En una decisión insólita, los integrantes de la Cámara del Crimen firmaron una acordada en la que tildaron de "inconstitucional" la reforma constitucional que lanzó el Gobierno de Alberto Fernández. Lo insólito es que la reforma no es ley, por lo cual no puede ser revisada judicialmente. No sólo eso: recién se designó una comisión de juristas para comenzar a discutirla, luego el Ejecutivo hará una propuesta y deberá pasar por ambas cámaras del Congreso. Los camaristas se adelantaron como una forma de ejercer presión y marcar la cancha sobre los otros poderes para que no aprueben algo con lo que no concuerden.

Las reacciones de la corporación judicial ante la mera propuesta de una reforma, que recién comienza a discutirse, están a la orden del día. Si no, hay que preguntárselo a los jueces de la Cámara del Crimen, que salieron con una acordada en la que por unanimidad sostuvieron que es inconstitucional la reforma judicial que propuso el Gobierno -y que recién comienza a ser discutida por una comisión de juristas que tienen 90 días para elevar un informe y una propuesta al presidente Alberto Fernández-; y cuestionaron los lineamientos que presentó el mandatario y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, en el proyecto del Gobierno para la “Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias”.

La acordada está firmada por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

En el texto, advirtieron que la reforma "supone el completo desguace de nuestro fuero (ordinario), con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano".

"El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias ", aseguraron los jueces. La misiva fue festejada por el ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano.