La vicepresidenta Cristina Fernández denunció que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consagraron “una vez más la impunidad para Mauricio Macri”. La afirmación llega después de que los jueces federales limitaran el peritaje ordenado por la juez María Romilda Servini a las llamadas telefónicas del ex mandatario.
Cristina Fernández criticó fuertemente la resolución de los integrantes de la Cámara Federal y recordó a Irurzun como el responsable “de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri”. También hizo referencia al “traslado flojo de papeles” de Bruglia que se realizó “sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley”.
A través de un hilo en su cuenta de Twitter agregó: “La jueza Servini de Cubría había solicitado a las empresas telefónicas `las llamadas realizadas entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo`. ¡Ojo!: no el contenido de las llamadas”.
Según la vicepresidenta, “la prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”.
Y no se privó de marcar la doble vara con que sectores de la justicias, la oposición y los medios que le responden se plantan frente a las iniciativas de reforma judicial del actual Gobierno.
“Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza”, agregó.
Asimismo, acusó al Poder Judicial de garantizar a Macri “la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos y en la causa por escuchas ilegales como Jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente”.
“No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”, finalizó.
Más allá de los señalamientos de la vicepresidenta, la causa, con los límites que le puso la Cámara Federal, seguirá su curso. Ni la investigación ni la prueba pedida por Servini de Cubría quedaron descartadas. Ante el cúmulo de pruebas ni siquiera Irurzun y Bruglia, dos de los jueces más comprometidos con el macrismo, se atrevieron a hacerlo. Le exigieron a la jueza que ponga límites más estrechos a su pedido, algo que nunca hicieron con las "excursiones de pesca" del fallecido Claudio Bonadio, pero cuando la jueza lo determine, Mauricio Macri tendrá que presentar su teléfono.
La Cámara también le advirtió a la jueza que “se deberá asegurar allí que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
La advertencia tiene dos objetivos. Por un lado, prevenir sobre posibles "filtraciones", algo que esos jueces y buena parte de sus colegas se especializaron en hacer para perjudicar la situación de los ex funcionarios kirchneristas investigados. Por el otro, impedir que los informes que consiga Servini puedan ser usados en otras causas de las que ya están abiertas contra el ex presidente. Otro recaudo legal que no existió en el anterior Gobierno.
Cuando toda la prueba llegue finalmente a manos de Servini, es más que probable que la misma justicia que fue parte de tantos atropellos durante el gobierno de Juntos por el Cambio, volverá a protegerlo. Por lo menos, en eso confía Macri.
