Un millón de pesos de fondos públicos fueron usados entre 2017 y 2018 para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Franco Casco ocurrida en 2014 en la comisaría séptima. Esto reza la denuncia presentada por el Ministro de Seguridad Marcelo Sain a través de la abogada Nadia Schujman desde la Agencia de Control Policial. “Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al período 2015- 2019 cuando el Ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen de Franco Casco ocurrida en 2014", remarcó Schujman, quien recordó además que "en la desaparición de Casco existió un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario, y Asuntos Internos debió investgar la responsabilidad de los agentes, no encubrirlos y terminar enjuiciados".

Los policías de Asuntos Internos involucrados en el encubrimiento de la desaparición y muerte de caso son: el ex jefe de del área, Anibal Candia y el ex jefe de Investigaciones de esa unidad, Sergio Pieroni (ambos sobreseídos) defendidos primero por José Manuel Alcácer y luego por Paul Krupnik; Pablo Andrés Siscaro ( Alcacer) y Daniel Augusto Escobar, imputados ambos como partícipes secundarios y defendido este último por Krupnik, y Carlos Albertos Ríos (también sobreseído) y defendido por Carlos Varela y Adrian Martínez.

“El accionar desplegado por el abogado José Manuel Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública"

El personal de Asuntos Internos fue clave para el encubrimiento, adoptando medidas tales como tomar los testimonios de detenidos en la seccional donde mataron a Casco delante de los propios jefes, o falseando el testimonio de un pastor evangelista para difundir la idea de que el muchacho había sido visto con vida, cuando en realidad ya había sido asesinado. Estas hipótesis fueron sostenidas en momento, durante el gobierno de Antonio Bonfatti por el entonces secretario de Control de Fuerzas de Seguridad Ignacio del Vecchio, a la sazón socio de Alcácer. Justamente, este abogado fue asesor político de la Secretaría de Control  y luego defensor de cinco policías de Asuntos Internos imputados en la causa. Alcácer fue designado como Asesor Técnico Nivell II en la gestión de Raúl Lamberto en el Ministerio de Seguirdad, a través del decreto 2118 del 14 de julio de 2014, firmado por el entonces gobernador Bonfatti. “El accionar desplegado por el abogado Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública, dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos y que tiene –-tal como lo expresa la normativa antes reseñada-– por objetivo fundamental ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial”, se señala en la presentación.

En rigor, el abogado cesó en sus funciones en octubre de 2015 dentro del ministerio pero asumió la defensa de los imputados en septiembre de 2017, cuando no había transcurrido el tiempo exigido por la ley. En esa coyuntura, y mientras era funcionario de la Secretaria de Control, el letrado fue el defensor del médico oncólogo Gabriel Zilli, quien fuera condenado por la causa llamada “Narco Arroz” , en donde de le asignó el rol clave en el andamiaje de un cártel de drogas con ramificaciones internacionales. También fue – ya en 2019 – abogado defensor de Luis Paz (padre del “Fantasma”, Martin) procesado por ser considerado jefe de una banda narco, asociación ilícita y lavado de dinero, patrocinio que compartió con su socio Lucas Peirone, quien fuera designado por el Decreto Nro 2839 de fecha 03 de Septiembre de 2015 como asesor nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cargo al que renunció cuando trascendió que había tomado la defensa de Paz. Actualmente es el abogado del capo criminal rosarino Esteban Alvarado, investigado por asesinatos, extorsiones, amenazas, lavado de dinero y narcotráfico, tal como lo publica el portal Zona crítica on line.

Salvador Vera, abogado querellante de la familia de Casco indicó que “el rol de la Agencia de Control era esclarecer el hecho y no negar que Franco había sido detenido. Desde una perspectiva de derechos humanos, los agentes policiales deben ser apartados, los policías siguieron cumpliendo funciones en la misma seccional 7°. La misma comisaría donde agreden a Elina Rivero y la dejaron en coma ocho días” y más adelante afirmó “Institucionalmente el Ministerio de Seguridad debe resguardar los derechos de las víctimas”.