El senador Iván Cepeda sufrió en carne propia las derivaciones del caso judicial que culminó con la prisión domiciliaria preventiva del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En 2012, Uribe denunció a Cepeda luego de que éste visitara a varios detenidos en cárceles del país, como parte de su activa militancia por la búsqueda de la paz en un territorio diezmado por el conflicto armado. El exmandatario enjuició en aquel entonces al dirigente de izquierda por considerar que "manipulaba testigos" para complicar su situación. Pero se dio vuelta la tortilla, Uribe pasó a ser investigado y ahora permanece detenido por los delitos de fraude procesal y soborno, a la espera del juicio.
Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Estudió filosofía en Bulgaria pero creció en el exilio entre Checoslovaquia y Cuba. Su padre Manuel Cepeda fue un dirigente de izquierda que llegó a ser congresista por la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Su madre, la líder sucreña Yira Castro, fue concejala de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición. A finales de 2009, Cepeda decidió dar el salto de la militancia territorial a la política y fue electo diputado. Desde 2014, es senador del Polo Democrático Alternativo y desde allí pone en agenda diversos temas vinculados a los derechos humanos. En diálogo con Página/12, el reconocido dirigente celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Colombia aunque lo toma "con toda tranquilidad", y asegura que la detención del expresidente "derrumba un mito" enquistado en el país.
- ¿Cómo reacciona a la decisión de la Corte de dictarle detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe?
- Mi reacción pasa por dos planos distintos. En primer lugar, me atañe directamente después de este largo proceso judicial abierto a raíz de una denuncia penal que Uribe formuló en mi contra. Después de estos ocho años en los que ha habido tantos montajes en mi contra, falsos testigos, intentos por llevarme a una condena judicial, creo que es muy importante que la justicia llegue a esta decisión. Nos aproximamos a un llamamiento a juicio y también por lo tanto es necesario en este estadio del proceso dictar una medida que implique la privación de la libertad del senador y expresidente. Asumo esta decisión de la justicia con toda tranquilidad, no es concluyente pero le otorgo un segundo significado que me trasciende y es un significado político innegable. Y es que en Colombia existía hasta el martes una especie de convicción o tabú con relación al hecho de que un expresidente, un hombre poderoso e influyente no podía ser llamado por la justicia, mucho menos privado de la libertad. El martes ese mito fue derrumbado por la Corte Suprema.
- ¿Hay otros procesos judiciales abiertos actualmente contra Uribe?
- Bueno, en la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes hay más de 250 denuncias. El problema es que ese es un órgano que solo opera para el período en el cual Uribe fue presidente (2002-2010), y es un órgano político esencialmente inoperante. Se ha llamado la "Comisión de Absoluciones", para que usted se dé una idea de qué tan inoperante es. Existen decenas de procesos que están en otras instancias e incluso en la misma Corte Suprema, que tienen que ver con delitos que presuntamente se habrían cometido cuando no era presidente, y esos procesos también son importantes y por delitos muy graves. Ahora bien, lo que ocurrió esta semana tiene un efecto adicional que es que esos procesos pueden llegar a activarse de una manera muy seria.
- ¿Le llama la atención la postura del presidente Iván Duque? Salió a defender públicamente a Uribe antes y después de la decisión de la Corte.
- El mundo político de Duque se circunscribe a ese partido del cual es jefe Álvaro Uribe (Centro Democrático), que tiene una estructura de partido caudillista. Si el caudillo es interpelado como lo está siendo hoy, obviamente toda esa estructura política se conmociona. Creo que el presidente Duque está siendo afectado de forma directa por esa situación. Ahora, él podría desmarcarse pero no ha optado por eso. El presidente no tiene por qué estar expresando ante los medios de comunicación y en cadena nacional cuáles son sus simpatías, cómo cree que debiera actuar la Corte Suprema, cuál sería la mejor decisión que debiera tomar. Ese no es el rol de un jefe de Estado. Por eso, desde la orilla de la oposición le pedimos que respete a la justicia.
- De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Colombia, en los últimos cuatro años fueron asesinados 349 líderes sociales. ¿En qué situación se encuentra el Acuerdo de Paz?
- Ahora que se hace un balance de dos años de gobierno del presidente Duque, es importante que ese balance pase por asuntos como éste que son centrales. La pregunta es por qué están asesinando a todos estos dirigentes en los territorios rurales del país. Sencillamente porque no se ha procedido a cumplir y a implementar en debida forma el Acuerdo. Se mantiene el mismo esquema anterior, y es creer que el Estado va a resolver los problemas simplemente enviando unidades militares a estos territorios, continuando esa guerra que se ha perdido hace décadas, que es la guerra contra el narcotráfico. El Estado colombiano sigue alimentando esa máquina de guerra. Los líderes sociales defienden la reforma agraria, la sustitución de los cultivos, la justicia, en suma todo lo que ha previsto el Acuerdo de Paz y es por eso que las organizaciones narcotraficantes, grupos paramilitares y también disidencias de la guerrilla de FARC están actuando en contra de estos líderes con la omisión absoluta del Estado.
- Usted forma parte del Grupo de Puebla. ¿Cómo analiza el presente de la región? ¿Le preocupa que confluyan en el continente tantas expresiones de derecha?
- Hay una radiografía que tiene luces y sombras. Por supuesto que esta emergencia sanitaria está siendo utilizada para un estado de excepción que le hace un gravísimo daño a cualquier expresión democrática. Hay países en los cuales la actuación de los presidentes convertidos en poderes autocráticos ha generado verdaderos ataques contra la población. Por otro lado vemos que hay una estructura de oportunidad en esta crisis, para que se produzcan movilizaciones ciudadanas que den al traste con ese tipo de tendencias autoritarias. Hay que recordar que pocos meses antes de la pandemia había una ola de movilización en la región muy importante. Francamente yo no creo que eso vaya ahora a terminar. Por el contrario, una vez que pase esta pandemia y deje como uno de sus efectos la crisis recesiva de la economía que puede tener repercusiones gravísimas, lo que va a suscitar es una movilización formidable que debe traducirse en cambios democráticos y sociales importantes.
- Estamos a dos años de los próximos comicios en Colombia. ¿Qué cree que le falta a la izquierda de su país para imponerse en elecciones presidenciales?
- Yo creo que el ingrediente es articular esas fuerzas que hay hoy, hacer que entren en una coalición porque ya existen en Colombia las fuerzas sociales y políticas necesarias para producir un cambio. El asunto radica en que puedan unirse y articularse, coordinarse para poder no solamente producir un resultado electoral sino un programa de gobierno, un pacto social histórico que nos permita llegar a la paz total, a un estado democrático y a un proyecto económico que sea al mismo tiempo productivo, que tenga un importante componente de equidad social y luche por evitar los peores efectos del cambio climático.
