Agentes de la Guardia de Infantería de la provincia de Tucumán organizaron un asado en la sede de la comisaría de Famaillá y luego de una serie de “brindis” de más entraron a los calabozos, golpearon a los detenidos, los desnudaron en el patio y los hicieron “bailar” mientras seguían castigándolos y tirándoles agua. El hecho fue denunciado al Comité Nacional de Prevención de la Tortura como un caso más de violencia policial en esa provincia y el gobierno local ordenó una investigación sobre los policías involucrados.

“Hay chicos con la nariz y las muñecas quebradas, algunos no pueden caminar. Uno de mis hermanos empezó a orinar sangre y el otro no puede estirar la pierna”, contó a Página/12 Camila Rodríguez, familiar dos de los 28 detenidos que denunciaron las torturas en esa sede policial ubicada a 35 kilómetros al sur de la capital provincial.

Lo denunciados apremios ocurrieron durante el jueves por la noche y las primeras horas del viernes, tras un asado realizado por el personal de Infantería que comparte un sector de esa dependencia con policías de Famaillá. “Siempre hacen asados. Pero esta vez tomaron unas cervezas de más y se pasaron”, añadió Rodríguez.

Según su relato, sus hermanos, de 30 y 35 años, estaban conversando en el calabozo y de repente “entraron los de Infantería a las 2 o 3 de la mañana y les ordenaron que se callen. Los golpearon y les hicieron hacer flexiones de brazos en el patio, a ellos y varios más. A los que se cansaban, les sacaban la ropa. Cuatro horas los tuvieron así”, detalló.

Los familiares se enteraron de todo recién el domingo, pero tenían sospechas de que algo habría ocurrido porque varios de los alojados en la comisaría les enviaron mensajes pidiéndoles calmantes, algo poco usual. Tampoco los dejaban hacer las habituales videollamadas con padres y madres, esposas e hijos.

La primera versión que hizo trascender la policía fue que todo se trató de una pelea entre presos por un paquete de cigarrillos. Una vez enterados de todo, los familiares también supieron que los agentes de Infantería “les han dicho que no hablen porque si no los iban a trasladar a lugares más lejanos y les iban a castigar peor”, agregó.

“El primer contrapunto es que hayan hecho un asado en una dependencia policial, lo que viola hasta la normativa sanitaria (por la pandemia); el segundo es que hayan estado pasados de copas, y el tercero son los apremios", sintetizó a Página/12 Matías Pisarello, integrante de Abogadas y Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes). “Fue una situación atroz: los golpeaban, se les reían y les hacían el ‘baile’ propio de quienes ingresan a la fuerza y se los educa con una lógica de violencia que no tiene ninguna razón”, agregó.

La organización denunció “el accionar violento de las fuerzas de seguridad” ante la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional y el Comité Nacional contra la Tortura, y les solicitó que “la investigación se desarrolle con la mayor eficiencia posible y se resguarde la integridad física” de los denunciantes.

La razón del pedido se debe a que la primera actuación del Ministerio Público tucumano fue pedir que las personas privadas de su libertad fueran atendidas por un médico policial, y lo que se exige es que sean revisados por uno legista ajeno a la fuerza denunciada.

El caso por apremios y violencia policial es investigado por la titular de la Fiscalía II de Monteros, Mónica García de Targa, que está tratando determinar la realización del asado, la ebriedad de los agentes y los golpes a los presos.

Entre tanto, el gobierno provincial activó el protocolo para estos casos pero aún no apartó a los miembros de la Infantería acusados –aún no se sabe cuántos son-, que por lo tanto volverán en las próximas horas a cumplir funciones en la Comisaría de Famaillá.

Los familiares tienen miedo de que haya represalias. Camila Rodríguez advirtió que “entre hoy y mañana los de Infantería van a volver ahí y no sabemos lo que puede pasar”. Por este motivo, Andhes exige que se aparte preventivamente a los miembros de la fuerza de seguridad.

El subsecretario de Seguridad provincial, José Ardiles, dispuso el inicio de una investigación interna y se comprometió a “acompañar a la Justicia”. “Si se determina que se cometió algún delito o maltrato, se tomarán las decisiones correspondientes y seremos inflexibles porque no se puede tolerar este tipo de conductas de total falta de respeto y garantía de los derechos humanos”, dijo a los medios locales.

Desde el martes, los denunciantes comenzaron a declarar, previo paso por el Hospital de Famaillá, donde cuatro días después de las golpizas y maltratos comenzaron las revisaciones médicas para determinar las lesiones ante la Justicia.

Pisarello recalcó que “la violencia como práctica sistemática de actuación de las fuerzas de seguridad hacia las personas privadas o no de su libertad es algo común en la provincia”. Por eso Andhes insiste en su pedido de que se ponga en marcha el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, de manera independiente al Poder Ejecutivo tucumano.

Los familiares de los detenidos se acercan diariamente a la comisaría para tener noticias sobre la salud de sus allegados. Camila recuerda que el lunes, al día siguiente de que se enteraran de los maltratos, un miembro de la Infantería le dijo a ella que “todo esto es culpa de los padres, que no educan a sus hijos y que los vuelven dañinos”.