Por más de tres horas, una decena de representantes de los magistrados, constitucionalistas y expertos en derecho penal –propuestos por el oficialismo y la oposición -expusieron ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado sobre el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional. Las posturas de los especialistas también generaron intercambios y cruces con los senadores de uno y otro signo político. El debate continuará el martes con más expositores, entre los que figuran el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y el consejero de la Magistratura alineado con el macrismo Alejandro Fargosi.

En medio de un intercambio cordial tampoco faltaron los cruces entre especialistas y senadores. El titular de la Cámara del Crimen de la Ciudad, Alberto Seijas, dijo que reducir la acordada que declaró “inconstitucional” el proyecto es “una simplificación extrema”. En respuesta a las aclaraciones que le pidió el senador Oscar Parrilli (FdT), Seijas aclaró que la acordada “no dice eso, la Cámara no consideró inconstitucional la ley, es casi un título periodístico”. Incluso, sostuvo que “no tengo autoridad para cuestionar”. De todas maneras Seijas planteó sus objeciones: “Las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces a sin materia a tratar”.

Pero el senador chubutense del Frente de Todos, Mario Pais, criticó “la mirada de Cámara y le respondió al camarista sobre el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como establece la Constitución: “el artículo 32 de la norma establece que magistrados, funcionarios y empleados conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, obra social y derechos previsionales. Y el 33 establece la transferencia de recursos".

Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada, sostuvo que en los cuatro años de macrismo “hubo un deterioro institucional” en el Poder Judicial y que el proyecto tiene como finalidad evitar "maniobras que buscan saldar discusiones políticas" y separar al Poder Judicial "del poder político y mediático". El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, le preguntó “si tenía pertenencia política” y si había “visitado en la cárcel a (Carlos) Zannini”; a lo que Desojo contestó que “milita desde el derecho para mejorar la justicia”.

“Es ineludible avanzar en la reforma judicial, que debe ser el pilar más importante de cualquier República y que reside justamente en ampararse en el derecho y la igualdad ante la ley", dijo María de los Angeles Sacnun (FdT), que preside la comisión de Asuntos Constitucionales al abrir el plenario por videoconferencia. 

“Cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada”, comenzó el abogado magíster Alberto Garay, y señaló que el proyecto “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas”. También reclamó más designación de fiscales que jueces y sostuvo que el método de designación de los jueces subrogantes para los nuevos juzgados “es en contra de la Constitución”.

Si bien el senador Pais admitió que la “clasificación dogmáticamente clásica” de las subrogancias se refieren a juzgados ya existentes, aseguró que “la norma sí prevé, y se ajusta incluso a lo que prevé la acordada 4 --de la Corte Suprema, mencionada por Garay--, sobre la participación del Consejo de la Magistratura con una mayoría calificadísima y también la del Poder Ejecutivo y el Senado”. No hubo respuesta del magíster.

Por su parte, el abogado especialista en asuntos penales Marcos Salt se mostró a favor de una reforma judicial, pero marcó cuestionamientos: “Si Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta? Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?”, se preguntó.

Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES, cargó duro contra el proyecto oficial en sintonía con Juntos por el Cambio. “Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral”, manifestó, y consideró que de lo contrario, será “una reforma sometida al volátil vaivén del humor electoral”. “Para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto solo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”, dijo.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, cuestionó que “se proponen crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”. Y, en igual sentido que Seijas, señaló que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional.

Parrilli recordó que Tagle dijo compartir las declaraciones del presidente Alberto Fernández de “tener una justicia independiente” y le preguntó si la Asociación de Magistrados se pronunció en contra de los casi 25 juicios políticos solicitados por la administración macrista a jueces por el sentido de sus fallos. Tagle aseguró que la asociación se pronunció a favor de los jueces. Parrilli le pidió que envíe al Senado esos pronunciamientos si existen.