Tras varios meses de negociación, el gobierno logró un muy favorable acuerdo con el grupo mayoritario de bonistas ley extranjera. Desde lo financiero, y en comparación con la última suscripta ante SEC, la mejora fue mínima. Se modificarán algunas fechas de vencimientos, aunque sin afectar el monto pagado final. 

De acuerdo con la comunicación oficial, habrá un adelantamiento de las fechas de pago de intereses de marzo y septiembre a enero y julio, y de los pagos de tres amortizaciones de los Bonos de Intereses Diferidos, Bono 2030 y Bono 2038. Esto aumentaría el valor de recupero en 1,4 dólares más que el monto presentado en la IV oferta del 5 de julio, llevando el valor de los títulos a los 54,8 cada 100 (para una TIR de 10 por ciento).

Los puntos de mayor conflicto pasaban por lo legal. Y aunque aún no se conoce el detalle técnico, se llego a un acuerdo en torno a los límites a la estrategia de segmentación de acreedores, las clausulas RUFO y los prospectos de emisión de la nueva deuda. Este era un tema central que venía siendo el de mayor conflicto en la negociación, en especial con el grupo de bonistas de tenencia mayoritaria de prospecto 2016 (como el grupo de BlackRock), los cuales querían garantías frente a las condiciones de reestructuración más laxas.

Con la parte más difícil del acuerdo firmada aparecen varios puntos para analizar. En primer lugar, se pone en perspectiva la opinión de los analistas que cargaron tintas criticando la estrategia oficial. Que el acuerdo estaba estancado, que el grupo negociador está siendo demasiado severo, que los bonistas ya han ofrecido condiciones de quita muy favorables para ser rechazadas, que la negociación debía posponerse hasta pase la crisis de la Covid-19. Si se hubiese seguido alguno de los consejos de esos analistas, Argentina hubiese firmado un canje mas costoso del que se firmó.

En segundo lugar, las condiciones financieras que deja el acuerdo implican una virtual vuelta de página para el sector externo argentino.

Los cupones promedio de la nueva deuda se reducen de 7 a 3 por ciento, los plazos de madurez se alargan de 8,7 a 12,5 años y el flujo total de pagos disminuye en casi 34.700 millones. Esto representa un ahorro total de divisas del 27 por ciento respecto al stock de deuda actual.

Un trato similar serán otorgado a los bonistas bajo ley local. Esta es una parada mucho más fácil ya que no se necesitan umbrales mínimos de aceptación voluntaria y la mayor parte de la deuda elegible esta en propiedad del sector público.

Luego seguirá el FMI, un tema que necesita ser abordado con determinación pero sin prisa. Los vencimientos más importantes con el Fondo caen recién en 2022-2023, otorgando una ventana temporal mayor que la que se tuvo con los bonistas privados, cosa que debería ser aprovechada para discutir que es más conveniente para el país en la nueva etapa que se inicia.

Por ello, y excluyendo lo que suceda con el FMI, el mayor logro de la negociación es la obtención de un virtual periodo de gracia en los pagos de capital e intereses para los próximos 4 años: entre 2020 y 2024 solo deberán pagarse un total de 3900 millones de dólares de deuda. Es decir, el equivalente a dos meses de fuga de capitales del gobierno de Macri en 4 años.

A partir de allí, los vencimientos van creciendo, aunque nunca superan los 5500 millones de dólares, y recién en 2028 se acumulan los vencimientos de capital más significativos. Esto significa que, de no mediar ningún cambio de régimen de uso de los dólares para fines especulativos o fuga de capitales, se elimina la necesidad de colocar nueva deuda por al menos 8 años. 

* Nicolás Zeolla: Fundación de Investigaciones para el Desarrollo-FIDE.