La Sala II de la Cámara Federal dictó ayer la falta de mérito en la causa que se le sigue a Oscar Parrilli por una supuesta ayuda –encubrimiento– al narco Ibar Pérez Corradi cuando éste estaba prófugo en la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. La Cámara le indicó al juez Ariel Lijo el rumbo a seguir en la investigación, pero todo se encamina hacia el sobreseimiento o a que el expediente entre en un freezer. Los camaristas le señalaron al magistrado que debe probar que Parrilli no le pasó las pistas a las nuevas autoridades de la ex SIDE, que no les indicó a los agentes que continúen la investigación e incluso dejan caer que hay que probar que tuvo voluntad de encubrir. El devenir del expediente hace pensar que se usó la causa con objetivos políticos –los fiscales Guillermo Marijuán y Germán Moldes pidieron la detención de Parrilli– y derivó en un gravísimo espionaje ilegal, un hecho que provocaría la caída de funcionarios y ministros en casi cualquier otro país (ver aparte).

Pérez Corradi se entregó a la justicia paraguaya el 14 de junio de 2016. Poco después, la legisladora Graciela Ocaña presentó una denuncia acusando a Parrilli de haber evitado la detención del narco cuando era titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En verdad, la iniciativa surgió de la propia AFI ya que pusieron en marcha un sumario sobre la base de la aparición de un informe sobre la ubicación de Pérez Corradi en Paraguay. Parrilli sostuvo siempre que el informe era poco preciso y que ordenó seguir la investigación para dar con una dirección concreta para ubicar al delincuente. Pocos días después, el 10 de diciembre de 2015, dejó el cargo, pero hubo una reunión con las nuevas autoridades de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en que se señaló el tema como una investigación en curso. Además, los agentes encargados de buscar a Pérez Corradi, los que produjeron el informe, siguieron en sus puestos. 

Ayer, la Sala II de la Cámara Federal señaló que no hay elementos suficientes contra Parrilli y revocó el procesamiento. Con la firma de Eduardo Farah y Martín Irurzun, la Cámara se basó en lo siguiente: 

  • Parrilli les transmitió el estado de la investigación a sus sucesores en la AFI, por lo tanto habrá que chequear con esas nuevas autoridades si eso fue así. Eso demostraría –en caso de confirmarse– que Parrilli buscó una continuidad en la pesquisa, no un freno. 
  • También debe verificarse con los dos agentes que hicieron el informe si se les dieron órdenes de seguir con la investigación. Eso también demostraría que se continuó con la pesquisa.
  • La Cámara sugiere que se chequee qué dice Pérez Corradi. Es que una versión indica que alguien le avisó al narco y que éste se fue de los lugares mencionados indirectamente en el informe de la AFI. Hoy en día, Pérez Corradi es una especie de arrepentido manejado por el gobierno de Cambiemos: lo trajeron a la Argentina con toda la pompa para que declare contra Aníbal Fernández, pero su declaración no aportó ninguna prueba. Pérez Corradi está desesperado para que lo manden a Estados Unidos donde le darían una condena leve y quedaría en libertad. Por lo tanto, es candidato a declarar lo que Cambiemos necesite. Sin embargo, en el juzgado de Lijo dicen que no lo llamarían a declarar sino que verificarían qué es lo que dijo el narco ante la jueza que lo investiga desde el primer momento, María Romilda Servini de Cubría. Por lo que se sabe, ante la magistrada Pérez Corradi dijo que alguien del gobierno anterior le facilitó un pasaporte o un documento falso –no pudo aportar ninguna prueba– pero no mencionó que le hayan pasado el dato de que lo tenían ubicado. 
  • Los camaristas señalan que hay que ver todas las comunicaciones de Pérez Corradi en Paraguay para analizar si alguien de la AFI o vinculado a la AFI se comunicó con él en tiempos en que el titular era Parrilli.
  • La Cámara además marca un hecho lapidario: señala que otras fuerzas –Gendarmería, Policía Federal– tenían la misma información sobre Pérez Corradi, que además fue aportada por un gendarme en Misiones. Por lo tanto dejan entrever que no se puede adjudicar responsabilidad únicamente a Parrilli si es que el narco se enteró que lo tenían bastante ubicado. Es algo que hay que probar.

En Comodoro Py transmiten que el expediente quedó en un callejón y que no se ve por dónde se puede acreditar ningún delito. Ese es todo un pronóstico.

Pero, también, en el día de ayer quedó patentado que se trata de una causa que se convirtió en muy incómoda para Lijo e Irurzun, el juez de la causa y uno de los camaristas que firmó el fallo de la Sala II. Ambos quedaron expuestos por el escándalo de la filtración de las escuchas telefónicas. En un caso, el del magistrado, se lo acusa de haber convalidado una causa más que dudosa y haber sido el vehículo para el espionaje. Fue quien le dio todo el poder a la AFI en las escuchas y, además, las ordenó cuando Pérez Corradi ya estaba detenido. En el otro caso, el del camarista Irurzun, es quien está legalmente a cargo de las escuchas y quien tiene responsabilidad en que no se hayan tomado las medidas de seguridad para que los audios y las transcripciones no se filtraran. Desde esa óptica, además de la falta de pruebas como expusieron en el fallo, el expediente les resulta perturbador.

[email protected]