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El cierre del canje de deuda privada sujeta a legislación extranjera constituye el mayor éxito político del presidente Alberto Fernández fuera de los conseguidos en la lucha contra la pandemia. Llega en un momento bisagra, el peor en materia sanitaria desde que comenzó la cuarentena.
Se despeja el escenario económico-financiero: se consiguen solvencia, alivio, gobernabilidad para los años inminentes, el corto plazo. El domicilio existencial de la gente común, pongalé.
El ministro de Economía Martín Guzmán, ninguneado y agredido por la derecha autóctona en yunta con los bonistas extranjeros, impuso su estrategia. A un desafío colosal le sucede otro, negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las tratativas, miradas desde el interés nacional, “tienen” que ser prolongadas. La correlación de fuerzas arranca adversa, hay que tramitar para mejorarla. Sin vencimientos de deuda con el organismo hasta mediados de 2021, sirve aprovechar ese lapso.
Desde su designación Guzmán afirmó que un acuerdo sustentable con los acreedores externos ayudaría a “tranquilizar” la economía, expresión que describe tanto su personalidad como uno de sus objetivos y herramientas. Lo enunciaba en diciembre, en un estadio pretérito del capitalismo global. Suena raro ahora. “Tranquilizar”, como casi todo, necesita resignificarse. Por lo pronto, exige sostener una magnitud de gasto social que, ni por asomo, estaba en los planes de Fernández-Guzmán. Inmenso, inédito, el mayor de las últimas décadas. Decisión racional, valiosa, imprescindible, faraónica si usted quiere aunque, ay, insuficiente.
El sino del presidente AF es minimizar daños o, puesto de otro modo, remarla para conseguir el mal menor en distintas esferas de gestión. Frente a la peste sus equipos económico y de Salud destacan como los mejores del Gabinete para pelear en desventaja.
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San Cayetano, desangelado: El 7 de agosto llovió con frío acentuando la soledad en las inmediaciones de San Cayetano. Se añoran las multitudes populares que resolvieron, inteligentes y solidarias, no amucharse el viernes ni el 24 de marzo,.
La celebración del santo funciona como registro de la realidad. Ojalá el año que viene se hayan recuperado las calles. Los fieles, simplificamos, concurren para agradecer que tienen laburo o para pedir ayuda. Duele suponer el escenario que vendrá pese a que lo mitigan políticas activas que se comentarán en esta columna.
Puestos a extrañar y a esbozar un homenaje, viene a cuento nombrar a Saúl Ubaldini. Líder sindical impar, luchador contra la dictadura, coherente en democracia. El más popular de los secretarios generales de la Confederación General de Trabajo (CGT) desde 1945 opina este cronista y acepta discusiones. Precursor porque abarcó en convocatoria, discurso y empatía a los trabajadores no afiliados a la Central Obrera. Barruntó que se ampliaban las fronteras de la clase que representó con dignidad y bravura. Es fácil imaginarlo congregando sindicatos, organizaciones sociales, informales, desocupados… Tienta compararlo con las actuales cúpulas cegetistas… deprime bastante.
“Peronistas somos todos”, ironizaba Juan Domingo Perón. Ubaldini encarnó la polifacética mejor tradición peronista. Las líneas maestras de la política laboral armonizan, en tono de época, con dichas vertientes. De nuevo, para defender el mal menor.
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Defender las fuentes: El oficialismo desplegó un abanico de medidas para preservar, en el estrecho margen de lo posible, las fuentes de trabajo y el empleo. Varias de esas movidas existen en otros países, incluso en magnitudes mayores. Acá se complementan con otras propias del sistema de relaciones laborales argentino. La doble indemnización, primero. La obligación de pagar sueldos a las empleadas de casas particulares que no trabajan por la pandemia. La prohibición de despedir sin causa o por fuerza mayor, luego. Reglas de la “rígida” legislación, acentuadas para minimizar la malaria.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), similar al de otras latitudes, se asienta sobre un sistema de protección social comparativamente muy expandido. Los ATP subsidiaron a miles de empresas para pagar parte de los sueldos de millones de trabajadores.
Acciones indiscutibles, tutelares. Suscita más polémica una válvula de escape: la autorización para suspender pagando como mínimo el 75 por ciento del sueldo, mediando acuerdo entre la patronal y los gremios. Se la cuestiona “por izquierda” o desde otras miradas nacional populares. El Gobierno la reivindica porque completa un combo, porque la reducción del 25 por ciento no rigió en todos los casos, porque hubo consenso. Quien firma esta nota comparte la finalidad pero cree que la instrumentación concedió demasiado a empresas poderosas que embolsaron ATP y se “sacrificaron” menos que sus empleados.
El combo atenuó la caída del trabajo registrado, que tocó fondo en abril. Repunta con constancia y lentitud. Un riguroso informe de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo aborda la “Síntesis de la situación del trabajo registrado”. Se recomienda la lectura íntegra, apreciando que el informe reconozca las dificultades materiales para relevar en este contexto.
El empleo asalariado registrado cayó un 2,5 por ciento entre febrero y mayo de 2020. Los términos internacionales de comparación son significativos. Quedan excluidos países hermanos con gigantesca informalidad como Perú y Bolivia.
En Estados Unidos los despidos sin indemnización funcionan como base del sistema, se paga seguro de desempleo. Se ajusta cesanteando: allí la caída llegó al 13,8 por ciento. En Chile, el vecino que mejor imita a los gringos, al 12,2 por ciento. En Brasil al 7,5 por ciento.
La registración de aportes funge de fuente para el informe: patronales, monotributistas autónomos, monotributistas sociales. Los números pueden incluir a personas o empresas que siguen activas pero que, asfixiadas por la crisis, dejan de cumplir con las obligaciones fiscales. Imposible cuantificar con precisión pero se trata de una minoría.
Cualquier estimación de desempleo en esta contingencia distorsionaría datos. Las mediciones no consideran desocupado a quien no busca trabajo: ahora hay cantidades enormes de gente que no puede salir porque se conjugan las prohibiciones sanitarias y la crueldad del mercado laboral.
En las carteras de Trabajo, Desarrollo Productivo y Economía observan un repunte en actividad y en contrataciones desde mayo, sostenido en junio y julio. Jamás valdrá para compensar el derrumbe económico anual. Las miradas más optimistas suponen que se recuperará una fracción. Muy condicionada a la evolución de contagios y muertes, agravados en las semanas recientes. Se enciende, demasiado rápido, una atávica señal de alarma. Ante un mínimo repunte económico, la inflación crece.
Se corrobora, para mal, un dato básico: la obediencia o desacato comunitarios derivan del consenso social, no de las sanciones. Se agravan (por motivos a veces comprensibles) tendencias al descuido, al individualismo, a la insolidaridad, a poner en riesgo la salud de terceros o la propia. La covid 19 no inventó una nueva sociedad, imposible esperar milagros.
Los gobernantes son desafiados a repasar tácticas, mensajes, modelos de comunicación que dieron sus frutos. Hay retrocesos aterradores como el sucedido en Jujuy. El gobernador Gerardo Morales alardeaba un par de meses atrás. Ahora pide auxilio, envuelto en una catástrofe. La Argentina es un país federal, no una confederación: la Nación tiene el deber de asistir a la provincia, lo mejor que se pueda.
Como nota al pie, consignemos que el federalismo argentino reaccionó de modo más articulado que el brasileño o el estadounidense. Más sincronización y acuerdos que enfrentamientos entre gobernadores y presidentes. Bien distinto a lo que sucede en los pagos de Jair Bolsonaro y Donald Trump. Otra clave para entender el menor número de muertes y contagios.
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Afirmarse sobre el piso: Puestos a sugerir lecturas, sumamos un artículo del periodista José Natanson en El Dipló, titulado “La distribución del virus” . El autor explica que “si bien el origen del COVID-19 es biológico, el modo en el que se propaga es social. Uno de los mayores éxitos de la gestión de la pandemia en Argentina es que evitó que las desigualdades sociales se reflejen mecánicamente en los números de contagios y muertos”. Repasa los motivos de estos resultados, provisorios desde ya. Los parafraseamos y reversionamos, al uso nostro. Inciden las políticas nacionales de coyuntura, el abordaje federalista dispuesto desde el Ministerio de Salud, el protagonismo de las organizaciones sociales que complementan (cuando no suplen) a los estados nacional o subnacionales.
El extendido piso de protección social vale como malla de protección. Un funcionario avezado de Trabajo, sin tener guarismos a mano, subraya un hecho casi desconocido. Las jubilaciones cuasi universales determinan que sean, proporcionalmente, pocos los adultos mayores indigentes y aún los que viven por debajo de la línea de pobreza. Condición robustecida por las medidas adoptadas por el PAMI en esta gestión. Para memoriosos: en 2001 y 2002 los jubilados solían ser sostén de hogares a la hora de parar la olla. Eran menos que en 2020, cobraban con atraso mensualidades ínfimas aún cotejadas con las magras mínimas actuales. En 2020 las personas mayores algo reciben regularmente lo que permite que se aíslen, pudiendo sobrevivir y conseguir medicamentos.
La distribución generacional suele plantearse en su dolorosa contracara: la atronadora masa de jóvenes pobres y sin ingresos. Panorama subrayado por el mapa del IFE.
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Un presente eterno: El IFE cuantificó desigualdades etarias, de género, regionales. Preexistían, se ahondaron y modificaron con el desbarranque de cuentapropistas de clase media, por ejemplo.
Las controversias respecto de nuevas políticas sociales siempre aportan… quizás sean prematuras o ajenas a las imposiciones del contexto. Quien firma esta columna piensa que el gobierno no está en condiciones de implementar medidas sofisticadas, innovaciones legislativas sino pulir “lo que hay”.
Ampliar la ayuda social es una prioridad pero como apuntó el economista Emmanuel Alvarez Agis en un reportaje publicado en Clarín: “el Estado tiene dificultades para identificar a quienes necesitan un ingreso”. Un funcionario de Economía suma un ejemplo interesante. En Gran Bretaña hay “créditos energéticos”, subsidios para grupos de personas comunes a los que esa necesidad consume una fracción elevada de sus ingresos (jubilados, por caso, sin agotar la lista). Imposible adoptarlo en la Argentina, por carencia de información confiable. Así las cosas, las transferencias “genéricas” conservan funcionalidad en nuestro suelo: el discreto encanto de lo posible.
Las sesenta medidas para la nueva normalidad en elaboración, pendientes de anuncio, reconocen dos tramos. La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, es su mejor divulgadora. Un primer estadio de impulso a la demanda, reapertura de actividades, fortificación de subsidios o créditos. Un plan nacional, dividido en regiones para más adelante. La pandemia, impredecible y cruel, impone el ritmo. Las regresiones en Europa advierten acerca de la precariedad de pronósticos y la frágil eficacia de las ilusiones prematuras.
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Una parábola para cerrar: Cerramos con un episodio de la vida real válido como parábola. El economista Carlos Rodríguez, un exponente de la ortodoxia derechosa nativa, tuiteó un alegato que tuvo sus días de fama. Textual: “Mi 1er día fuera del sanatorio lo pasé llenando papeles para la empleada doméstica en blanco que cobra pero no la dejan venir (ni trata tampoco). Ni bien saquen restricciones la despido con indemnización más rápido que un soplido. No quiero más domésticas con gobierno peronista”. Un alegato, a contrario sensu, favorable a las leyes protectorias dictadas primero por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego por Alberto Fernández.
Un autorretrato impecable de la clase dominante. Habrá sabiondos alegando que la suspensión de despidos solo los difiere en el tiempo. Podría ser pero en el ínterin hasta la empleada de casa particular en cuestión cobrará su sueldo. Y luego una indemnización. Sin el Estado mediando, habría quedado desvalida en diez minutos.
La nueva normalidad incentivará las desigualdades y explotaciones. Un porvenir alternativo es posible, acaso. Contra viento, peste y marea. El desafío político es construirlo.
