Dos de los diez agentes de la Guardia de Infantería de Tucumán acusados de torturar a 28 presos en la Comisaría de Famaillá fueron detenidos y otros cuatro pasaron a disponibilidad por los apremios ocurridos la semana pasada en esa dependencia. Sin embargo, a pesar de este avance en la investigación, los detenidos fueron virtualmente incomunicados y sus familiares denunciaron represalias durante los últimos días. Varios de ellos presentarán un hábeas corpus porque temen que los maltratos empeoren.
“Nos recortaron el horario para llevarles la comida y ya no nos pueden pasar los papelitos en que nos pedían ropa o cosas. Les sacaron el privilegio de tener un papel y una lapicera para decirnos lo que necesitan”, relató a Página/12 Camila Rodríguez, hermana de dos detenidos en la comisaría que volvió a poner sobre el tapete los abusos de la Policía tucumana.
Los hechos ocurrieron durante la noche del 30 y 31 de julio pasados, cuando una decena de agentes de Infantería realizó un asado en esa dependencia policial, tomaron bebidas con alcohol por de más, entraron a los calabozos comenzaron a golpear a los presos. A varios los “bailaron” en el patio y al que no podía más, lo desnudaban y echaban agua fría.
Tras una nota enviada al respecto por Abogados y Abogadas del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), el Comité Nacional de Prevención de la Tortura le envió un pedido de informes al Gobierno de Tucumán y le expresó su “preocupación” por el caso, según confirmaron a este diario fuentes de ese organismo nacional. La nota, que también llegó a la Fiscalía, debe ser respondida por Ministerio de Seguridad tucumano, que durante la semana se había comprometido a colaborar con la Justicia
Los peritajes y revisaciones médicas evidenciaron que hubo detenidos con muñecas rotas, el tabique nasal quebrado, lesiones musculares, rotura de ligamentos, marcas de esposas y moretones en varias partes del cuerpo. Algunos tendrían lesiones internas, como uno de los hermanos de Rodríguez que después de la golpiza comenzó a orinar sangre. “Los médicos nos dijeron que no es una infección urinaria sino que puede ser un vaso sanguíneo roto” y por este motivo le tendrán que hacer una ecografía y análisis el lunes próximo, contó Camila.
La primera medida que tomó la Justicia fue detener a dos agentes involucrados. El pedido fue hecho por la fiscal Mónica García de Targa. El jueves por la tarde, policías de la Brigada Oeste se presentaron en la Comisaría de Famaillá y detuvieron a los acusados en momentos en que prestaban servicio de guardia.
El Juzgado de Monteros ordenó, además, el allanamiento de sus viviendas y el secuestro de sus teléfonos celulares, que serán peritados. Ambos quedaron alojados en la División de Bomberos de la Unidad Regional Sur, que tiene asiento en la ciudad de Concepción.
Sin embargo, no está claro qué ocurrirá con los demás miembros de la Guardia de Infantería. Fueron alrededor de diez. Cuatro de ellos fueron pasados a disponibilidad y el resto sigue en funciones. Es más, Carolina Espinoza, abogada de ocho detenidos en Famaillá, confirmó a este diario que aún no se realizó la rueda de reconocimientos para determinar quienes estuvieron aquella noche del asado, los brindis y el “baile” a los presos.
Luego de que los tormentos salieran a la luz y que los dos agentes fueran detenidos, comenzaron los aprietes. En la comisaría se les ríen cuando van a hacer consultas y se les informo a los familiares que deberán cumplir a rajatabla los horarios de 12 a 13 y de 20 a 21 para llevar alimentos. Antes se toleraba una impuntualidad. Ya no. Hubo un caso de una mujer que viajó desde Monteros y que llegó a las 13:05 y no se le recibió la comida para su familiar alojado en esa dependencia.
También se les prohibió el envío de mensajes en papeles abiertos escritos por los detenidos. Solían pedirles ropa para cambiarse, elementos de aseo o algún CD con película para ver en la TV que los policías administran. “Antes, con los papelitos sabíamos cómo estaban ahí adentro, pero ahora les sacaron ese beneficio. Varios estamos angustiados y yo tengo la sospecha de que les siguen pegando”, admitió Rodríguez.
Por este motivo, ella y otros familiares presentarán un hábeas corpus, de modo tal que se garantice la integridad de quienes siguen alojados y denunciaron las torturas. Camila reconoció que “hay familiares que tienen miedo” porque “están notando que por todo lo que hemos hecho les han quitado los privilegios hasta de pasarle una botella de jugo”.
De momento, lo que esperan es que la policía no les recorten el beneficio que tenían de poder comunicarse por videollamada con los detenidos. Esta actividad sólo era permitida los domingos, debido a que las restricciones sanitarias por el coronavirus prohíben las visitas personales. Camila recordó que antes de todas las nuevas restricciones uno de sus hermanos le hizo una pregunta: “¿Vos sabés que después de esto viene la revancha de ellos, no?” Ella le respondió que sí, pero que había que seguir visibilizando el caso.
