La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez a garantizar procesos de diálogo con todos los actores involucrados, en el marco de las manifestaciones que tomaron las calles esta semana contra la postergación de las elecciones.
La CIDH también solicitó al Estado boliviano a través de un comunicado que asegure “el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y velar, en todo momento, por la garantía de los derechos humanos de la población, particularmente, de las personas con Covid-19”. Los manifestantes exigen desde el lunes que las elecciones presidenciales se celebren el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como anunció el Tribunal Supremo Electoral.
El ex presidente Evo Morales, por su parte, celebró la decisión del organismo internacional: “Respaldamos plenamente a la CIDH, organismo independiente de la OEA, que llamó hoy al Estado a garantizar el diálogo con todos los actores involucrados en manifestaciones en Bolivia que protestan por la tercera postergación de las elecciones generales”.
Luego, expresó: “El diálogo ha sido siempre el mejor camino para solucionar conflictos en Bolivia, escuchando al otro, entendiendo sus razones y cediendo por el bien de todos para evitar enfrentamientos que solo traen luto y dolor. ¡Somos pueblos de paz y lo demostramos hace 14 años!”.
Desde el comienzo de la semana, comenzaron a desarrollarse múltiples manifestaciones por distintas organizaciones sociales en Bolivia en rechazo de la decisión del TSE. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó protestas y piquetes porque consideran que la postergación es un nuevo intento del gobierno de Áñez de seguir interfiriendo el sistema democrático.
En el contexto de las protestas se detuvo a 7 personas, incluyendo un adolescente, en tanto que muchas de ellas fueron reprimidas con gases lacrimógenos contra los manifestantes.
En ese contexto, la CIDH reiteró “la obligación del Estado de garantizar el derecho a la manifestación, a la vez que recuerda que el uso de la fuerza pública en el contexto de las protestas es un recurso último, caracterizado por la excepcionalidad, que debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, especialmente, cuando están involucradas personas mayores, niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido, también hizo un llamado al respeto del debido proceso y a las garantías judiciales de las personas detenidas.
En cuanto a los manifestantes que ejercieron hechos de violencia, la comisión recomendó que sean individualizadas, aunque recordó que “los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión pacífica; es decir, el actuar violento de algunas personas no habilita a que se declare el carácter no pacífico de una manifestación en su totalidad”.
Finalmente, la CIDH valoró los llamados al diálogo realizados por distintos sectores de la sociedad, a la vez que reconoció “la voluntad de las distintas autoridades del Estado para entablar procesos de diálogo con las personas manifestantes, incluyendo las reuniones de convocadas por el Tribunal Supremo Electoral y la labor de mediación desarrollada por la Defensoría del Pueblo”.
