En lo que fue la tercera sesión virtual durante la pandemia y la decimosexta en lo que va del año en el Senado provincial, uno de los temas que generó diferencias, fue el intento de algunos legisladores de tratar sobre tablas un proyecto para intervenir el municipio de Aguaray.

El intendente de esa localidad, Jorge Prado, fue denunciado en marzo por permitir el robo de caños del gasoducto del NEA que estarían valuados en 3 millones de dólares. Por el hecho, pesa una denuncia penal en su contra.

El proyecto, de autoría de los senadores Guillermo Durand Cornejo, Manuel Pailler y Javier Mónico propone la intervención del Ejecutivo municipal y el llamado a elecciones para el 2021.

Al igual que en la Cámara de Diputados, fueron los representantes del oficialimo quienes se opusieron a su tratamiento y adujeron que se necesitan más elementos para poder expedirse al respecto. Entre ellos, Jorge Soto, quien aclaró que todos los senadores tienen conocimiento de lo sucedido pero por los medios.

Esteban D´Andrea indicó que el hecho es de gravedad, pero amerita un mejor estudio, y que para ello “no estaría mal poder tratarlo en comisión”, y se preguntó porqué aun no fue tratado en diputados.

Guillermo Durand Cornejo explicó a sus pares que existe un proyecto de intervención desde el mes de marzo en la cámara baja y que “el municipio no logró los dos tercios para destituirlo, por lo que corresponde que se encuentre alguna solución sobre un intendente denunciado penalmente”.

Otro de los autores del proyecto, el legislador Javier Mónico, sostuvo que “por lo que va saliendo a la luz, los hechos son cada vez más graves” y remarcó que el senado "no podía mantener su inacción, más sabiendo que en diputados también se viene impulsando el mismo tipo de proyectos desde hace varios meses y por una cuestión y otra se viene dilatando su tratamiento”.

El representante por Rosario de la Frontera, recordó que el proceso de destitución que llevó adelante el Concejo deliberante de Aguaray tampoco obtuvo mayoría (5 a 4), por lo que reiteró que urge tomar una decisión al respecto.

Comité para la Prevención de la Tortura

Ayer se avanzó con una de las deudas de la provincia en materia de derechos humanos y uno de reclamos históricos de los organismos, más desde que el ejecutivo dictó el decreto 255/20, luego convertido en Ley 8.191 que otorga a la policía facultades extraordinarias durante la pandemia.

Quizá como una respuesta a la demanda y a los casos de abuso policial que salieron a la luz, la cámara alta, mediante una resolución, decidió convocar a concurso público para designar un representante del Senado en el Comité Provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Ley 8.024).

Consistirá en una evaluación de los antecedentes de los postulantes a cubrir el cargo y una entrevista personal ante una comisión integrada por los Senadores Walter Cruz, Silvina Abilés, Dani Nolasco, Javier Mónico, Esteban D´Andrea, Sergio Saldaño y Marcelo García.

Juzgado Multifuero en Güemes

Se dio media sanción a la presentación del senador Carlos Rosso para crear, en el Distrito Judicial Centro, un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, de Personas y Familias, de Violencia Familiar y de Género con asiento en la ciudad de General Güemes. Pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Rosso aclaró que el proyecto fue considerado positivamente por los abogados del departamento Güemes, así como por el procurador General, Abel Cornejo, el secretario de Justicia, Diego Pérez y el de Seguridad Benjamín Cruz.

Bioetanol

Se aprobaron dos declaraciones para mejorar la producción y la distribución de biocombustible obtenido de la caña de azúcar.

Una de ellas solicita al ejecutivo provincial y los legisladores nacionales a que realicen las gestiones ante la Secretaría de Energía para utilizar los poliductos concesionados a las empresas REFINOR e YPF que van de Campo Durán a Buenos Aires, “para el transporte del Bioetanol de caña de azúcar producido en el NOA”.

“Todo ello a fin de mejorar las posibilidades de la industria alcoholera, la competitividad del sector de biocombustibles y la operatividad de la red vial actualmente saturada en el volumen del tránsito pesado”, expresa el proyecto.

La otra declaración, pedía a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Provincia ante el Parlamento del NOA, los legisladores nacionales y el Ejecutivo provincial que realicen las gestiones ante la Secretaría de Energía con el fin que se prorrogue la vigencia de la Ley N° 26.093, de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles que vence en mayo de 2021.

A su vez, el proyecto solicita que se modifique el decreto 543/2016 incrementando del 12 al 15% en volumen el porcentaje obligatorio de bioetanol en su mezcla con las naftas de uso automotor a comercializarse en todo el Territorio Nacional.

Atención Ciudadana y seguimiento de la deuda

Quedó conformada una comisión especial de Atención Ciudadana que estará constituída por siete senadores y tiene como función generar un vínculo directo entre la Cámara y la sociedad civil. Podrán recibir solicitudes y consultas de parte de los ciudadanos, en forma individual “o a través de cualquier tipo de organización”.

Deberá a su vez, crear los canales idóneos para comunicar los temas que se encuentran bajo tratamiento, las actividades realizadas y las proyectadas. Estará integrada por los Senadores Carlos Rosso, Roberto Vásquez, Francisco Sanguino, Guillermo Durand Cornejo, José Ibarra, Sergio Ramos y Carlos Sanz.

Además, se designaron los senadores que integrarán la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Restructuración de la Deuda Provincial. Sus titulares serán: Jorge Soto, Javier Mónico, Mashur Lapad y Silvina Abilés. Los suplentes: Manuel Pailler, Carlos Rosso, Roberto Vásquez y Alfredo Sanguino.