En el municipio de Joaquín Víctor González sigue la toma de terrenos públicos y privados. Javier Arias es el propietario que ya denunció la "usurpación" en la Fiscalía a cargo de María Celeste Pisacic. Hay un proceso de mediación iniciado que continuará la semana siguiente. 

Cinco hectáreas que pertenecen a la Provincia, donadas en 2017 por los Arias, serán sorteadas en el plan Mi Lote. Si bien el secretario de Tierra y Habitát de la provincia, Esteban Carral, estuvo en una audiencia de conciliación esta semana y dijo que ya estaban despejadas, hay gente que aún sigue en el asentamiento. Los vecinos y vecinas consideran que por sus bajos ingresos no serán tenidos en cuenta para los sorteos y por ello no se inscriben. Solo 189 personas de la ciudad se habrían inscripto, para el plan Mi Lote. El IPV informó que en toda la provincia hay 7 mil inscriptos. 

La vecina Johana Roldán explicó a Salta/12 que se encuentra en la toma con unas 160 familias al lado de la plaza del barrio Roberto Romero. Desconoce si estas tierras son privadas, de propiedad de la familia Arias, o si corresponden a las hectáreas donadas al gobierno provincial y que éste prevé entregar con el plan Mi Lote. "Algunos nos dijeron que son públicas, otros que son privadas. No sabemos bien. El lunes tenemos que ir a la Fiscalía. No queremos que nos regalen las tierras, sino llegar a un acuerdo del pago de los lotes con cuotas mínimas", sostuvo. 

Roldán relató que en su caso no tiene empleo formal, cobra la AUH por su hijo de 6 años, que cría sola, y se da vueltas para sobrevivir vendiendo masitas dulces los fines de semana. "La mayoría en la toma somos mujeres y madres", señaló. La situación de los hombres en el asentamiento también es de pobreza o indigencia "la mayoría son changarines, con la pandemia hay varios que no están trabajando", afirmó la vecina. La gente no toleró más el hacinamiento, "en una casa viven 3 o 4 familias", graficó.

Según precisó Roldán, hace un mes que están en el asentamiento pero la situación no se había visibilizado en los medios de comunicación hasta este fin de semana. Dijo que eran alrededor de 1.500 familias al principio y luego varias se fueron yendo por cansancio o por temor a la represión policial. La mujer señaló que quienes siguen ahí consideran que no tienen opciones. "La gente leyó los requisitos, no se quiere anotar en Mi Lote porque saben que no los van a considerar en los sorteos. No tenemos recibo de sueldo, ni soñando, todos trabajamos de manera informal. Con tres mil pesos que cobro de la AUH a mí no me van a dar un lote", expresó Roldán. "Gente como nosotros no podemos aspirar a un lote ahí", añadió. 

En el asentamiento, los vecinos y vecinas se resguardan en ranchitos de silobolsas que sostienen con palos. En la carpa de un vecino se prepara la comida diaria en una "olla comunal". "A veces no tenemos qué poner para la olla, no alcanza, hay muchos niños y niñas, así que comen ellos y los adultos tomamos mate", sostuvo Roldán.  

"Queremos un acuerdo para comprar las tierras y que las cuotas sean accesibles, no queremos que nos regalen. La mayoría somos gente de escasos recursos", insistió la vecina. Consultada respecto al precio de los terrenos privados en la zona, precisó que un lote sin servicios está a $250 mil, mientras uno mensurado con servicios ronda los 800 mil o 900 mil.

"Se lo ha llamado al intendente Juan Domingo Aguirre para que venga a conversar con nosotros y no ha querido venir. Algunos vecinos han logrado verlo, y les ha dicho que no tiene tierras para darles", dijo Roldán. Ya el Concejo Deliberante esta semana aprobó un proyecto de declaración solicitando a la Provincia que amplíe el cupo para los sorteos en Mi Lote y a la Cámara de Diputados, que plantee un proyecto de expropiación de tierras porque la demanda habitacional es grande en el municipio.

Roldán sostuvo que donde está asentada hay tierras que son habitables pero que ante la necesidad hay gente que se asentó cerca del basural. "Queremos que los Arias se sienten a conversar con nosotros y lleguemos a un acuerdo. Hay una denuncia. La Policía no nos dijo nada", aseveró.

El gobierno provincial aún no informó sobre la cantidad de tierra disponible ni el precio de los lotes, desde el Instituto Provincial de la Vivienda tampoco respondieron a las consultas que hizo Salta/12 al respecto. 

La fiscala García Pisasic informó que hay un proceso de mediación en marcha. El lunes habría una reunión entre la funcionaria y los vecinos y las vecinas. 

La inscripción virtual al plan Mi Lote se habilitó hace una semana. La mayoría de las solicitudes del interior provienen de los departamentos Orán, Anta y General Güemes. El gobierno prevé entregar entre 10 mil y 12 mil terrenos con servicios básicos hasta 2023. 

En los primeros días se inscribieron "7 mil familias salteñas para gestionar el trámite que les brindará la posibilidad de participar en los sorteos de adjudicación. Un 30% del total corresponde a solicitudes del interior de la provincia, donde se prevé entregar el 60% de los lotes. De Orán, Anta y General Güemes llegó la mayor cantidad", aseguró un parte de prensa del IPV.

Para el sorteo habría que esperar a que termine la cuarentena por la pandemia, aunque esta emergencia sanitaria fue uno de los motivos que esgrimió la gente que tomó tierras en asentamientos ya que el hacinamiento generó inconvenientes en los hogares donde debían convivir varias familias.