Junto a sus preocupaciones por los asuntos institucionales, la vicepresidenta Cristina Kirchner no pierde de vista los planes para la recuperación económica en la pospandemia. Ya se reunió con dirigentes vinculados a la producción agropecuaria que trabajan en un interesante propuesta a diez años para generar más divisas y sumar valor agregado a la producción y también sigue de cerca las iniciativas que manejan los movimientos sociales para transformar los planes en trabajo para el sector de la economía popular. Cerca del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirman que la vicepresidenta siempre tuvo una mirada similar a la que ellos manejan para la reactivación, de no perpetuar los planes asistenciales y convertirlos en proyectos productivos.

El encuentro de Cristina Kirchner con la conducción del flamante Consejo Agroindustrial generó algo de ruido en las entidades del campo más tradicionales, a las que les gusta considerarse la vereda de enfrente de la vicepresidenta. "Fue una reunión muy cordial. Nos sorprendió el conocimiento que ella tenía de nuestro proyecto", comentó luego el presidente de la Bolsa de Cereales, José Carlos Martins, quien fue a la reunión junto a los titulares de las Cámaras de Empresas Avícolas y de la Industria Aceitera. El plan que Cristina había estudiado prevé que entre 2020 y 2030 se pueden generar 210 mil empleos directos en el interior del país y 700 mil en el total de la economía, y lograr 100 mil millones de dólares anuales de exportación a través de la producción agroindustrial. 

La vicepresidenta los felicitó por la propuesta y le pareció bien que se aprobara a través de una ley nacional, como busca el Consejo Agroindustrial. Lo único que les pidió fue que también se tuviera en cuenta al mercado interno y que no provocara un aumento en el precio de los alimentos. Los empresarios agropecuarios le acercaron el proyecto esta semana también al presidente Alberto Fernández en Olivos.

Cristina Kirchner mantuvo además encuentros con dirigentes de los movimientos sociales, preocupada por la continuidad de las políticas públicas mientras dura la pandemia pero también en el post, principalmente por la reconfiguración del sistema económico. "El capitalismo mostró ser el sistema más efectivo, por eso va a seguir. Ahora lo que queda por resolver es quién continuará dirigiendo ese sistema, si el Estado o el mercado", planteó en una de esas conversaciones que mantuvo en su despacho. Entre quienes recibió estuvieron los dirigentes de Barrios de Pie encabezados por Daniel Menéndez, quien ocupa la subsecretaría de la Economía Social en el Ministerio de Desarrollo. 

Esta semana, junto al ministro Daniel Arroyo, estuvieron lanzando algunos propuestas englobadas en el programa Potenciar Trabajo, por el que las personas pueden optar por finalizar sus estudios, realizar una capacitación sociolaboral o incluirse en alguna línea productiva a cambio de 8.500 pesos mensuales, la mitad de un salario mínimo. "Apuntamos a crear 300 mil puestos de trabajo en los próximos meses con una inversión de 20 mil millones de pesos", explicaban en Desarrollo. Menéndez le detalló a la vicepresidenta el plan de su subsecretaría Obras más Trabajo, que apunta a generar empleo en los barrios populares refaccionando centros comunitarios o el espacio público. 

La idea que manejan, que la vicepresidenta comparte, es que el IFE no podrá seguir mucho más tiempo. De esas 9 millones de personas que lo perciben muchas podrán reinsertarse en el mercado laboral, pero quedarán millones que no lo harán. La idea de una renta universal perdió terreno dentro del Ejecutivo. Ahora se habla de un ingreso de base, un piso a percibir pero que deberá estar asociado a alguna tarea, ya sea de trabajo o de capacitación. Cristina les dijo que debía considerarse algo así como un "trabajo mínimo garantizado" y que el trabajo debía tomar el rol de dinamizador de la economía de la pospandemia, en donde el Estado tiene que asumir un papel preponderante. Algo que llamó la atención a sus interlocutores es que vieron a la vicepresidenta mucho más empapada en los temas de gestión de lo que imaginaban y sin ninguna fisura respecto a la línea que marca Alberto Fernández.

También conversó con tres dirigentas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que orienta Juan Grabois. El lunes, Grabois presentará su propuesta -que finalmente se denominará "Plan de Desarrollo Humano Integral"-, apodada como "Plan Marshall criollo", que propone la generación de cuatro millones de puestos de trabajo mediante un programa descentralizado de obras públicas realizados por organizaciones sociales, iglesia y ONG en coordinación con sindicatos y municipios. Habrá que esperar a mañana para conocer los detalles de la iniciativa, pero el plan que Grabois le llevó dos meses atrás al Presidente establecía el pago de un salario de 10 mil pesos por 60 horas de trabajo mensual a cada trabajador de la economía popular, que pasaría a estar sindicalizado, bancarizado y con obra social. El consenso entre todas las ideas, hay otras dando vueltas, es que los planes tienen que transformarse en empleo y producción, y que la vicepresidenta está en las propulsoras de la idea.