Avanza en Argentina la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia durante el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales. El pasado miércoles la Cámara Federal de Córdoba aceptó como “amicus curiae” a Nora Cortiñas y una serie de organizaciones de Derechos Humanos. Esteban Rafael Ortiz, abogado de la querella que encabeza el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos , destacó el acompañamiento de la sociedad civil al proceso legal. “La experiencia Argentina nos enseñó lo importante que es accionar judicialmente de manera inmediata. No es lo mismo juzgar a alguien dentro de 30 años que hacerlo ahora”, sostuvo el letrado en diálogo con Página/12.
"No hay posibilidad de justicia en Bolivia"
La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación. Avalados en esta normativa es que el Comité de Solidaridad presentó en noviembre , en la ciudad de Córdoba, una querella contra el actual gobierno de facto. El miércoles pasado, además de Nora Cortiñas, fueron admitidas como “amigos” del Tribunal la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, y la Asociación Civil de Derecho Popular. Ortiz resaltó la importancia de este proceso legal ante la persecución política y judicial que existe en el país andino. “No hay posibilidad de Justicia en Bolivia. No dejan denunciar los delitos y le inventan causas a los damnificados. Por detrás del Poder Judicial hay todo un aparato para aterrorizar y amedrentar a las víctimas. Por eso es importante que esta causa avance hasta lograr la comparecencia, sino la detención, de los acusados”, señaló el abogado.
La denuncia presentada por el Comité señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la presidenta auproclamada Jeanine Áñez, los ministros a cargo de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo ; Justicia, Alvaro Coibra; Defensa, Fernando López , y los ahora exministros de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y Comunicación, Roxana Lizárraga. También los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho , el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policia Boliviana, Vladimir Calderón, y su actual reemplazo, Rodolfo Calderón.
La acusación sostiene que todos ellos participaron en la planificación y ejecución del golpe de Estado que derrocó a Morales y su vice Álvaro García Linera. “Practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio”, sostiene la denuncia. Además señala que antes, durante y después del Golpe se persiguió a miembros del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS). “Para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio, saqueos de viviendas y lugares públicos, secuestro de familiares y coacción afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala”, puede leerse en la causa judicial.
El abogado de la querella resaltó el enorme trabajo realizado por diversas organizaciones argentinas y bolivianas para recolectar el material probatorio. “Por ejemplo la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó en noviembre del año pasado. También esperamos el informe de la Delegación Plurinacional Feminista que estuvo en marzo de este año en Bolivia para seguir recabando testimonios”, indicó Ortiz. A su vez también desetacó el aporte hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que catalogó como "masacres " la violenta represión llevada a cabo el gobierno de facto en Senkata y Sacaba . Ambos episodios dejaron como saldo 15 muertos y más de cien heridos.
El periplo judicial
Originalmente existieron tres denuncias en la justicia argentina contra los delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia. La primera fue formulada por miembros de la comunidad boliviana ante el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Servini de Cubría. El fiscal Guillermo Marijuan inmediatamente pidió la desestimación de la causa aduciendo "imposibilidad para proceder". La magistrada dio lugar al pedido del fiscal y rechazó la presentación.
La segunda fue llevada adelante en CABA por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante el juez Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi. Ante la similitud con la causa iniciada en Córdoba (la tercera), el juez pidió su unificación. Ahora el proceso legal avanza en el Tribunal Federal de Córdoba a cargo del Juez Alejandro Sánchez Freytes. Basándose en el pedido de Marijuan el Fiscal Federal Nº2 Gustavo Vidal Lascano también había pedido su desestimación. “Lascano argumentó que ya se estaba investigando en Bolivia y a nivel internacional pero no aportó ningún dato para probarlo. Por lo que Freyre no hizo lugar a su pedido. El fiscal apeló y ahora esperamos la resolución de la Cámara Federal Sala B”, explicó Ortiz. En este contexto es que se presentaron los organismos de DDHH como “amicus curiae” ante la Cámara Federal.
Pueblos hermanados
En paralelo continúa la persecución a los miembros del MAS. En noviembre pasado siete exfuncionarios bolivianos había solicitado asilo a la embajada de México a raíz del Golpe. Transcurridos más de nueve meses todavía continúan encerrados en la sede diplomática. No pueden dejar el país por la negativa del gobierno de facto a otorgarles los salvoconductos correspondientes, vulnerando los principios fundamentales del derecho de asilo consagrados internacionalmente. A su vez también los familiares del periodista y colaborador de Página/12 Sebastián Moro piden que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a su muerte. La denuncia presentada por el Comité dedica un apartado al amedrentamiento que hubo hacia la prensa durante el Golpe. “Diseñaron la persecución, la censura, el ataque de medios como Bolivia TV y la radioemisora Radio Patria Nueva, Abia Yala TV, a consecuencia de lo cual algunos periodistas locales fueron objeto de vejaciones públicas atándoselos en árboles como le ocurrió a José Aramayo de Prensa Rural”, señala la querella.
Ortiz destaca que la Justicia argentina pueda interceder ante este tipo de delitos tal como ya lo hizo con los crímenes del franquismo o el genocidio armenio. “Es importante que esta acción se lleve adelante hoy y ahora, con todas las pruebas y las víctimas queriendo atestiguar. Estamos ante una sociedad movilizada junto al pueblo boliviano y ellos con nosotros, todos juntos como un corazón hermanado”, expresó Ortiz.
