Mientras se desvanece la esperanza de que el operativo en el kilómetro 780 de la ruta 3 cerca de Mayor Buratovich arroje algún resultado positivo, en la investigación por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro fue recusado por segunda vez el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien acaba de rechazar el pedido de detención de los policías hecho por la familia. El fiscal adujo que la jueza del caso ya había rechazado su solicitud para detener a dos miembros de la comisaría de esa localidad, pero la querella de los Castro sostuvo que ese requerimiento no estuvo bien fundamentado, de tal modo apelarán su decisión ante los superiores de Martínez en la Procuración General para lograr que haya algún imputado en la investigación.

"A medida que la querella analizo el expediente se observaron algunas cuestiones que si en un primer momento generaron algunos interrogantes sobre el interés y compromiso para descubrir los delitos denunciados, a esta altura esos interrogantes se han disipado y no queda duda alguna de la lentitud, incapacidad, la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía, que ya bordea la actitud dolosa del señor fiscal", dice el escrito firmado por Cristina Castro, madre de Facundo, y presentado por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio. En el texto los letrados también detallan la lista de medidas pendientes solicitadas por la familia y por la Procuración de Violencia Institucional (PROCUVIN), entre ellas el fundamental aporte de los datos sobre los vehículos y los teléfonos de los policías, sin los cuales es imposible avanzar en el cruce de la información, así como en las detenciones de los uniformados. "El fiscal me hizo perder un día y una tarde completa, quiero llevarme a mi hijo a casa", dijo Castro al llegar al operativo.

Con un día y medio de demora, la fiscalía permitió la participación del perito de la familia, el adiestrador Marcos Herrero, de modo que el ovejero Yatel estuvo aportando su olfato junto a otros canes, Duke, el sabueso que encontró el collar de Santiago Maldonado, y Uma. Pero la madre de Facundo expresó su angustia por la continuidad de su presencia en el caso. "Tuve que llamar al señor Presidente (Alberto Fernández) anoche porque me quieren sacar a Marcos, su superior (en la policía de Río Negro) lo llamó para que se presente el sábado y lo amenazó con que le iban a abrir una causa, no entiendo por qué no quieren que se sepa la verdad y que Marcos ayude", dijo.

El lugar del rastrillaje se encuentra en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta 3, a poca distancia del lugar donde los tres testigos de la querella particular dijeron haber visto a Facundo subiendo a una patrulla cerca de las 15.30 del 30 de abril. A pesar de los mega operativos desplegados con fuerzas federales, canes y drones en toda la zona, ese espacio no había sido rastrillado con anterioridad. El dato fue aportado a la madre del joven con una llamada de alguien que se identificó como "una vidente", y ese mismo día encontraron huesos, que no son humanos sino de animal, ropa, zapatillas, una mochila y una taza con el escudo de Boca. 

"Lo analizaremos con cautela pero creemos que esto no tiene la relevancia del hallazgo del regalo de la abuela de Facu, salvo porque el buzo es parecido a uno que tenía todo puede pertenecer a otra persona, cuando lo buscaron en Bahía Blanca no nos opusimos de modo que tampoco podían dejar de buscar si por alguna a razón la madre cree que hay que hacerlo allí", dijo Aparicio a este diario. Consultado sobre la posibilidad de que quien aportó el dato sea una persona involucrada en el crimen, el abogado respondió que eso se determinará con el análisis de los teléfonos. 

En la nueva recusación contra el fiscal Martínez volvió a surgir la queja por su falta de cuidado para con la víctima: el miércoles Cristina Castro tuvo que esperar horas parada sin respuestas de su despacho. "En dichas circunstancias, concurrieron junto con la Policía Federal miembros de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de realizar allí tareas de rastrillaje, como tantas otras en anterioridad fueron realizadas por orden de la Fiscalía interviniente", dice la nueva denuncia. Ante el pedido de que participe el perito Herrero, la fiscalía dijo que debía autorizarlo el juzgado federal de María Gabriela Marrón cuando todos los anteriores procedimientos se hicieron por su propia iniciativa.  

"Ignora y desconoce dicho funcionario del Ministerio Público los derechos consagrados a la víctima como tal, con plena capacidad de producir y controlar prueba, haciendo incurrir en gastos, esfuerzos y dolores inmensos para esta madre, teniéndola por horas parada al costado de la ruta y habiendo resuelto colocar una consigna judicial (con todo lo que ello implica) a la espera de una autorización que a todas luces no es necesaria, sino por el contrario, retrasa y demora diligencias urgentes", dijeron los abogados. En los hechos, se quejaron de la falta de respuesta a las llamadas telefónicas y los mensajes. "La fiscalía interviniente continúa desconociendo ya no solo en sospecha de ignorancia operativa, sino además con fundamento en malicia reiterada, dolosa y notable al no tener diálogo ni trabajar mancomunadamente con quien se supone debe acompañar en nombre del Estado, la acción pública de la que es titular", indicaron, y pidieron sean investigadas dos secretarias de la fiscalía en el marco del encubrimiento que ya vienen denunciando.


A través del sitio fiscales.gob, la fiscalía federal 1 de Bahía Blanca, a cargo del recusado Ulpiano Martínez, informó que "continúan los peritajes sobre libros y dispositivos", y que "compararán las modalidades de intervención policial en el procedimiento iniciado a Facundo por violación al aislamiento con otros similares". 

En tanto, la PROCUVIN analizó la ubicación de AVL de los móviles de Mayor Buratovich y Teniente Origone para contextualizar el recorrido que supuestamente habría realizado Facundo. Pero en ese mismo documento presentado a la fiscalía el titular de esa Procuraduría insistió en la realización de un "estudio técnico integral que incluya toda la información existente y, en especial, la pendiente de producción teléfonos de la totalidad de personal policial, víctima, testigos, AVL de la totalidad de móviles en la jurisdicción y las modulaciones de los mismos. A cien días de la desaparición, esa información clave aún no está en el expediente.