Con dos hechos relevantes se reactivó esta semana en Chaco la causa donde se investiga la responsabilidad de los efectivos policiales en los hechos ocurridos en la localidad de Fontana, donde fueron torturados cuatro jóvenes de la comunidad qom. Por un lado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se presentó como amicus curiae de la querella. Y además se concretó una audiencia virtual, donde se presentaron tres testimonios que podrían ser claves en la investigación.

En la audiencia declararon dos testigos presenciales, familiares de los jóvenes violentados en los allanamientos, del 31 de mayo, y un tercer testimonio no solicitado por la querella que podría dar un giro en relación a la veracidad de las actas labradas en la comisaría luego de los operativos realizados.

Los familiares son Ignacio y Sara Fernández, abuelo y hermana de dos de las víctimas, respectivamente. Sara, además, es quien graba el video que, al volverse viral, expuso la violencia institucional que derivó en la causa judicial. El tercer testigo podría dar un nuevo perfil a la veracidad de las actas labradas en la comisaría de Fontana en relación a los hechos que implican allanamientos a casas de familia sin orden judicial, abuso sexual, detenciones y torturas a los jóvenes qom.

En tanto el CNPT, además de su participación como amicus, afirma en una comunicación oficial que “no calificar como tortura los hechos de Fontana, atenúa su gravedad y dificulta la prevención de situaciones similares”. Realiza además una recomendación que busca la protección de las víctimas y de sus familias, y advierte sobre la necesidad de revisar el régimen de disciplina aplicada sobre los imputados.

Esto respalda el trabajo de los organismos provinciales, dado el cambio de carátula en la causa el último día antes de la feria judicial. Ese 8 de julio, la investigación contra los cuatro efectivos policiales involucrados -a cargo de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de Chaco-, tuvo una modificación sustancial: el cambio en la nominación del expediente definida por la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli. Esto permitió la excarcelación de los imputados que hoy se mantienen en funciones, aunque en forma pasiva. Lo cual no deja de ser preocupante para las víctimas y sus familias, señalan los abogados querellantes.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “se celebra que el Comité se construya en amicus”, explican a Página/12. Destacan que “los imputados están en libertad por decisión de la Justicia” y no han retomaron la actividad por decisión del gobierno provincial. Se refieren al episodio que culminó con un recambio en la cúpula policial , cuando “desde la conducción de la fuerza se había pedido que se los pase a servicio activo, pero se pudo frenar desde el Ejecutivo”, recuerdan. Aseguran que “la familia tiene asistencia y se encuentra en constante diálogo con los equipos de la Secretaría y con acompañamiento psicológico”.

El proceso es complejo y el CNPT recomienda que se “investiguen los patrones de violencia y discriminación contra la comunidad qom”, dado que no es el primer caso con estas características. Y promueven “incorporar la perspectiva de género”, ya que los actos incluyen abuso sexual a las víctimas.

La abogada Antonia Cuadra, quien representa a las víctimas por parte del Estado, detalló la importancia de la audiencia, donde dos testigos testimoniaron sobre allanamientos a las casas de las familias qom en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana. La declaración de Ignacio Fernández, el abuelo de dos de las víctimas, confirma que el allanamiento fue a las 4 de la mañana, que entraron a la vivienda donde él estaba durmiendo con su nieto Cristian y dos niños, sus bisnietos. Dispararon al aire –al otro día se recogieron varios casquillos que lo prueban- y se llevaron a Cristian por la fuerza.

En tanto Sara Fernández tomó el registro de video del ataque en casa de Elsa, su mamá, y también madre de los jóvenes atacados. Eso fue central para la relevancia que toma el caso a nivel nacional. Y pone en evidencia el abuso de autoridad y la discriminación que señalan los hechos, tanto en relación a la pertenencia a un pueblo originario, como a los ataques sexuales.

El tercer testimonio en la audiencia es considerado clave, ya que puede poner en cuestionamiento la verdad o falsedad de las actas que se firmaron en la comisaría 3ra. de Fontana, dado que es uno de los firmantes por ser vecino de esa comisaría.

Junto a la abogada Cuadra, trabajan los letrados Kevin Nielsen, por parte de la Secretaría de Derechos HUmanos, y Selva Nazaruka, patrocinante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que preside Silvio Del Balzo. “Nosotros presentamos un habeas corpus durante el ASPO –detalla Del Balzo- por el abuso en los procedimientos, hace más de dos meses. Los sucesos de Fontana sólo confirman lo que estábamos denunciando”, sostiene Del Blazo. “La presencia del CNPT como amicus va a generar un efecto positivo en el expediente –sostiene el abogado- porque siempre es bueno determinar formas y métodos que ayuden a clarificar las causas donde se involucran fuerzas de seguridad y haya violencia institucional, porque esto no es un delito común”.

Al respecto, Del Blazo señala que durante los primeros meses del ASPO, “la policía detenía a los jóvenes y los encerraba en grupos, en las comisarías, mientras que la indicación sanitaria era no generar tumultos ni aglomeración de personas”. Un ejemplo entre otros de abuso de poder y violencia institucional denunciados ante el comité provincial.