está poniendo millones de dólares mal habidos para pagar toda esta movilización que tiene mucho ruido en la calle” en contraposición a otro sector “más silencioso, austero, mucho más grande, que está queriendo construir mirando hacia adelante”.

“Donde tengo el campo ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueran a la marcha del viernes”, aseguró González Fraga. Dijo también que a él se lo “contaron” en el lugar: “Es un pueblo donde todos nos conocemos, voy, me saludan y me lo cuentan”, detalló y relacionó el hecho con intenciones golpistas. “Entendamos que hay una fortuna dedicada a una movilización, porque tienen ganas de interrumpir este proceso, porque tienen miedo de ir presos o de desaparecer políticamente. Tenemos que soportarlo”, planteó el economista.