"Mi hermana no se suicidó, la mató la policía". Andrea Morales repite como un mantra su denuncia, su grito para que se multiplique y haya justicia por la muerte de su hermana, Florencia Magalí Morales, una mujer de 39 años, empleada de un hotel, madre y abuela sola, que el 5 de abril había salido en bicicleta a buscar comida y terminó encerrada en una celda, presuntamente por haber violado la cuarentena dado que la terminación de su documento de identidad no le permitía circular ese día. Esa tarde la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio. Con una serie de medidas, la Justicia parece haber retomado las acciones en la causa, como afirmó el abogado Santiago Calderón Salomón, quien había denunciado la parálisis de la investigación ante Página/12.

A partir de lunes, con el regreso de la actividad, el juzgado de Jorge Pinto activó las declaraciones policiales y el peritaje de las filmaciones. El martes próximo tendría lugar una nueva autopsia solicitada por el abogado de la familia, pero que no se realizó porque el magistrado consideró que los costos tenían que pagarlos los allegados a Morales. Ante la apelación de esa decisión, la Cámara le dijo al juez que buscara la forma de "aligerar" los gastos para la familia, con lo cual el traslado del cuerpo lo hará la policía pero la exhumación sigue a cargo de los Morales. La Secretaría de la Mujer provincial se comprometió a hacerse cargo de estos costos, pero para eso es necesario que Pinto modifique los plazos, explicó Calderón Salomón a Página/12.

En tanto, a cuatro meses de su asesinato Correpi Mendoza instó a subir fotos a las redes con el hashtag #JusticiaPorFlorencia.


La muerte de esta mujer, que según su hermana Andrea no tenía ninguna razón para quitarse la vida, se suma a otras ocurridas en el contexto de los operativos de cumplimiento de la cuarentena como la de Luis Espinoza en Tucumán. El 29 de abril, también en San Luis, un joven de 16 años apareció muerto en la Comisaría del Menor de la Ciudad de Villa Mercedes. Por esa fecha la provincia sumaba esas dos "muertes dudosas" a 5.800 detenciones con denuncias de abuso policial. Esto generó preocupación a nivel nacional, al punto que la ministra de Seguridad Sabina Frederic mantuvo contacto con el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Por otra parte, la ONU incluyó la muerte de Morales entre los femicidios ocurridos en el país.



Cuando se cumplieron cien días de la aparición sin vida de Florencia hubo una marcha en su provincia. "El caso de Florencia tiene que tomar la dimensión que se merece”, advirtió a Página/12 Sol Tenaglia en ese momento, integrante de la Colectiva Feminista Comechingona, una de las agrupaciones que formaron parte de la movilización que llevaron a cabo vecinos y vecinas autoconvocados de Santa Rosa del Conlara.