Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal indican que hubo 5.181 denuncias por violencia de género desde el 1 de enero hasta el 30 de julio del 2020. En tanto durante el período de pandemia, desde el 20 de marzo al 30 de julio se registraron 3.182. En todo el 2019 hubo 8.307. 

La fiscala especializada en género, María Soledad Filtrín explicó que las denuncias aumentaron en la etapa de distanciamiento social y señaló la necesidad de articulación con las instituciones y ONGs para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Las referenta de la Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández planteó que hay obstáculos en el acceso a la justicia y a los derechos para las víctimas.  

El distrito Centro es el que mayor cantidad de denuncias tiene, con 3.513 de enero a julio y específicamente durante la pandemia 2.128. En Capital se registraron 3.103 denuncias, en El Carril 40, en Cafayate 59, en Cerrillos 132 y en Rosario de Lerma 179.

El distrito judicial Sur tuvo en total 588 denuncias de enero a julio y en el período de pandemia en particular 339. En el departamento Metán, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género tuvo 183 denuncias de enero a julio. Mientras que en el departamento Anta las tres fiscalías penales que intervienen ante lesiones y amenazas, tomaron 114 denuncias. En este departamento no hay fiscalías especializadas en género, también toma las demandas el Juzgado Multifueros civil, comercial, laboral, de personas y de familia cuando las situaciones no conllevan delitos de competencia penal. En el departamento Rosario de la Frontera, hubo 184 denuncias.

El distrito Orán tiene en total 541 denuncias de enero a julio y de estas cifras 300 corresponden al período de pandemia. La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género registró 405 denuncias. La Fiscalía Penal de Pichanal recibió 89. La Fiscalía penal de Colonia Santa Rosa, 47.

El distrito judicial de Tartagal registró 539 denuncias por violencia de género de enero a julio. De ese número, 365 son de marzo a julio entre el aislamiento y distanciamiento ante Covid 19. La Fiscalía Penal por Violencia Familiar y de Género de Tartagal registró 402 demandas, la de Embarcación 82 mientras que la de Salvador Mazza 539.

Salta/12 consultó con María Soledad Filtrin quien está a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán e Integra el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género. La funcionaria explicó que el Comité provincial se está reuniendo de forma mensual y destacó la existencia de ese espacio para fijar objetivos, aunar esfuerzos y no caer en superposición de tareas. 

Dijo que hace falta articulación y es necesaria "mucha capacitación en género para generar sensibilidad" en distintas instituciones como el mismo Ministerio Público Fiscal, la Policía, los hospitales, APS (programa de Asistencia Primaria de la Salud que trabaja con agentes sanitarios) y que tengan "empatía con la víctima".

Respecto a la Fiscalía de Orán, "en los primeros tiempos de fase 1 ante la pandemia de Covid 19 era mínima la cantidad de denuncias que teníamos, esto no implicaba que no había violencia de género sino que el peligro estaba puertas adentro y las mujeres no tenían posibilidad de denunciar", explicó Filtrin. "Tuvimos un rebrote de denuncias por violencia de género y abuso sexual en mayo, junio y julio, aumentaron en la fase de distanciamiento social", detalló. 

Dijo que en su caso tiene la tarea de cumplir con la "sanción" ante la violencia de género por lo que le corresponde investigar los hechos delictivos y la detección temprana. "Buscamos la sanción en delitos leves para evitar finales drásticos que son los femicidios. Estamos haciendo prevención y sobre todo determinando y tomando decisiones oportunas. Tenemos que trabajar más articuladamente todos para el mismo lado. Las víctimas tienen muchas cuestiones que resolver cuando se animan a hacer la denuncia", aseveró.

Filtrin indicó que es "complejo el abordaje de una mujer que sufre violencia de género, sobre todo si tiene hijos en común con el agresor". Planteó que hay mujeres que piensan y le dicen respecto al violento, "él es agresivo conmigo pero es bueno con mis hijos”. La fiscala explicó que los hijos y las hijas "son testigos de las escenas de violencia de género y eso implica una violencia" hacia ellos y ellas. 

"Como se vincula el agresor con los hijos no corresponde a lo penal sino a lo civil, por eso es complejo el abordaje de una mujer que sufre violencia de género. Todos tenemos que trabajar comprometidos", afirmó.

La fiscala dijo que hay asociaciones y organizaciones que colaboran con las víctimas y les brindan asistencia y recordó que antes de que la cerrasen coordinaba con la Cooperadora Asistencial que "cuando venía una víctima que necesitaba asistencia económica les daban un bolsón", sostuvo Filtrin. 

La fiscala explicó que en materia de género no se requiere formalidad de denuncia. "Me tocó actuar de oficio. Muchas veces la víctima no quiere radicar denuncia. Si yo lo puedo probar con otro elemento de prueba, actúo de oficio en las investigaciones", aseguró.

La fiscala señaló que la ratificación con el testimonio de la víctima es necesaria cuando se toma conocimiento por algún vecino, porque se hizo un informe policial o hubo llamadas al 911, "para confirmar que está en una circunstancia de violencia y la está naturalizando". 

La funcionaria dijo que ha llevado causas a juicio incluso con la retractación de las víctimas, que es un aspecto importante cuando están sufriendo violencia. Planteó que en esos casos deben valorarse los informes interdisciplinarios, socioambientales y las pericias psicológicas a la víctima y a los violentos.

"Se puede hacer una prognosis. El 80 por ciento de las víctimas se retracta luego de las denuncias, es normal y esperable. Hay que analizar con mucho cuidado los otros elementos de prueba. Hay un período de retractación esperable pero eso no quita el ilícito. Yo pido juicio igual. Con otros elementos pruebo que la víctima afronta un período de retractación, evalúo si hubo otras denuncias, llamadas al 911 donde queda plasmado el temor al agresor", manifestó. 

La demanda de la militancia feminista

La referenta de la Fuerza de las Mujeres y codirectora de las Consejerías Comunitarias, Sofía Fernández, planteó que hay obstáculos en el sistema para que las sobrevivientes de violencia y abuso sexual tengan acceso a la justicia y a todos los derechos.

En plena pandemia, Fernández contó que hay comisarías en las que no toman las denuncias. 

"En Cerrillos, cuando una madre fue a denunciar a su hijo violento en la Comisaría no le tomaron la denuncia porque era feriado. Después fue a la Fiscalía y le dijeron que vaya a la Comisaría. Estuvo más de 20 días para denunciar. Articulamos en ese caso para brindar acompañamiento con la CCC (Corriente Clasista y Combativa). Si alguna de nosotras no está molestando, insistiendo, visibilizando es difícil el acceso a la justicia", aseveró Fernández.

La referenta dijo que falta perspectiva de género en las comisarías y en el 911. "No tienen idea de lo que dicen y cambian las palabras cuando las víctimas van a denunciar", planteó. 

Fernández sostuvo que con la pandemia "todo se ha burocratizado más". Dijo por ejemplo que antes en un CIC de Limache un abogado asesoraba a las víctimas de violencia y ahora está cerrado. "Los médicos no atienden por los certificados de salud que son necesarios para tramitar pensiones de discapacidad o la AUH", manifestó. La referenta planteó la necesidad de asistencia económica "para que se empoderen las mujeres que no tienen un mango".

"Cuando una mujer por fin llega a la comisaría a denunciar, a veces esperamos años para que tomen esa decisión, sobre todo cuando la violencia es intrafamiliar. Cuando el violento es el padre, el hermano, cuesta más, y no debe haber obstaculalización. En las comisarías por lo general se las revictimiza, les hacen preguntas sobre sus vidas. La violencia estructural está normalizada" señaló Fernández.

La referenta planteó dificultades de las víctimas con hijos a cargo para llegar al Polo Integral de las Mujeres, que tiene "horarios restringidos" y obstáculos para acceder a los refugios. 

"Primero tenés que lograr que te atiendan en el Polo y que desde ahí manden la orden para poder ingresar a las víctimas a un refugio. Y piden que haya denuncia, a veces las víctimas no quieren denunciar", explicó Fernández.

Para la militante el primer obstáculo para las víctimas es desconocer sus derechos. Dijo que por eso es tan importante la Educación Sexual Integral. "Solo con eso te das cuenta de lo que te está pasando, y hay que tener herramientas para salir de ahí", precisó.

"Hay niños que reproducen la violencia que han visto en los padres", ejemplificó y dijo que por ello es necesaria la ESI en las instituciones educativas además de la asistencia integral del Estado para casos específicos.

"Insistimos que la Justicia y las políticas públicas tienen que tener perspectiva de género. Es muy duro pasar por el recorrido burocrático para lograr asistencia psicológica, jurídica y tener acceso a derechos. Debería ser accesible para todas", expresó Fernández.