Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la situación crítica de las comisarias bonaerenses se agravó en los meses de pandemia de la Covid-19, y en agosto se alcanzó la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años: 5480 detenidos están alojados en una estructura preparada para 1199 personas que, naturalmente, no cumple los estándares internacionales establecidos por los tratados de derechos humanos.
"Los índices de sobrepoblación y hacinamiento extremo, sumadas a las atroces condiciones de detención, se constituyen en torturas y malos tratos que se agravan frente a la falta de mecanismos de control y cuidado para atender situaciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19", advirtió la CPM poco antes de que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaran la inauguración de 364 nuevas plazas en cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La situación de "grave estado estructural" en las comisarías bonaerenses, con una sobrepoblación del 357% urge también, señala la CPM, "definiciones políticas que contribuyan a revertir estas graves violaciones de derechos humanos".
La cara más cruel de la crisis se vio durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando se registraron las dos peores masacres en comisarías de la historia en la Provincia: las de la comisaría 1ª de Pergamino y la 3ª de Esteban Echeverría , en las que fallecieron 17 personas.
A 3 años de la masacre de Pergamino y 1 año y medio de la de Esteban Echeverría, la situación continúa agravándose en los calabozos que la CPM denomina "cuevas inhumanas (...) que producen diariamente nuevas víctimas".
"Cuevas inhumanas"
En su rol de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, junto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), el CPM realizó inspecciones en las comisarías 3ª de Quilmes y 2ª de Virrey del Pino, ambas alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La inspección conjunta también registró que en ambas comisarías permanecen detenidas personas por delitos menores, excedidas en los tiempos legales de detención, algunas de ellas más de un año, y no existen protocolos por la Covid-19.
Además de la prohibición de funcionamiento por la cautelar de la CIDH, sobre la comisaría quilmeña pesa una orden de clausura judicial de junio de 2020, prohibición que también recaía sobre la 3ª de Esteban Echeverría la noche de noviembre en la que se incendió.
En la inspección, la CPM y el CNPT verificaron que en la 3ª de Quilmes, que tenía un cupo disponible de 12 plazas antes de la orden de clausura, había 52 personas detenidas, lo que implica un 333% de sobrepoblación. Esas 52 personas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales, y comparten un sector común, un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación.
"El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso", relata el informe del CPM, que agrega que "según el comisario sólo hay 10 colchones, así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo". La misma situación previa a las masacres de 2017 y 2018.
Entre otros derechos vulnerados, la CPM y el CNPT detallaron que "la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento".
"El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino no es muy diferente", relata el informe sobre la comisaría sobre la que pesa una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas, hecho que se incumple desde hace cuatro años. Antes de que se dictará la cautelar de la CIDH, la comisaría de Virrey del Pino contaba con un cupo para 8 personas, pero durante la inspección se registraron 33 personas detenidas, una sobrepoblación del 312%.
"Lo constatado en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del estado en que se encuentran las comisarías en la provincia de Buenos Aires. La continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte", sentencian.
