Durante estos meses de covid-19, crisis humanitaria, confinamiento y nueva normalidad se ensayaron distintas soluciones, pero ninguna funcionó: el virus no se debilitó con el paso del tiempo y de las estaciones del año, las terapias específicas no lograron estandarizarse, y la inmunidad “de rebaño” es inalcanzable sin un sacrificio de vidas irreparable. Del conjunto inicial de soluciones, solo la vacuna queda en pie. Se la espera ansiosamente para que entre en escena y ponga punto final a la pandemia. Pero si bien las vacunas contra el Sars-Cov-2 han aparecido en nuestro horizonte cercano ¿cabe esperar que resuelvan de inmediato la dinámica social de alarmas, riesgos y peligros que caracterizó a la pandemia hasta ahora? Para responder la cuestión hay tres elementos a observar: los proyectos, las organizaciones y el tiempo.

Hablar de vacuna en singular es impreciso, ya que no hay una única candidata, sino una variedad de ellas. Corresponde hablar de vacunas, en plural. Y es en ese plural donde reside el problema. Hasta el 24 de julio, la OMS reconocía 166 proyectos de vacuna contra el Sars-Cov-2. El número es impactante al igual que la diversidad de enfoques y tecnologías adoptados: vacunas con vectores replicativos (CanSino) y no replicativos (AstraZeneca), de virus inactivado (Sinopharm, Sinovac), de ARNm (Moderna, BioNTech), de ARN (VacEquity), de ADN (Inovio, AnGes), de subunidad-proteína recombinante (Clover/Dynavax) y de pseudopartículas virales recombinantes (Novavax).

La diversidad de proyectos redundará en una oferta de vacunas con características muy distintas en materia de protección, duración, seguridad, costos, cantidad de dosis y disponibilidad. Este escenario de oferta diversa y creciente exigirá la toma de decisiones institucionales. Toda la presión caerá de manera directa sobre la selección de los criterios sanitarios, políticos, económicos y jurídicos que motivarán y pretenderán legitimar las decisiones. La presión intensificará la controversia y la disputa entre cada una de las racionalidades (sanitaria, política, económica, jurídica) que componen la escena, de manera que la evaluación de riesgos y peligros así como la selección e incertidumbre de la información jugarán un rol clave en la dirección del proceso social y en el curso que adoptará.

Merece atención el hecho de que ninguna de las posibles vacunas surge ni se desarrolla de la nada, sino que cada una de ellos supone una organización que la impulsa y  promueve mediante planes, estrategias y acciones concretos. En este caso, los conocimientos de investigación básica y biotecnológica, la inversión en ensayos clínicos y la escala de producción y distribución impiden que una organización sea capaz de ejecutar un plan por sí misma, e imponen para hacerlo la formación de consorcios (públicos, privados o mixtos). Al observar la composición de los planes que impulsan los distintos proyectos, se aprecia que la cantidad y calidad de jugadores es heterogénea y potencialmente explosiva. La competencia entre proyectos-consorcios es encarnizada con acusaciones cruzadas de espionaje, hackeo y sabotajes dentro de un contexto multilateral cargado de tensiones. En este sentido, la toma de decisiones en torno a las vacunas sucederá en un escenario hipercompetitivo e institucionalmente desintegrado, donde incluso los criterios más “humanitarios” deberán ser justificados en términos económicos, sanitarios y geopolíticos.

En febrero, la OMS informó que las vacunas estarían disponibles en 18/24 meses. En junio, sin embargo, corrigió la estimación y anunció que llegarían en los primeros meses de 2021. En las últimas semanas, algunos consorcios declararon que sus vacunas estarán listas antes de fin de año. Se trata efectivamente de una carrera vacunológica, donde la competencia ofició de acelerador para el acortamiento de plazos. Pero la competencia no solo comprime o expande el tiempo, también lo convierte en un factor de presión sobre la toma de decisiones. Si las empresas y las personas presionan ansiosamente contra las medidas de confinamiento, ¿podemos desconocer que esa presión recrudecerá el día que la humanidad disponga de la primera vacuna contra el coronavirus? El factor tiempo presiona con firmeza la dinámica social mientras se espera a las vacunas, pero recién mostrará toda su fuerza cuando se disponga de ellas, por tanto es prudente asumir que se profundizarán las tensiones sociales que la pandemia ha creado en la sociedad.

Por todo lo dicho, cabe esperar que las vacunas resuelvan cuanto menos parcialmente el aspecto epidemiológico inmediato de la crisis sanitaria, pero no pondrán ningún punto final a la dinámica social de la pandemia, ya que la presión sobre las decisiones en torno a ellas recién alcanzará su pico cuando los consorcios obtengan las licencias para sus vacunas y las pongan a disposición. Por tanto, es importante observar lo que ocurre en esta fase pre-vacunas y colaborar con la generación anticipada de recursos de cautela, reflexión y control público, pues las decisiones sobre las vacunas tendrán repercusiones en el perfil post-pandémico de la sociedad.

Hay dos aspectos a atender para ello: el juicio de los especialistas y la información pública. Los especialistas en vacunología asumen que la primera vacuna no será la mejor, siendo probable que la mejor y más segura no llegue pronto. Ese juicio debe ser ponderado por encima de aquellos que son lanzados desde otras especialidades como, por ejemplo, desde la ciencia económica. En cuanto a la información pública, conviene tener presente que los diversos consorcios cuentan con estrategias de comunicación institucional, por tanto la disputa entre ellos se librará también en la opinión pública. Los medios de comunicación masiva jugarán un papel preponderante en esa coyuntura y será crucial contar con medios capaces de procesar críticamente la masa de comunicados y de poner en conocimiento de la población información sopesada, científicamente revisada, sobre ventajas, desventajas y consecuencias de las distintas opciones y decisiones posibles. Así ayudarán a la población a superar la enfermedad, pero también colaborarán con la construcción colectiva de la supervivencia como bien público.

* Sergio Pignuoli Ocampo es investigador adjunto del Conicet y docente regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.