El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, acaba de pedirle al fiscal general Jorge Baclini, a través de un carta enviada al gobernador Omar Perotti, que el Ministerio Público Fiscal le envíe documentación obrante en la causa del asesinato del empresario de turismo Hugo Oldani en cuya escena del crimen desaparecieron unos cinco millones de dólares. Como la sospecha generalizada es que el lugar funcionaba como una oficina de operaciones financieras no declaradas, Rodríguez entiende que es su propia competencia. Pero no ha logrado luego de dos meses que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le suministre las carpetas necesarias para investigar a fondo el posible lavado de dinero. La misiva se da en medio de una escalada de cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal  luego de la detención del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad y de la renuncia del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. 

"Solicito su intervención como consecuencia de haber agotado todos los medios a mi alcance para lograr la remisión de distintas evidencias recogidas por el MPA en casos específicos, que incluye un infructuoso pedido de colaboración dirigido al secretario de Justicia de Santa Fe, Héctor Gabriel Somaglia, respecto del cual no tuve respuesta", dice el fiscal Rodríguez en la nota dirigida a Perotti. El 5 de junio, el fiscal federal solicitó formalmente a Arietti, tener acceso a todo elemento de evidencias, pruebas, legajos, anexos y actuaciones realizadas por fiscales del MPA a partir del homicidio. Ante la falta de respuestas, los pedidos de información continuaron. Esta vez, dirigidos en varias oportunidades tanto a la fiscal Cristina Ferraro -la que actuó desde un primer momento luego del asesinato-, como a la fiscal Mariela Jiménez. Pero no hubo respuestas.

Asi la justicia federal jamás pudo acceder a filmaciones, agendas telefónicas, contenidos del teléfono de Oldani, de sus allegados o familiares, o computadoras que se encontraron en la oficina. Todos esos elementos están en manos de la Justicia provincial. Ahora, Rodríguez le plantea a Perotti: "Por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el  fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos".

Entre la documentación que interesa a Rodríguez se cuentan una serie de pagarés que aparecen en fotos tomadas en la oficina de Oldani: se ve claramente que cada pagaré llevaba adherido un papel de máquinas calculadoras, con cifras que podrían revelar movimientos de dinero. Ante la falta de respuestas, el 20 de julio pasado, luego de que transcurrieran 45 días de la primera solicitud, el fiscal Rodríguez canalizó un nuevo pedido formal, pero esta vez lo hizo por intermedio de la Secretaría de Justicia de la Provincia. Tampoco hubo respuestas.

Vale remarcar que el pedido formal a Perotti se basa en un convenio firmado por el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde las parte se comprometen a brindar colaboración mutua para esclarecer delitos. Las fiscales del área de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y Laura Urquiza, también investigan si en la oficina de Oldani se cometían delitos como el lavado de activos. 

En ese marco, hace dos semanas -cinco meses después del homicidio de Oldani-, agentes del Organismo de Investigaciones (OI) allanaron los domicilios de la hija y la viuda del empresario. Los allanamientos fueron autorizados por los magistrados del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, Gustavo Urdiales y José Luis García Troiano. Es decir en la práctica desconocen la competencia federal para estos delitos. El recelo sin embargo de algunos hombres del fuero provincial podría no estar ligado definitivamente a cuestiones técnicas, sino al recelo de abrir el juego en una causa que comenzó con un homicidio y puso en la escena pública el manejo de dinero negro, sobre el que muchos santafesinos parece que prefieren que quede como un secreto de pago chico.