El intendente de la ciudad de Metán se mostró contrario a la decisión nacional de prohibir las reuniones sociales hasta el próximo 16 de agosto en todo el territorio nacional para evitar la propagación de la Covid-19, al considerar que para él “es una norma abstracta que no se va a poder cumplir”.
Issa aclaró que no desconoce el decreto nacional, pero expresó que hace hincapié en lo difícil que será dar cumplimiento “a una orden en donde nos tenemos que entrometer en el seno de familias”. “Si tenemos en Metán 35.000 habitantes y el domingo tenemos 5.000 reuniones, no van a poder emitir todas esas órdenes de allanamiento”, añadió.
En esa línea demostró que tiene un gran desconocimiento sobre las cosas del Estado al afirmar que solo se podrá cumplir con el decreto nacional en el caso de que “el juzgado federal intervenga Salta (sic) y salga una orden de allanamiento para todo el mundo”.
En cuanto a la resolución N° 28 del COE local, que suspende taxativamente los eventos sociales, el jefe comunal aclaró que allí solo se hace mención a “la parte social, que es la que efectivamente vamos a poder controlar, con la otra no tenemos capacidad operativa para hacerlo”.
Por último sostuvo que la medida debería haberse adaptado a cada uno de los casos particulares, “no es lo mismo el AMBA que tiene 5.000 casos por día que Metán que no tiene circulación local y en estos días no hubo ni un solo positivo”.
Desde el Ministerio de Gobierno rechazaron los dichos del mandatario municipal. Explicaron la decisión de suspender los encuentros familiares es una medida “para mitigar el avance y los contagios”, y afirmaron que la decisión va más allá de la opinión del intendente “porque quienes fiscalizan son Nación y Provincia a través de la Policía y no los municipios, y además es un DNU que es Ley, no podemos ir en contra de esa decisión”, dijo uno de los asesores de Ricardo Villada a este medio.
“Va a exponer a los vecinos de Metán a incumplir con un decreto nacional cuando no tiene poder de policía”, aseguró la fuente.
“Ya estamos haciendo las gestiones para volver a permitir las reuniones familiares los días domingos”, recordó el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, quien también recalcó que no es el intendente quien puede tomar esas decisiones.
“Es un DNU, no una cuestión opinable”, manifestó el secretario General de la Gobernación, “para considerarlo inconstitucional tiene que haber un juez”.
Con respecto a la medida adoptada por el Presidente de la Nación dijo compartirla porque “son distintas las reuniones en los restaurantes, en donde hay protocolos y personal dispuesto para que se cumpla, algo que no se puede garantizar en las reuniones particulares”.
De la misma manera se expresó el actual presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, al afirmar que todos los municipios están respetando “lo que dice Nación y Provincia, porque esa es la idea en este momento, seguir las decisiones de quienes saben y están asesorados”.
La prohibición para las reuniones sociales en todo el país abarca eventos públicos o privados con hasta diez concurrentes y reuniones en casas familiares con cualquier tipo de número de personas, más allá de los convivientes.
El decreto advierte que gran parte de la propagación del coronavirus se produce "debido a la realización de actividades sociales en las cuales no se respeta el distanciamiento social y es mayor el riesgo en las aglomeraciones de personas, principalmente en lugares cerrados".
Vetaron la Eco Tasa de Cafayate
Mientras tanto, quedó zanjada la polémica que se había desatado cuando se conoció la ordenanza del Concejo Deliberante que imponía una tasa de unos $50 a quienes visitaran Cafayate en plena pandemia.
La iniciativa que había generado mucho enojo en todo el sector turístico y el Ejecutivo provincial, fue “observada” por el intendente Fernando Almeda, quien en conferencia de prensa la consideró “inoportuna y fuera de contexto, más en la situación de crisis que vive el sector”.
Almeda reconoció que fue un error del cuerpo deliberativo “que le puede pasar a cualquiera”, e insistió en seguir trabajando en conjunto “público y privado y consultar cada decisión”, algo que aseguran, no se había cumplido a la hora de aprobar el proyecto.
El jefe comunal cafayateño explicó que “observar” la ordenanza “es como vetarla, y no podrá ser tratada nuevamente al menos por un año”.
Más adelante añadió que en el actual contexto, cuando comiencen a abrirse las puertas pospandemia, no se recuperará inmediatamente el caudal de turismo internacional, sino que “el primer turista que va a volver a circular será nacional”, por lo que Salta tendrá que competir con otras regiones del país “y esta ordenanza no ayudaba en ese sentido”.
La ordenanza indicaba que la finalidad de esa tasa era “preservar el medio ambiente y evitar el avance del río Chuscha sobre el municipio”, así como disminuir la presión fiscal sobre los residentes locales y, ante la pandemia, contemplar el gasto para el cuidado de la salud de residentes y visitantes.
Establecía un impuesto por cada turista que visite el municipio en vehículos de transporte de pasajeros “y en general mediante cualquier otra forma en uso de servicios de empresas turísticas organizadas que no tengan domicilio en Cafayate” que partía de unos $50 (12 Unidades Tributarias).
El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, fue el primero que rechazó la medida al considerar que era “una torpeza en este momento de crisis”.
El mismo autor del proyecto de ordenanza, Facundo Guzmán, en diálogo con una radio local aceptó que “en este contexto de pandemia, carece de sentido”, y que no sabía cómo llegó a tratarse el proyecto en el recinto “ya que estaba parado en la comisión de Turismo desde el inicio de la pandemia”.
