El inicio del debate en la Cámara de Diputados en busca de consagrar una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales coincidió con la llegada a la Ciudad de Buenos Aires del humo por la quema de pastizales en el delta del río Paraná . La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (FdT), convocó a organizaciones de la sociedad civil que hicieron propuestas para la elaboración de una futura ley de humedales, para “su uso razonable y sostenible” y proteger estos ecosistemas amenazados.

Desde el Concejo Municipal de Rosario, intervinieron en el encuentro concejales y miembros de agrupaciones ecologistas que describieron el “desastre ambiental” , así como los perjuicios a la salud de la población y a la ciudad por la quema de pastizales en las islas que dividen, sobre el Río Paraná, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 

La convocatoria fue acompañada por “un tuitazo”, que se convirtió en trending topic, en reclamo de una ley de protección de los humedales. Grosso, propuso “juntarnos una vez por semana” para recibir más opiniones de la sociedad civil, productores agropecuarios y desarrolladores urbanísticos. Todos los involucrados en la problemática.

Varios expositores invocaron la “imperiosa” necesidad de avanzar en una legislación para la protección de humedales y los pasos que debe tener en cuenta una futura ley. “No es una ley antiproducción ni de las actividades que se están haciendo, sino adecuar ordenamientos de la ley para mantener el ecosistema”, sostuvo Elba Stancich, asesora de agua y ordenamiento territorial del Circulo de Políticas Ambientales, que propuso realizar un inventario nacional y acelerar sus tiempos estableciendo “áreas prioritarias” frente a sus devastación, y que las provincias adhieran rápidamente a la ley nacional.

Aníbal Faccendini, director de la cátedra del Agua en la Universidad Nacional de Rosario y magister en ambiente, describió que los humedales ocupan “el 22 por ciento del territorio nacional y el 40 por ciento de la diversidad biológica”, que son “grandes reguladores del agua, como elemento vital para el bien común y no comercializable” y actúan como “esponja del carbono”. En ese marco, propuso trabajar en un proyecto con “perspectiva ambiental del Estado”. “Necesitamos un proyecto de conservación, protección, uso razonable y sostenible” de los humedales, argumentó el ingeniero químico y docente de la UNR, Cesar Mackler, que defendió la iniciativa del diputado socialista santafesino Enrique Estévez. 

“Es necesario un inventario nacional con compromiso de las provincias y con un fondo de incentivo a la política conservación que no entre en contradicción con políticas productivas”, sumó el "ambientólogo" Julián Monkes. "No hay que meter a todos los productores en la misma bolsa”, insistió Monkes y reclamó “un cambio del modelo productivo”, que está “al servicio de la ganancia y no al servicios de la vida”.

Diputados de distintas bancadas respaldaron la convocatoria y asumieron el compromiso de “buscar los consensos necesarios” para redactar una ley “de la misma magnitud que el problema”. Aunque también, hubo miradas diferenciadas.

“Hay un avance de la frontera del agronegocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad", había dicho Grosso al convocar a la comisión y presentar su propio proyecto que establece penas de hasta con 6 años de prisión a infractores y multas de hasta 840 millones de pesos. La lavagnista Graciela Camaño recordó que el Congreso “adhirió a la Convención (internacional) de Ramsar” de protección de humedales, al tiempo que propuso que la futura legislación debería tener “una parte penal para no tener frustraciones y empezar a tener responsables”.